Pacientes intoxicados: ‘Nos sentimos abandonados’

Los pacientes que consumieron jarabes contaminados con dietilenglicol en la Caja de Seguro Social (CSS) durante el año 2006 denuncian que no reciben una atención integral, como se les prometió luego del envenenamiento y la falta de medicinas.

De hecho, para estas personas fue creado en el año 2011 el Centro Especial de Toxicología, cuyo objetivo principal es “brindar una salud integral y personalizada a los pacientes expuestos al tóxico dietilenglicol y mejorarles la calidad de vida”.

También se debía suministrar el tratamiento en forma adecuada, los medicamentos que requieren y todos los exámenes adicionales a mil 339 personas afectadas por la sustancia mortal, censados en todo el país e identificados como positivos.

No obstante, Isaías Sánchez, una de las víctimas del envenenamiento masivo, subraya que este Centro de Toxicología no está cumpliendo con los objetivos para los que fue creado.

“Allí se debe brindar una atención integral, pero no hay médicos especialistas. Cuando uno asiste solo hay medicina general”, acotó.

Sánchez menciona que antes de asistir a ese sitio a buscar unos cuantos medicamentos, mejor se dirige a la Policlínica J.J. Vallarino que está más cerca de su casa.

Por ejemplo, menciona que la mayoría de los afectados presentan problemas renales y en el sistema nervioso, por lo que requieren de una atención especializada. “Ni siquiera hay toxicólogos. Nos sentimos abandonados”, puntualiza sobre la instalación que está bajo el paraguas de la CSS en Santa Ana.

Sobre este tema, el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida -grupo que vela por estas personas- ha demandado la adecuación del centro para que cumpla con su verdadera función.

Gabriel Pascual, presidente del Comité, señaló que en esa instalación hay limitantes en cuanto al recurso humano y financiero para la atención de estas personas. “Nosotros le hemos planteado a las autoridades nuestras necesidades. Hay carencias de especialistas para darle seguimiento a las víctimas no solo en la ciudad de Panamá, sino también en el interior, donde igualmente hay afectados”, dijo.

De acuerdo con Pascual, si la CSS envía médicos especialistas al interior del país, seguramente tendrían más acceso directo al servicio.

A raíz de este tema, representantes del Comité sostendrán una reunión el próximo 12 de octubre, con funcionarios de esa entidad.

FALTA DE MEDICINAS

Otra de las víctimas, Javier Castillo, manifiesta que su vida no es la misma desde 2006, debido a que su salud se deteriora y su pensión se va toda en las medicinas que debería encontrar de forma gratuita en la CSS.

Castillo explica que les prometieron medicamentos, pero cuando acude a buscarlos para enfrentar sus padecimientos renales y neurológicos, no hay. “Llegan cada seis meses y nuestra salud no puede esperar, por lo que tengo que acudir a las farmacias privadas”, aportó.

El desabastecimiento de fármacos es el principal problema que afronta en estos momentos la CSS. De eso se han hecho eco organizaciones de pacientes este año, que incluso han marchado a la Presidencia de la República a solicitar que se agilice la adquisición de estos productos farmacéuticos.Frente a eso, la CSS efectuó el pasado jueves 29 septiembre un procedimiento excepcional para la compra directa de medicamentos e insumos por $24 millones.

En ese momento, Jessica Rodríguez, directora de Compras de la CSS, explicó que la institución programó la recepción de propuestas de cotizaciones para la compra de medicamentos de 137 renglones que fueron aprobados por la junta directiva, por ser urgente. Esa compra tuvo un valor de $13 millones. Ese día también se recibieron propuestas para la compra de insumos de 129 renglones, por $11.2 millones en la CSS.

Los pacientes perjudicados por el envenenamiento masivo esperan que con estas compras directas de medicina se solucione la escasez que pone en riesgo sus vidas. “No tengo medicinas para controlar mi dolor”, sostiene Castillo, quien señala que es triste ver cómo cada mes pierde la vida una de las víctimas que dieron positivo en el 2006.

“Aquí no murieron animales, sino personas. Este fue el envenenamiento masivo con dietilenglicol más grave de la historia reciente y no se nos trata como debe ser”, concluyó el hombre.

CSS PIDE TRANQUILIDAD

El director de la CSS, Estivenson Girón, señaló que luego de 10 años de una tragedia como esta deben centrarse en garantizar los controles de calidad, dentro de la entidad de seguridad social.

Girón, quien tiene dos años en el cargo, reconoce que dentro de la institución se han reportado otras tragedias que deben llevar a la reflexión. “Estaremos vigilantes para dar fiel cumplimiento a los controles existentes. Hay que ser lo más estrictos en cuanto al tema de los protocolos”, indicó.Sobre las deficiencias en el Centro Especializado de Toxicología que debe brindar atención a los intoxicados, Girón consideró que mantienen comunicación “abierta” con las víctimas.

Planteó que también crearon oficinas regionales para atención a pacientes en el interior de la república. “En la medida de las posibilidades brindaremos las respuestas pertinentes a los afectados”, puntualizó.

Pidió tranquilidad a las víctimas del dietilenglicol. “Tengan la plena seguridad de que esta administración hará todo lo posible para que reciban el trato, la atención y medicamentos que requieren y puedan convivir bien”, aportó.

En tanto, Julio Osorio, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), llamó la atención en el sentido de que luego de esta tragedia no se ha aprendido mucho como Estado.

Por ejemplo, sostuvo que los controles de bioseguridad continúan siendo deficientes en todas las entidades estatales. “Eso es un punto que debe llevarnos a analizar cómo estamos después de 10 años en este tema”, acotó.

Por otra parte, argumentó que debe hacerse justicia con las víctimas, pues no hubo sanciones ejemplares contra los involucrados en el envenenamiento de centenares de personas en el país. “Los gestores de esta desgracia están libres”, se lamenta.

Por último, planteó que cada año se le quitan facultades al Ministerio de Salud para que ejerza su papel de fiscalizador en el tema de los controles de productos fármacos y de alimentos. Esta entidad debe ser el rector y garante de la Salud”, concluyó el dirigente médico.

Ahora mismo, las autoridades evalúan una posible reforma a la ley de los medicamentos. Las víctimas del dietilenglicol esperan dos cosas: más controles en las medicinas que ingresan al país, y que termine el eterno desabastecimiento.