La Asamblea Nacional pretende modificar la Ley 1 de febrero de 2015, que declara el “área protegida el Refugio de Vida Silvestre Sitio Ramsar el Humedal Bahía de Panamá”, mediante el proyecto de ley 1107 presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) del circuito 3-1 (Colón), Mariano López, para realizar cambios en los artículos 4 y 17 para permitir la pesca industrial “responsable” en el área.
López, en el artículo 4 del anteproyecto, introduce la definición de pesca responsable como: “Aquella debidamente regulada y certificada internacionalmente, que cuenta con un plan de manejo basado en datos científicos, establece mecanismos de control de cuotas, cantidad de licencias y vigilancia, y se actualiza con regularidad. Evita la sobreexplotación, minimiza la pesca incidental, prohíbe métodos destructivos, monitorea los efectos sobre las especies objetivo y se ejecuta en coordinación con el Estado, promoviendo el desarrollo sostenible en el país”.
El cambio en el artículo 4 está de la mano con el artículo 17, que busca incluir la pesca con certificación internacional de pesca responsable, debidamente autorizada por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) en coordinación con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, mientras que la ley actual solo permite la pesca artesanal o de subsistencia.

El tema fue discutido el pasado 19 de marzo en una subcomisión de la Comisión de Ambiente, Desarrollo y Población de la Asamblea Nacional con representantes de Miambiente, organizaciones ambientales, entre otros.
Aquí puede leer el proyecto de ley 1107:
Ambentalistas rechazan el proyecto
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), considera que la Asamblea Nacional avanza rápidamente hacia la aprobación del proyecto de ley 1107 para permitir la pesca industrial en esta zona marina.
Sostuvo que el diputado proponente afirmó que la iniciativa no sería aprobada en primer debate a menos que se logre un consenso entre todos los actores.
No obstante, organizaciones ambientales como CIAM, Adopta Bosque, Fundación para la Protección del Mar (Promar), entre otras, están solicitando a los diputados no aprobar en primer debate este proyecto, ya que consideran que afectaría directamente los ecosistemas que ameritaron la designación de humedal de importancia internacional.
Durante la reunión en la subcomisión de Ambiente, Población y Desarrollo, Joana Ábrego, abogada del CIAM, indicó que los cambios a la ley generarán más presión humana sobre los humedales de la bahía de Panamá.
De hecho, recordó que esta área ya es impactada por los proyectos urbanísticos, la contaminación por plástico y otras actividades.
Mientras que Jorge Jaén, jefe del Departamento de Ordenamiento de Espacios de Costas y Mares de Miambiente, manifestó que es propicio trabajar en conjunto para lograr un consenso que permita que la actividad pesquera se realice con todos los acuerdos.
Los motivos del proyecto
El proponente del proyecto plantea en la exposición de motivos del proyecto de ley que la pesquería de pequeños pelágicos en la costa Pacífica de Panamá, que incluye las anchovetas, sardinas y arenques, ha sido una actividad arraigada desde finales de la década de 1950, cuando estas eran utilizadas inicialmente como carnada en la pesca de atún. Sin embargo, a partir de la década de 1960, adquirieron importancia en la producción de harina y aceite de pescado.
El diputado colonense reconoce que el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, establecido por la Ley 1 de febrero de 2015, prohíbe actualmente toda forma de pesca en el área marina, excepto la artesanal. Sin embargo, dice que esta restricción se debe a que la disposición se creó antes de que existieran en Panamá actividades pesqueras certificadas por organismos vinculados al Código de Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que las hace compatibles con la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional.
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Además, plantea que la Convención Ramsar no prohíbe actividades de pesca de altura ni de gran altura. Exige que la pesca que se realiza en los sitios declarados y en todo el Estado sea responsable, motivando el desarrollo sostenible. Este es el caso de la pesca de pequeños pelágicos en el humedal de la bahía de Panamá, única pesquería panameña certificada a nivel internacional por ser responsable y aportar, mediante un programa de monitoreo continuo, en tiempo y espacio, los datos que comprueban que mantiene su estatus de sostenibilidad.
López indica que toda la flota industrial que se dedique a la pesca de anchovetas, arenques y sardina, cuenta de manera obligatoria con un sistema satelital, sistema de monitoreo de embarcaciones, que permite a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), al Ministerio de Ambiente y al Servicio Aeronaval de Panamá conocer, en tiempo real, la ubicación de cada embarcación, facilitando la supervisión, fiscalización, control e historial del esfuerzo pesquero sujeto a este proyecto de ley.
En los próximos días se debe entregar un informe a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo sobre todas las opiniones y aportes dados en la reunión de subcomisión del pasado 19 de marzo, para seguir con los trámites correspondientes, informó la Asamblea Nacional, a través de un comunicado.
El Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá es una reserva natural, cuyo potencial ecológico fue exaltado por la Convención Ramsar en 2003, al declararla sitio Ramsar de importancia internacional.
El humedal bahía de Panamá abarca 85 mil 664 hectáreas, de las que 39 mil 703 corresponden a superficie terrestre, mientras que 45 mil 960 integran la superficie marina de la bahía.
La creación del área protegida fue elevada a rango de ley hace nueve años, por ser una zona de importancia para aves, sitio Ramsar y refugio de vida silvestre costera y marina.
De hecho, la Ley 1 de 2015 establecía la creación de un plan de manejo que protegiera este sitio, pero, a la fecha, no se ha logrado y tampoco cuenta con guardaparques, equipos e instalaciones para la conservación del sitio, acotó Ramos.
Este plan de manejo debió estar listo hace seis años, según la Ley 1, que creó el área protegida, pues en su artículo 12 establecía que dicha herramienta ambiental debía desarrollarse en un plazo no mayor de dos años, es decir, en 2017.
La falta del plan de manejo en la zona no es de extrañar, puesto que el informe titulado “Los principales problemas ambientales de Panamá”, elaborado por el equipo técnico de la Dirección de Política Ambiental de Miambiente en 2022, señala que la mayoría de las 120 áreas protegidas del país carece de un plan de manejo, convirtiéndose en una debilidad para la gestión efectiva y eficiente de las zonas.