En enero de 2015, Panamá celebraba que se había elevado a rango de ley la declaratoria de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. De ese modo, se fortalecía la protección de un ecosistema vital para la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Hoy, siete años después, la reserva ecológica está siendo amenazada por la deforestación, incendios forestales y asentamientos informales que se toman específicamente el área de sus playas.
De lo anterior da cuenta un informe del Ministerio de Ambiente de junio de 2021 al que tuvo acceso este medio, sobre una inspección que llevó a cabo la Dirección Regional de Panamá Este de esa entidad en el área conocida como playa San José, corregimiento de Pacora.
Durante el recorrido, los funcionarios del ministerio observaron a personas marcando lotes, cercándolos y construyendo. Las personas quemaban y extraían varas de mangle para construir y cercar predios.
También se encontraron con áreas de cultivo de piña, yuca y guandú, así como terrenos con letreros que decían “propiedad privada”, a pesar de que las áreas protegidas no pueden ser tituladas.
No obstante, uno de los aspectos que más les llamó la atención a los inspectores es que el sitio ya tenía el nombre de “Paraíso La Victoria Beach Club Artesanal” y contaba con el viejo logo de la Autoridad Nacional del Ambiente, el cual fue puesto sin la autorización del Ministerio de Ambiente. Es decir, los invasores del lugar saben que se tomaron una reserva ecológica.
Según el documento del Ministerio de Ambiente se calculó que el área invadida dentro de la bahía de Panamá es de 18.4 hectáreas aproximadamente y al momento de la elaboración del informe se llegaron a contar 60 estructuras, entre ranchos, una casa de cemento, otras de tabla y otros predios solamente demarcados.
Los inspectores dejaron una conclusión final: “el área invadida bordeando la playa va en expansión”.
Las denuncias
Luego que el Ministerio de Ambiente realizó dos inspecciones en 2021 y no ocurrió nada, el abogado ambiental Harley Mitchell hijo presentó este año una denuncia administrativa en esa entidad, con el fin de que se tomaran acciones al respecto, ya que luego podría ser más perjudicial para esta extensa área protegida.
En su denuncia, Mitchell subraya que si bien se ha podido observar toda una serie de hechos y actividades que contravienen totalmente lo que dice la normativa, y que son asuntos de interés y fiscalización del Ministerio de Ambiente, aún no se ha efectuado ninguna acción relacionada con medidas que impidan el avance de estas personas que siguen invadiendo la reserva ecológica.
“De la misma forma, advertimos que después del último informe realizado por el personal, la situación hoy día podría ser mucho peor”, concluye el escrito del abogado, que fue dirigido al ministro de Ambiente, Milciades Concepción.
Dicha denuncia fue presentada en abril de 2022, no obstante, de acuerdo con Mitchell hasta el momento no hay novedades sobre qué medidas se tomaron contra este asentamiento informal. Eso lo llevó a que este lunes 27 de junio presentara una denuncia penal en el Ministerio Público por delitos contra los recursos naturales.
En palabras del denunciante la “inacción” del Ministerio de Ambiente en este tema lo obligó a tomar esta medida. “Si esto se dilata más el problema ambiental será más serio a futuro en esta valiosa área protegida del país”, puntualizó.
En su denuncia, el abogado enumera las prohibiciones que indica la Ley de 2 de febrero de 2015, que crea el área protegida, como son la tala, extracción de vegetación, la entrada de nuevos ocupantes y el depósito de desechos sólidos y líquidos.
Se consultó al Ministerio de Ambiente y a través de su director de Áreas Protegidas y Biodiversidad, José Victoria, indicó que realizaron una inspección en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la zona del asentamiento informal. “El caso está siendo evaluado en estos momentos a nivel administrativo y se va a solicitar a través de un juez de paz el desalojo”, detalló Victoria.
El funcionario dijo que el Ministerio de Ambiente adoptará las acciones pertinentes con las autoridades que correspondan en este caso.
La anarquía
A pesar de los señalamientos de Victoria, el daño ecológico en el humedal bahía de Panamá, específicamente entre Pacora y Chimán, parece no tener control y las autoridades se han visto superadas por lo menos en los últimos dos gobiernos.
De hecho, La Prensa denunció en junio de 2015, es decir pocos meses después que fuera creada el área protegida, que por día ingresaban entre 20 y 25 camiones para extraer arena de forma ilegal de la reserva ecológica.
Este medio pudo constatar que los camiones posteriormente comercializaban la arena en concreteras, ferreterías y casas particulares, donde entregan el material. Una vez completaban el proceso volvían al área protegida. Cada viaje con arena representaba entre 300 y 500 dólares, dependiendo de la distancia.
Por otra parte, la semana pasada el Ministerio de Ambiente informó que instalará un puesto de control en el distrito de Chimán, provincia de Panamá, para supervisar el área protegida humedal bahía de Panamá. El plan de la entidad ambiental es atender a pescadores para ordenar su labor en las aguas vecinas del Golfo de San Miguel y, al mismo tiempo, evitar la tala indiscriminada en los bosques existentes allí.
Sin embargo, para ambientalistas como Mitchell se requerirá más que eso para proteger esta importante reserva ecológica del país.
