La trata de personas, ya sea con fines de explotación sexual o laboral, sigue presente en el país. Se ha vuelto un delito que las autoridades no han podido erradicar, a pesar de operativos y detenciones cada año.
Durante 2022, la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad brindó atención a 20 personas que fueron rescatadas como víctimas de trata.
Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad, el 75% de los casos fue con fines de explotación sexual y el 25% con fines laborales. Es decir, que mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño se sometía a estas personas.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas identificadas, se menciona que el 39% fueron panameñas entre 6 y 17 años de edad, mientras que el 38% corresponde a mujeres adultas colombianas, 8% a venezolanos y 15% son nicaragüenses.
A diferencia de años anteriores, en 2022 la mayoría de los casos encontrados fueron con fines sexuales. Por ejemplo, en 2021, el 58% de las víctimas de trata identificadas fue sometida a explotación laboral y el restante 42%, a explotación sexual.
El encuentro
El pasado 21 de diciembre, la Oficina de Trata de Personas reunió a la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, para trabajar en el informe anual que debe presentar al Departamento de Estado de Estados Unidos relacionado con esta problemática.
La subsecretaria de la Comisión contra la Trata de Personas, Auriela Martínez, subrayó que el objetivo es recoger los datos de todo el trabajo realizado en el país en un año, para unificarlo y enviar una respuesta.
”Seguimos haciendo nuestro esfuerzo para mejorar las capacitaciones, que este año se han duplicado con los estamentos de seguridad, los agentes nuevos e instituciones que forman parte de la comisión”, agregó.
El año pasado se realizaron varios operativos, lo que permitió también hacer detenciones. En febrero de 2022, mediante la operación “Luz de Esperanza”, entre el Servicio Nacional de Fronteras y el Ministerio Público, se efectuaron 12 allanamientos para desmantelar una organización criminal que explotaba sexualmente niñas y adolescentes panameñas en Costa Rica.
Aquella vez se detuvo provisionalmente a tres mujeres panameñas y un costarricense, mientras que una persona (cuya nacionalidad no se precisó) se mantiene prófuga, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad.
También el pasado mes de agosto, las autoridades rescataron a seis víctimas de trata de personas, a través de la operación “Galaxy”, en los sectores de Paitilla y vía Argentina, corregimientos de San Francisco y de Bella Vista, respectivamente.
La realidad
En el informe Trafficking in Persons Report de 2022, elaborado por el Departamento de Estado estadounidense, se hizo un claro señalamiento al país: “Panamá no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”.
El reporte estadounidense, sobre el delito de la trata de personas en 188 países, reconoce que Panamá incrementó sus esfuerzos de forma general en comparación con el periodo previo al informe, considerando el impacto de la pandemia sobre su capacidad de combatir la trata.
Entre los esfuerzos mencionados en el documentos están: identificar a nuevas víctimas, condenar y rigurosamente penalizar a dos traficantes, solicitar la participación de los sobrevivientes en los esfuerzos de protección a víctimas, realizar una revisión acumulativa de sus propios esfuerzos en contra de la trata y brindar apoyo (como alimentos y artículos de higiene) a víctimas de trata durante la pandemia de la covid-19.
Desafíos y sugerencias
El informe indica que las autoridades investigaron a menos tratantes en 2022 y, a pesar de los esfuerzos de monitoreo, las estadísticas del gobierno indicaron que la mayoría de las denuncias fue reportada por la propia víctima.
Entre las recomendaciones que se le hicieron a Panamá están: identificar proactivamente a víctimas de trata, incluso entre panameños explotados dentro del país, migrantes, comunidades indígenas, trabajadores domésticos y otros grupos vulnerables.
También enmendar la ley para que se incluya la fuerza, el fraude y la coerción como elementos esenciales del delito, más que como agravantes.
Además, asignar fondos para los servicios especializados de víctimas, y capacitar a agentes en la correcta aplicación de la ley, así como a los fiscales, para que estos persigan el delito de trata en lugar de usarlo un delito menor, como ha sucedido.
En Panamá, la trata se condena con penas de 15 a 20 años de prisión, pero aumenta de 20 a 30 años si el delito es agravado.