La problemática relacionada con los títulos de propiedad otorgados en zonas inundables dentro del humedal de Matusaragatí, ubicado en la provincia de Darién, el más extenso del país, con 56 mil 250 hectáreas, se ha convertido en una situación crítica que requiere una solución inmediata. Esta cuestión no solo afecta la legalidad de los terrenos involucrados, sino que también pone en riesgo la conservación ambiental del área.
De acuerdo con las normativas panameñas, la titulación de terrenos dentro de zonas protegidas o de alto riesgo, como los humedales, está prohibida. Sin embargo, la otorgación de títulos en estas áreas ha generado un conflicto entre las políticas de conservación y los intereses de desarrollo privado. Por ello, es imperativo delimitar de manera clara las zonas no titulables para evitar futuras controversias y garantizar la protección ambiental.
Así lo explicó Indra Candanedo, investigadora del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit-AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), quien detalló a La Prensa que se han titulado alrededor de 6 mil hectáreas de zonas inundables en el Matusaragatí.
“Este proceso de convertir tierras públicas en privadas abre la puerta a su transformación para usos que responden a una lógica productiva tradicional, sin comprender que estos humedales naturales proporcionan importantes servicios ambientales, tanto para la población como para la biodiversidad única del Darién”, manifestó Candanedo.
Destacó que, desde hace más de siete años, una porción significativa de estos humedales está legalmente protegida. Por lo tanto, aunque existan títulos de propiedad, deben cumplirse normativas específicas que rigen esta zona especial.
La investigadora, quien junto a su equipo de la UTP ha realizado varios estudios en el humedal, subrayó que la zona enfrenta múltiples desafíos que los hacen especialmente vulnerables, similar a lo que ocurre en El Pantanal en Brasil.
Entre las razones institucionales se encuentran la emisión inadecuada de títulos y la limitada capacidad para vigilar e implementar las normas ambientales en el terreno. Además, existe una contradicción entre las políticas del estado: mientras el Ministerio de Ambiente (Miambiente) ha declarado parte de la zona inundable como área protegida, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) incentiva la expansión de cultivos de arroz dentro de esta zona protegida y facilita la introducción de búfalos, una especie exótica.
A juicio de Candanedo, esta falta de coherencia refleja una incomprensión del costo real que implica la destrucción de estos ecosistemas y la pérdida de sus servicios ambientales, costos que, a largo plazo, son asumidos principalmente por las comunidades locales.
Aquí pueden acceder a los estudios de Matusaragatí: Informes
Además, enfatizó que la debilidad en la aplicación de la ley debilita al Miambiente. Esto se refleja en las recientes invasiones ocurridas en las zonas inundables de la confluencia de los ríos Tuira y Chucunaque. Esta área forma parte del Refugio de Vida Silvestre de Matusaragatí, pero también de las seis mil hectáreas tituladas, ahora reclamadas por nuevos actores que aparentemente forman parte de una organización sindical, añadió Candanedo.
La investigadora remarcó que esta área se ha documentado la presencia de especies en peligro de extinción como el jaguar y el venado corso, especies de aves representativas de humedales suramericanos y se han hecho nuevos reportes de plantas para el país.
Inspección confirma daños
De hecho, una inspección realizada por personal técnico de Miambiente en agosto pasado confirmó graves problemas ambientales en el humedal Matusaragatí, incluyendo drenaje y extracción ilegal de madera, así como peces muertos. También se encontraron huellas de ocelote y de saínos, lo que pone en peligro la vida silvestre.
“Los resultados de esta inspección son alarmantes. Las actividades ilegales están afectando seriamente la biodiversidad y la salud del humedal”, señaló Miambiente a través de un comunicado de prensa.
Con base en estos hallazgos, Miambiente informó que comenzó un proceso administrativo para identificar y sancionar a los responsables de estas violaciones ambientales. La intervención busca garantizar la protección del humedal de Matusaragatí y restaurar el equilibrio ecológico de esta importante área.
Ante estas violaciones ambientales, Carlos Espinosa, director de la Dirección Forestal de Miambiente, acudió la semana pasada a la Fiscalía de Atención Primaria de Metetí, Darién, para presentar una denuncia formal.
La institución ambiental espera que las autoridades judiciales identifiquen a los responsables de los trabajos de drenaje en el humedal y de la tala ilegal, y que respondan ante la justicia.
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