La organización Jóvenes Unidos por la Educación exige al Ministerio de Educación (Meduca) la revisión y reconsideración del Decreto Ejecutivo No. 144, emitido el 4 de diciembre de 2024, que introduce reformas al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE). Las reformas propuestas han generado gran preocupación debido a su impacto en las comunidades más vulnerables del país.
Entre las principales demandas de la organización, destaca el restablecimiento de la asignación de 100 dólares por estudiante en los 300 corregimientos más pobres y de 150 dólares para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estos recursos, que han sido vitales para garantizar el funcionamiento de las escuelas en áreas de alta vulnerabilidad, se verían recortados si se implementan las reformas, lo que afectaría gravemente a las escuelas en comunidades empobrecidas.
En un comunicado de prensa, Jóvenes Unidos por la Educación destacó la urgencia de implementar de manera efectiva el Sistema Integral de Mejoramiento de la Educación, así como la necesidad de avanzar en la descentralización educativa.
Asimismo, pidieron desburocratizar el FECE para agilizar la gestión de los recursos en los centros educativos, permitiendo que las escuelas puedan cubrir necesidades básicas como mantenimiento, alimentación e infraestructura. Esta demanda responde a la creciente preocupación por la falta de servicios esenciales, como baños funcionales y la reparación de infraestructuras, que afectan la calidad de vida y el aprendizaje de los estudiantes.
La organización advirtió que los recortes previstos limitarán gravemente la capacidad de las escuelas para cubrir estas necesidades esenciales, lo que impactará directamente en la calidad educativa y podría contribuir al abandono escolar, particularmente en las comunidades más empobrecidas.
Además, la reforma contraviene lo establecido en el artículo 18 de la Ley No. 47 de 1946, Orgánica de Educación, que determina que las políticas educativas deben basarse en diagnósticos de la realidad y garantizar una transformación integral del sistema educativo.
Equidad e igualdad no es lo mismo
La socióloga Rubiela Sánchez explicó que “la igualdad no es lo mismo que la equidad”. Según Sánchez, la igualdad busca igualar las condiciones sin tener en cuenta las diferencias de contexto, mientras que la equidad se enfoca en alcanzar una justicia verdadera, teniendo en cuenta las circunstancias de cada grupo. En este sentido, advirtió que “sin políticas equitativas, se están promoviendo las desigualdades”.
El panorama es preocupante. Según Unicef, uno de cada seis niños menores de cinco años en Panamá sufre de desnutrición crónica, una cifra que se multiplica por 2.5 en las comarcas indígenas. En estas regiones, el 23% de los niños carece de agua potable y el 17% no tiene acceso a un adecuado saneamiento.
Además, la Defensoría del Pueblo ha informado que el 91% de las escuelas panameñas presentan infraestructura inadecuada y carecen de servicios básicos, lo que agrava aún más las desigualdades educativas en el país.
Consultada recientemente por La Prensa sobre el tema del FECE, la ministra de Educación, Lucy Molinar, se limitó a declarar: “no hay absolutamente nada. Ese titular es la cosa más increíble”. Se refería a la noticia “El Meduca reforma el FECE y reduce los recursos para las escuelas más pobres” publicada por este diario el 11 de diciembre pasado.
Ante la creciente preocupación por los recortes al FECE y la precaria situación de muchas escuelas, el Frente de Acción Magisterial ha convocado una concentración en la sede del Meduca para el 26 de diciembre de 2024.
Durante esta manifestación, se exigirán la defensa del 7% destinado a la educación, la asignación justa de los fondos del FECE, el pago de la deuda pendiente a los docentes, entre otras demandas que buscan asegurar la mejora de las condiciones educativas en Panamá.
La organización Jóvenes Unidos por la Educación reafirma su llamado a la revisión urgente del Decreto Ejecutivo No. 144 y subraya que el futuro de la educación en Panamá depende de una distribución equitativa de los recursos y de una transformación integral del sistema educativo que beneficie a todos los estudiantes, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.