La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) cumple este 4 de abril un mes desde que suspendió sus actividades médicas y humanitarias en el tapón de Darién, la peligrosa frontera natural entre Colombia y Panamá usada a diario por cientos de migrantes en su camino hacia Norteamérica, por “orden” del Gobierno panameño ante la falta de un “convenio vigente”.
“La organización médico-humanitaria se vio obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién por orden de las autoridades panameñas, que alegan que actualmente MSF no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud”, indica un comunicado de la organización. No obstante, MSF planteó que desde octubre de 2023 ha intentado la renovación de dicho convenio.
Reiteramos que el convenio de colaboración entre Panamá y la organización Médicos Sin Fronteras culminó el 31 de diciembre del 2023. Actualmente, se trabaja con otros organismos internacionales en Darién.
— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) March 8, 2024
La decisión del Minsa surgió unos días después de que la organización médica denunciara a finales de febrero un incremento en las violaciones sexuales y en la “brutalidad” que sufren muchos migrantes en la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.
Además, en una semana de febrero, MSF atendió a 113 personas que sufrieron agresiones sexuales, incluidas nueve menores de edad. “Esta cifra se acerca a los 120 casos atendidos en todo enero, destacando que durante el pasado año se atendieron por esta causa 676 casos”.
🔴 #DARIÉN
— Médicos Sin Fronteras (@MSF_Colombia) March 7, 2024
Nos vimos obligados a suspender nuestras actividades médicas en el Darién por disposición de las autoridades de #Panamá.
Nos preocupan las consecuencias que pueda traer a la población migrante. Necesitamos retomar con urgencia nuestro trabajo.https://t.co/Zmn43ijpqh
Delitos y omisión: informes
De hecho, el manejo humanitario de Panamá hacia los migrantes en el Darién ya había quedado en entredicho en un documento de 18 páginas con fecha del 9 de diciembre de 2022, enviado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, y un equipo de expertos planteó una serie de cuestionamientos sobre el manejo que se le brinda a la crisis humanitaria en la provincia de Darién.
El informe indicaba que los migrantes que atraviesan el tapón de Darién no solo se enfrentan a abusos sexuales durante el trayecto por la selva; también los sufren en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) del Gobierno de Panamá por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
Además, un reciente informe de Human Rights Watch vuelve a exponer la angustia y la crueldad que acechan a los miles de migrantes en su travesía diaria a través del tapón de Darién. Hay crímenes e impunidad.
Los hallazgos de Human Rights Watch dan cuenta de que en Colombia y Panamá, las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva y rápida.
Desapariciones, torturas y violencia sexual en el #Darién
— DW Español (@dw_espanol) December 31, 2023
Las políticas migratorias de EE.UU. dejan a los migrantes en manos de grupos criminales como el Clan del Golfo. Es el análisis de @JuanitaGoe de HRW sobre #DDHH en 2023.
Entrevista completa: https://t.co/FzyJLkz8kj pic.twitter.com/h8l4uPXsnW
Según Human Rights Watch, en algunos casos concretos, las fuerzas de seguridad panameñas parecen haber cometido abusos contra migrantes y solicitantes de asilo. En este punto específico, consideran que los obstáculos para denunciar los delitos y la ausencia de mecanismos de supervisión crean un entorno propicio para la impunidad de abusos de las fuerzas de seguridad, incluida la violencia sexual.
De hecho, manifiestan que estos delitos en el Darién, incluyendo casos recurrentes de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados, y que la rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal para estos casos y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas.
Lea también: Human Rights Watch denuncia crímenes contra migrantes; señala a carteles y fuerza pública
La organización de derechos humanos se refirió a varios casos puntuales documentados en Darién. Por ejemplo, mencionaron que la Defensoría del Pueblo informó a Human Rights Watch sobre dos incidentes relacionados con abusos cometidos por oficiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en las estaciones receptoras de migrantes de esa provincia. En un caso, precisan que los agentes del Senafront rociaron con gas pimienta a una persona en los ojos y luego le negaron asistencia médica.
En otro, los oficiales supuestamente maltrataron a un hombre que intervino para defender a un haitiano, al que la autoridad estaba maltratando verbalmente. Human Rights Watch señala que los trabajadores humanitarios denunciaron otros incidentes similares.
