Tres acciones de reclamos se han presentado en la Dirección General de Contrataciones Públicas en contra de la licitación, que impulsa la Caja de Seguro Social (CSS), para “la gestión de los desechos peligrosos hospitalarios de las instalaciones de salud de la entidad en todo el país”, por un período de cinco años y un monto de $58,735,362.
Las acciones de reclamo presentadas por las empresas tienen en común un punto y es que el pliego de cargos no brinda la igualdad de participación a los proponentes.
La primera acción de reclamo fue interpuesta por Servicios Múltiples, S.A., una de las 17 empresas que participaron en la reunión previa y homologación, al considerar que la CSS viola la normativa de Contrataciones Públicas.
En la acción de reclamo se indica que en el sistema Panamá Compra se pueden observar omisiones en el procedimiento de contrataciones públicas, en el sentido de que en reiteradas ocasiones se ha indicado que el acta reunión previa de homologación debe ser pública el mismo día en que se realiza la misma.
No obstante, el documento de la reunión de homologación, que se realizó el 1 de diciembre de 2022, fue publicado en el sistema electrónico de Panamá Compra el 7 de diciembre de 2022, es decir, cinco días hábiles después de la fecha en que debió ser publicada, que era el mismo día.
De hecho, la Guía de Uso para las Reuniones de Homologación para todas las entidades del Estado en su sección II de reglas en la reunión previa y homologación indica lo siguiente: “la reunión previa y de homologación debe concluir con un acta en la que las partes homologan los documentos y aceptan todas las condiciones y términos del pliego de cargos, la cual será publicada por la entidad el mismo día, una vez culminada la reunión de homologación”.
Además, la empresa considera excluyente el requisito 6 referente a que “las empresas deben acreditar, mediante certificación del subdirector general de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, la capacidad disponible por hora (no comprometida por hora) de 800 kg/hora como mínimo, de sus equipos de incineración, a utilizar para brindar el servicio de tratamiento de los desechos hospitalarios peligrosos (patológicos, anatomo-patológicos, punzocortantes, entre otros).
La empresa plantea que este requisito es lesivo para las empresas que se dedican a esta actividad, puesto que exigir un solo tipo de tratamiento, cuando en Panamá se permiten por normativa legal otros tipos de sistemas, como ejemplo el de “Trincheras controladas” viola el principio de igualdad de oportunidades para los proponentes, el cual garantiza la actuación imparcial de las entidades públicas dentro del procedimiento de selección de contratista en todas sus etapas y que no está siendo aplicado.
Otra condición establecida que Servicios Múltiples, S.A.refuta es sobre la certificación de instalación de manejo ambientalmente racional, puesto que este requisito solo puede cumplirlo la empresa que tenga un sistema de incineración y que pueda llevar a cabo un programa de esta naturaleza.
La segunda acción de reclamo fue presentada por la empresa Servicios Ambientales de Chiriquí, S.A., plantean que el requisito de la idoneidad de la junta técnica, limita la participación de empresas que poseen vasta experiencia en la expedición de este servicio.
Esta empresa también coincide con los argumentos planteados por Servicios Múltiples, S.A., sobre certificación de disponibilidad por hora y certificación de instalación de manejo ambientalmente racional.
El tercer reclamo fue interpuesto ante la DGCP por la empresa Calyper Corporation, S.A., la cual solicita que se elimine del pliego de cargo consolidado en todos sus aspectos, el criterio administrativo sobre los años de experiencia y el puntaje y se elaboren y ponderen de acuerdo a la práctica y conocimientos que resulten justos a la presentación de servicios consolidados.
También que se elimine del pliego los criterios técnicos en cuanto a la certificación de capacidad que se refiere el volumen total de carga entre 50 a 200 metros cúbicos el volumen total de carga, y se elaboren y ponderen de acuerdo con la certificación emitida por el Ministerio de Salud para vehículos dedicados a transporte de los desechos hospitalarios.
La licitación que lleva adelante la gestión de, Enrique Lau Cortés, cuenta con el aval de la junta directiva de la CSS, mediante una resolución con fecha del 23 de septiembre de 2023, bajo el argumento de “que la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios peligrosos (patológicos, anatomo-patológicos, punzocortantes, entre otros), en las instalaciones de salud de la CSS están justificadas en el hecho de que por naturaleza e importancia que reviste este servicio, bajo ninguna circunstancia la administración debe permitir que se acumulen los desechos hospitalarios peligrosos, ya que ello provocaría una crisis sanitaria tanto para las unidades ejecutoras como para el ambiente y la población”.
Otras empresas interesadas
Entre las empresas que han mostrado interés en la licitación está Ciudad Limpia, la cual junto con Ecotermo, integraron el consorcio Ecolimpia, que pretendía operar el relleno sanitario de Cerro Patacón, en el corregimiento de Ancón, por un periodo de dos años. De hecho, Ecotermo Panamá es otra de las empresas que participó en la reunión previa y homologación.
También está Pumper S.A. la cual en abril de 2021 el presidente Laurentino Cortizo y sus ministros autorizaron al Ministerio de Salud (Minsa) suscribir un contrato por procedimiento excepcional, por $5 millones 546 mil, por un servicio que brindó esta empresa entre los años 2015 y 2016.
En la resolución 39, publicada en la Gaceta Oficial 29271-A, se plantea que “el Ministerio de Salud mantuvo un convenio con el Programa de Ayuda Nacional [PAN] para contratar los servicios directos de la Empresa Pumper, S.A., para la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos generados en instalaciones de salud”.
Añade que entre 2015 y 2016, el Minsa decidió que la empresa prestara los servicios “aun en ausencia de un acuerdo que formalizara la relación contractual entre las dos partes”, y que, a partir de 2017, si se concretaron los contratos.
La empresa, según datos del Registro Público, es presidida por Álvaro Ordas Meneses. Una búsqueda preliminar en el portal de contrataciones públicas Panamá Compra revela que, durante el gobierno pasado, a esta compañía se le adjudicaron al menos 99 contratos para la recolección de residuos médicos en distintas instalaciones de salud.
