La Ley No 289 de 2022, que busca promover la convivencia sin violencia en las instituciones educativas en el país, fue promulgada en Gaceta Oficial el pasado 24 de marzo, luego de ser sancionada por el presidente Laurentino Cortizo.
La ley tiene como objetivo establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar y erradicar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico entre los estudiantes, de forma reiterada durante un tiempo determinado en el aula de clases, así como mediante las redes sociales u otro sistema informático electrónico.
El documento indica que se debe capacitar por lo menos a un profesional de la educación como especialista en acoso escolar en cada institución educativa del país, para que se encargue de la prevención y tratamiento de los casos de acoso escolar y violencia entre los alumnos.
Además, el Ministerio de Educación (Meduca) debe capacitar a miembros del personal docente para que estén encargados de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar y violencia entre estudiantes.
En el caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo, este será el encargado de gestionar todo lo relativo al tema, especifica el documento.
La realidad es que 1 de cada 5 menores de edad enfrenta una batalla con la depresión y la ansiedad, mientras que el 20% sufre de acoso escolar o bullying.
Así lo manifestó recientemente Susana De León, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, y fundadora y directora ejecutiva The Bridge Center de Panamá, durante el conversatorio virtual Salud mental, bullying y regreso a clases, del circuito de charlas que La Prensa ofrece en exclusiva para sus suscriptores.
De hecho, una investigación realizada por científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas Estudios de la Salud (Icges) sobre la prevalencia de la depresión y tipos de maltrato en estudiantes de VIII grado, correspondiente a 2016, encontró que el 19.7% de la población estudiantil de Panamá sufre de este tipo de maltrato o acoso escolar y el 11.6% de depresión.
