Relleno en Amador requiere permiso de compatibilidad: ACP

Dos entidades públicas emitieron esta semana su criterio sobre el polémico relleno de 50 hectáreas que se quiere desarrollar en la calzada de Amador, corregimiento de Ancón.

Esta propuesta de desarrollo urbano cuenta con un estudio de impacto ambiental, el cual está en fase de evaluación por parte del Ministerio de Ambiente (Miambiente). De hecho, como parte de ese proceso, ya se han pronunciado dos entidades, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud, pero ninguna presentó objeción.

No obstante, este jueves lo hizo la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas, que señaló que, pese a ser la entidad pública encargada de la custodia y desarrollo de las áreas revertidas, deberían ser parte integral de la evaluación del relleno, pero esto no ha sido así.

“A la fecha, nosotros no hemos recibido copia ni información detallada de en qué consiste el proyecto”, aseguró el director de la UABR, Fernando Paniagua.

Ayer, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) también respondió interrogantes de este medio respecto a cuál es su posición sobre el desarrollo de este relleno en la calzada de Amador.

Magnolia Calderón, vicepresidenta encargada de Administración del Recurso Hídrico del Canal de Panamá, subrayó que después de verificar las coordenadas suministradas en el estudio de impacto ambiental categoría III, detectaron que, aunque el proyecto se encuentra fuera de los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, hay una parte que está dentro de los límites identificados como de “compatibilidad” con la operación de la vía acuática.

“Por lo que los responsables deberán tramitar este permiso antes de continuar con el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez el promotor del proyecto haya presentado documentación para tramitar el permiso de compatibilidad, se procederá a su evaluación para emitir criterio al respecto”, acotó.

En palabras de Calderón, esa fue la respuesta que proporcionaron a Miambiente el pasado 18 de abril, como parte del proceso de evaluación ambiental, en el que varias entidades son consultadas para que emitan sus comentarios al respecto.

Variables a evaluar

La vicepresidenta encargada de Administración del Recurso Hídrico de la ACP detalló que el área de compatibilidad es aquella destinada al funcionamiento, protección, modernización o ampliación del Canal y a otros usos de suelo compatibles con esas funciones, que se identifican en la Ley 19 de 1997 y la Ley 21 de 1997.

Agregó que para efecto de considerar la compatibilidad de un proyecto, se tomarán en cuenta posibles impactos en la administración, operación, mantenimiento, proyectos de modernización, conservación y protección del Canal. También se analizará la afectación del tránsito de los buques por el Canal, de sus operaciones marítimas y de las instalaciones bajo la responsabilidad de la ACP, incluyendo infraestructura soterrada y aérea.

Por último, se tomará en cuenta el mantenimiento de la calidad del agua y del ambiente en el área de compatibilidad a evaluar.

Otras dudas

Además de los comentarios emitidos por la ACP, ayer fueron publicados en la página web de Miambiente los señalamiento de la Dirección de Política Ambiental de ese ministerio, como parte de la evaluación del estudio.

En una nota del 12 de abril, Eustorgio Jaén, director encargado de Política Ambiental, hizo saber que el análisis costo-beneficio de este proyecto fue desarrollado de “manera incompleta”.

Ante este escenario, dicha dirección recomienda estimar el valor monetario de impactos positivos y negativos que pueda ocasionar el relleno en la zona de Amador, como lo son la alteración de la calidad del aire y del agua, el aumento de los niveles de ruido, sedimentación, erosión y cambio en la morfología costera, así como el incremento en el tráfico vehicular, la generación de molestias en la población y el incremento en la economía local y regional.

Para Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Miambiente no ha manejado con seriedad este tema, ya que no sólo admitió el estudio, sino que lo reenvió a otras instituciones como el MOP o el Minsa, que guardan un “silencio cómplice” e “irresponsable” al sostener que no tienen objeciones, cuando su deber es advertir las ilegalidades que conlleva el mismo.

“Este desarrollo es inconstitucional. Sumado a ello, daría luz verde a otras ilegalidades amparadas en la figura de la desafectación que lesionarían el patrimonio nacional, el paisaje y el ambiente, por lo que consideramos que no debe realizarse”, concluyó la activista.

Según el estudio ambiental, este proyecto se denominará Desarrollo Marítimo Amador y el promotor es L.G.S. Panama Tourism Development, S.A. Aunque el desarrollo supone 50 hectáreas de relleno en el mar, su área de influencia directa es de 156 hectáreas.