A punto de que entre en vigencia el Decreto Ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022, que fijó descuentos de 30% en el precio de 170 medicinas, propietarios de medianas y pequeñas farmacias no llegan a un acuerdo con autoridades del Ministerio de Salud, sobre esta medida.
Mientras el Gobierno insiste en que el decreto entre en vigencia mañana lunes, como estaba previsto, la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) está solicitando su derogación o puesta en “pausa”.
Ambas partes estuvieron reunidas viernes y sábado, pero no hubo consenso.
Orlando Pérez, presidente de Unprofa, dijo que el Gobierno debe buscar la verdadera génesis de los altos precios de las medicinas, ya que las farmacias no tienen elevados márgenes de ganancias.
Las negociaciones continuarán hoy, según el Minsa.
‘Este decreto nos castiga’: propietarios de farmacias
No ha sido una semana fácil para la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) —que aglutina 450 establecimientos medianos y pequeños— tras la publicación del Decreto Ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022, que fijó descuentos de 30% en el precio de 170 medicinas, a partir del lunes 15 de agosto.
Orlando Pérez, presidente de Unprofa, ha tenido una agenda apretada, entre el viernes 12 y el sábado 13 de agosto, que contempló reuniones con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y personal del Ministerio de Salud (Minsa).
El viernes, luego de horas de conversaciones, no lograron acuerdo alguno sobre su principal petición: derogar el decreto ejecutivo o que lo “pongan en pausa”, para que todos los actores —llámese farmacéuticas, distribuidores y farmacias— busquen una solución al conflicto.
“Nosotros no ganamos grandes porcentajes de dinero y ellos [el Gobierno] deben buscar la verdadera génesis del problema. Esto lo resuelven las grandes farmacéuticas que producen los medicamentos junto a los grandes distribuidores, pero nosotros no tenemos márgenes de ganancia para cubrir los descuentos impuestos por las autoridades. Este decreto nos castiga”, concluyó el dirigente de los pequeños dueños de farmacias.
Este sábado, Pérez se reunió nuevamente con autoridades del Minsa, con el fin de buscar una salida al problema. De no alcanzar acuerdos, cerrarán sus puertas a partir de mañana lunes, cuando entra en vigencia el Decreto Ejecutivo 17.
La experiencia
Este medio consultó a un propietario de una pequeña farmacia de Brisas del Golf, quien cuestionó la medida que adoptó el Gobierno, sin pensar en las consecuencias que traería para ese tipo de negocios.
El pequeño comerciante, quien prefirió omitir su nombre, planteó un ejemplo: “ese 30% de descuento que quieren aplicarle a ciertos medicamentos... Es como si yo te dijera a tí que un producto cualquiera me cuesta un dólar y yo le agrego el margen para nosotros, que es el 35%, queda en $1.35. Si le resto lo que el gobierno me dice [30% de descuento], queda en 95 centavos. Y si es un jubilado, hay que hacer un descuento del 30% y luego un descuento del 20%, así que quedaría en 76 centavos el producto que me costó un dólar”.
En ese contexto, subrayó que lo que va a causar esto es que muchas farmacias no puedan dar el descuento o van a tener que subir los precios, y quedarían en lo mismo.
En su caso, detalló que tiene casi 10 años de operar y nunca había visto algo así. También reflexionó sobre las posibles soluciones. “Es cierto que en Panamá los medicamentos son más caros comparados con la región, pero eso habría que investigarlo con los fabricantes: por qué un producto que venden más barato a otro país, a Panamá le cuesta más caro”, señaló y catalogó a las farmacias como el “eslabón más débil” de la industria de las medicinas.
Los fabricantes
La Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), además de informar esta semana que contribuirán con un 15% de descuento sobre el precio de facturación a los distribuidores en lo concerniente al Decreto Ejecutivo 17, también dejó una serie de sugerencias para el debate existente.
Fedefarma recomendó a corto plazo la presentación y aprobación de una ley de compras públicas que agilice el proceso de licitación, apelación y compra de medicamentos e insumos médicos para la Caja de Seguro Social, el Minsa y patronatos. Dicha ley, plantean, debe promover compras basadas en mejor valor, además de modelos de entrada gestionada, que permitan a las instituciones y al paciente obtener los mejores beneficios en salud.
También exhortó a potenciar el Observatorio de Precios de Medicamentos de Acodeco y ampliar el portafolio de medicamentos para que el paciente cuente con la información que requiere para tomar su decisión de compra.
Para los fabricantes de medicamentos, debe existir una apertura al diálogo con el sector privado para derribar las barreras que alejan la inversión y alcanzar así el objetivo país de ser un hub farmacéutico, que contempla actividades de distribución, logística, investigación biomédica y manufactura local.
“Esta apertura al diálogo, por medio del establecimiento de una mesa multisectorial: fabricantes, distribuidores, farmacias, Estado, etc”, manifestaron.
Mientras que, a largo plazo, propusieron la optimización de todos los procesos relacionados con la cadena logística de abastecimiento, a fin de identificar los nudos críticos y buscarles solución, así como implementar el uso de un software de inventario de almacenes y unidades ejecutoras, que muestre sus datos en tiempo real y permita estimar y planificar la demanda real. Eso permitiría tener un proceso estandarizado y control adecuado de la planeación sobre medicinas.
Otros actores
Si bien esa es la posición de los fabricantes, los distribuidores solicitaron más tiempo al Gobierno, ya que necesitan establecer “negociaciones individuales” con cada uno de sus laboratorios proveedores, para responder a las interrogantes de las farmacias referentes a la implementación de la medida de descuento.
Roger Barés, presidente del Comité de Protección y Defensa del Paciente, señaló que están de acuerdo con estos descuentos de forma temporal, pero también recordó que este problema que se ha generado es porque tanto la Caja de Seguro Social como el Ministerio de Salud no suministran los medicamentos a sus usuarios. “Este es el gran problema”, puntualizó el activista. “Estamos de acuerdo que se rebajen los medicamentos por un tiempo. Esto no pasara si las entidades tuvieran los medicamentos en sus farmacias”, concluyó.
Al cierre de esta edición, tanto propietarios de farmacias como autoridades del Minsa acordaron reunirse hoy, para seguir evaluando el Decreto Ejecutivo 17.
