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Red católica ambientalista rechaza contrato con minera y pide a Asamblea no aprobarlo

Red católica ambientalista rechaza contrato con minera y pide a Asamblea no aprobarlo
Minera Panamá.

En medio de la campaña de divulgación que el Gobierno, a través de sus autoridades, mantiene sobre el contenido del contrato acordado con Minera Panamá, poco a poco sectores empiezan a expresar su postura y cuál debe ser el final de ese documento.

La más reciente postura fue expresada por la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), que forma parte de la Pastoral Social- Cáritas.

A través de un largo y detallado comunicado, y luego de analizar el documento, Remam pide no avalarlo porque el mismo entra en contradicciones con la legislación ambiental y constitucional del país.

De acuerdo con la organización católica, la minería metálica no es sostenible en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá. Esto está avalado por muchos estudios internacionales y nacionales.

Acota que el área total de uso y servidumbre para la mina, es de 17,780.38 hectáreas, incluyendo la instalación de manejo de relaves está en medio del Corredor Biológico Mesoamericano y el Área Protegida de Donoso, lo que contradice el ordenamiento legal del país.

Además critica las desmedidas ventajas que el contrato ofrece a la empresa, como adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado o de propiedad privada sin límite, dentro o fuera de la concesión.

“El Estado se compromete igualmente a expropiar las tierras que sean necesarias para ampliar la concesión, aunque la minera pague compensación”, acota, lo que no se puede permitir.

Tampoco está de acuerdo con las ventajas laborales que se ofrecen a la empresa dueña de la concesión, como estar por encima de las normas del Código de Trabajo, “poniendo en condición especial o posibilitando condiciones inferiores de trabajo y remuneración en el área de la minera en contraste con el resto del país”.

Sobre los beneficios económicos que recibirá el país, Remam expone que el pago de los 375 millones de dólares convenidos como Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es muy relativo, porque se puede disminuir por múltiples razones, como la baja del precio del cobre en el mercado. Tal garantía no es real, expresa.

Por lo anterior, Remam hizo un llamado al Órgano Legislativo a no aprobar un contrato que lesiona gravemente la soberanía y el futuro del país, pero también “la casa común”, que es el planeta.

Citan, por ello, frase del papa Francisco en el sentido de que: “La protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.

De igual manera extienden un llamado a los cristiano, universidades, organizaciones ambientales y otros para que propongan un cierre escalonado de la explotación minera, dentro de plazos razonables que no violenten esquemas y convenios internacionales.

“Invitamos a todos los ciudadanos de este país a “crear una “ciudadanía ecológica” que nos lleve a comportamientos que tengan incidencia en el cuidado del ambiente…”, manifiesta la red.


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