El año 2023 cerró su primera mitad y a la apartada provincia de Darién siguen llegando, a diario, miles de migrantes. De hecho, supera el mismo período del año anterior en un 289%.
Los informes del Servicio Nacional de Migración precisan que entre enero y junio de 2023 arribaron a esta provincia 192 mil 261 caminantes, mientras que durante el mismo periodo de 2022 lo hicieron 49 mil 452.
Los venezolanos, haitianos y ecuatorianos son quienes principalmente están ingresando a la selva, desde Colombia, para llegar a Panamá. Este año ingresaron al país a través de Darién 97 mil 963 venezolanos, lo que representa el 51% del total de migrantes.
Para el obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, el drama humanitario es “complejo”, ya que este año es notoria la llegada de más viajeros a la provincia. “Hay una afluencia muy grande y es oportuno prepararnos. La situación sobrepasa nuestras capacidades y hay que seguir mejorando”, manifestó.
Lo que está sucediendo en Darién con el tema migratorio fue advertido el año pasado por organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Defensoría del Pueblo.
Análisis
En palabras de Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, todo indica que la expiración del Título 42 y la entrada en vigencia del Título 8 el pasado 11 de mayo (como parte de la política migratoria de Estados Unidos) no ha persuadido de forma sustancial a los migrantes para que no usen la ruta de Darién.
Como se recordará, el Título 8 tiene décadas de vigencia y según esta normativa, los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente.
Según el Departamento de Estado, se incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de ingresar en forma irregular.
Con respecto a las personas que cruzan hacia Estados Unidos en la frontera sudoeste, sin autorización o sin haber utilizado una vía lícita y sin haber concertado una cita específica para presentarse en un puerto de ingreso, dicho país presumirá que no son elegibles para el asilo conforme a la reglamentación que comienza a regir.
En ese contexto, el defensor del Pueblo indica que quizás bajaron algunos días las estadísticas, pero la caravana de migrantes mantiene su ritmo en esta zona selvática.
“Hay que trabajar mucho y entender qué puede estar pasando y no solo Panamá, sino Naciones Unidas y los países de origen. En términos de migración, tenemos que pedir más apoyo a los países de destino, tránsito y origen”, puntualizó.
También resaltó que todos deben sentarse, para determinar una ruta “más humana” que afecte lo menos posible la vida de las personas y el medio ambiente, puesto que se está contaminando el Parque Nacional Darién.
En una entrevista con este medio, la directora de Migración, Samira Gozaine, subrayó que la mayor parte de estos migrantes ingresan a la selva engañados y que son presa fácil del crimen organizado como el Cartel del Golfo.
“Hay que seguir con las gestiones diplomáticas, porque se trata de un tema regional. Por ejemplo, Brasil y Chile tienen políticas de cielo abierto y permiten que todos los migrantes lleguen. Ellos deben manejar mejor este tema, porque afecta a los demás países. Pero lo más importante es que los organismos internacionales deben entender que el concepto de movilidad humana no aplica, ya que aquí no hay nada humanitario y le estamos haciendo un favor al Clan del Golfo, en el tráfico de migrantes”, dijo la funcionaria.
Deportaciones
El pasado 16 de junio, inspectores y supervisores del Servicio Nacional de Migración deportaron a 12 colombianos con casos pendientes en su país de origen. Estas personas intentaron ingresar por el flujo migratorio en Darién, sin embargo, a través del sistema biométrico fueron detectados.
La subdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Saravia, señaló que arrestaron a uno de los colombianos y se le condenó a 50 meses por femicidio a su arribo a Colombia.
“Este movimiento de personas en la selva del Darién, es aprovechado por criminales que ponen a las personas vulnerables en riesgo y a los panameños y extranjeros en general”, acotó.
Entre deportaciones y expulsiones en los días transcurridos del 2023, la cifra ya alcanza 270 personas, entre las que predominan los nacionales de Colombia, Venezuela y Nicaragua.
