Más de 800 mil estudiantes en Panamá continuarán sin clases por una huelga docente, ariete de las protestas masivas y bloqueos de vías contra el alto costo de la vida y la corrupción que se registran desde hace semanas, pese al inicio de un diálogo con el Gobierno para solventar la crisis.
La suspensión de clases a nivel nacional decretada el pasado 6 julio por la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) se levantará cuando el Gobierno de Laurentino Cortizo “demuestre que quiere resolver los problemas” de la educación, dijo este viernes a EFE el secretario general de esa organización, Fernando Ábrego.
Ábrego es uno de los líderes gremiales que participan en la mesa única de diálogo instalada el jueves en la provincia de Coclé, luego de que tres iniciativas anteriores impulsadas por el Gobierno fracasaron entre acusaciones de gremios y sindicatos de que se intentaba dividir y debilitar al movimiento social.
“Iniciar un diálogo no implica una respuesta a las demandas populares, menos conociendo al Gobierno y todas sus estratagemas anteriormente”, afirmó el secretario de Asoprof, al sustentar la decisión de no llamar aún a un retorno a las aulas.
Es así que ayer viernes volvieron a amanecer cerradas las escuelas públicas de Panamá, que según datos del Ministerio de Educación (Meduca) son alrededor de 3 mil, con más de 840 mil alumnos inscritos en el año lectivo 2022-2023 que comenzó en marzo pasado.
“Queremos volver a las aulas sabiendo que va a aparecer en el presupuesto general del Estado el 6 % del producto interno bruto [PIB] para la educación”, que es la exigencia de los gremios en la mesa, afirmó Ábrego, que insistió en su denuncia de que las escuelas no están dotadas con lo necesario para impartir enseñanza.
Esta huelga tiene lugar apenas meses después de reiniciadas las clases presenciales tras dos años de educación a distancia debido a la pandemia de la covid-19, una situación que hizo retroceder de manera importante la calidad de los aprendizajes en un sistema educativo ya de por sí deficiente, según organizaciones internacionales y locales.
Ayer continuaban los bloqueos en la carretera Interamericana, que cruza el país y lo une con Centroamérica, que han causado escasez de alimentos en los centros urbanos y obligado a miles de trabajadores a caminar a pie por autopistas y pagar doble pasaje para llegar a sus centros de trabajos y hogares.
Tanto el presidente Cortizo como los empresarios y productores han pedido el levantamiento inmediato de todos los bloqueos, que están generando millones de dólares en pérdidas.
Algunos de estos tranques fueron levantados el jueves, lo que permitió la llegada de más de 150 camiones al principal mercado de abastos de la Ciudad de Panamá, lo que alivió el desabastecimiento de frutas, verduras y legumbres, como afirmó este viernes a la televisión local el administrador de Merca Panamá, Kevin Vigil.
“Queremos que vuelva la paz con justicia social”, dijo Ábrego, que recalcó que “los cierres (de calles) son de las mismas comunidades que se han organizado por la situación de pobreza” que las abate.
Cuando las grandes cadenas de supermercados o los pequeños abastos están abastecidos “son pocas las familias que pueden comprar” todos los alimentos de la cesta básica, porque Panamá “es delos países más desiguales” del mundo, aseguró.
Es por ello, agregó Ábrego, que los gremios y sindicatos han planteado en la mesa única de diálogo que se reduzca “en 30% el costo de la canasta básica, actualmente de 1,600 dólares”, y que esta “sea ampliada y más saludable”.
La rebaja y congelación de los precios de la canasta básica es el primer punto que se discute en mesa de una agenda de 8 que incluyen la rebaja y congelamiento del precio del combustible, los medicamentos y la electricidad; el aumento del presupuesto educativo, y la corrupción y transparencia.
El Gobierno ya rebajó y congeló el combustible en 3,25 dólares el galón (3.78 litros) –el precio comercial supera los 5 dólares para la gasolina de 95 octanos– “el más bajo por lejos” en Centroamérica, destacó el jueves el presidente Cortizo.
El Ejecutivo también congeló el precio de 10 alimentos básicos y anunció una reducción del 10% del gasto público, pero todas estas medidas fueron tildadas como “insuficientes” por los gremios.
