En la Calle N, del barrio San Miguel, en Calidonia, hay una pequeña escuela que acoge a niños en riesgo social de la zona. Se trata del Centro Educativo Integral Suzette Archibold (Ceisa), institución regentada por el obispo de la iglesia bautista Frank Archibold.
Muchos niños que van a esa escuela viven las circunstancias de un barrio compicado. El religioso cuenta que los ha rescatado de las garras de las pandillas, las que por lo general los usan de recaderos. Según los trabajadores sociales de la escuela, el centro atiende niños que han sufrido abusos sexuales y violencia doméstica. No una, varias veces.
En el Ceisa educan desde prekinder a noveno grado. Este año tienen 92 estudiantes. “Tenemos equipo de fútbol, aquí aprenden danza, instrumentos musicales y reciben conocimiento sobre Dios y alimento: desayuno, almuerzo, merienda y cena”, explica.
Muchos niños que van a esa escuela son víctimas de las circunstancias del barrio. El religioso cuenta que los ha rescatado de las garras de las pandillas, las que por lo general los usan de recaderos. De hecho, según los trabajadores sociales de la escuela, buena parte de ellos han sufrido abusos sexuales y violencia doméstica. No una, varias veces. También son consumidores pasivos de algún tipo de droga, a causa de la adicción de sus padres.
Crudas estadísticas
De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), uno de los problemas que requiere acción inmediata en Panamá es precisamente la violencia hacia la niñez, que se presenta desde la primera infancia.
En el país, 45% de los niños y niñas recibe métodos de disciplina violenta en el hogar y la violencia sexual afecta primordialmente a niñas y adolescentes mujeres (91%), según el organismo.
La Magnolia
Cada tiempo, un equipo de la escuela visita a las familias de los estudiantes. Es una práctica necesaria para comprender su entorno, entender sus procesos y tomar decisiones en la escuela. Varios viven en La Magnolia, una viejo caserón ubicado en la calle 27 de San Miguel que se cae a pedazos y que constantemente está en las noticias locales.
“Cayó la ley en el edificio La Magnolia”, “Asesinan a tiros a un hombre en La Magnolia”, “Balean a una persona en La Magnolia”, son algunos de los titulares con los que se narra la vida de este edificio que data de 1929.
Ese es el escenario en el que han crecido los alumnos de Archibold. “Si no se da este servicio [educación y comida], ellos van a ser los futuros habitantes de la calle, futuros presos, adictos a la droga. Queremos ayudarles”, asegura Archibold.
La escuela se financia principalmente con donaciones gestionadas por la iglesia bautista en Estados Unidos. “No estamos recibiendo apoyo económico de ninguna entidad del gobierno. Ni del Mides, Meduca, la Alcaldía... Hemos aplicado, hemos metido proyectos, y estamos esperando todavía”, manifestó.
En marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia de la covid-19, Archibold calificó la situación de los habitantes de la calle como “una bomba de tiempo”. Meses antes, específicamente a finales de 2019, el escenario se tornó más complejo, luego que el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, retiró el subsidio a varias oenegés y, entre esas, estaban algunas que atendían a esta población, como Remar.
Dos años después, la Alcaldía anunció que implementó un programa llamado “Date una oportunidad”, para ofrecer a este grupo de la población evaluación médica y traslado voluntario a un centro de rehabilitación o ante un juez de paz, en caso de alguna denuncia. Sobre el programa, hay muy pocos detalles.
La vicealcaldesa Judy Meana explicó que entre enero y octubre de este año se han atendido 411 personas “de la calle”, de los corregimientos de Calidonia, Bella Vista, Curundú y Chorrillo.
“Nos apoyan dos fundaciones: Ministerio Paraíso Celestial y Fundación Nueva Vida [que coordina el pastor Víctor Rivas]. Otra fórmula es llevarlos ante los jueces de paz para procesamiento. Allí se les impone una sanción que consiste en tres meses de rehabilitación”, detalló.
De acuerdo con Meana, atienden a dos tipos de personas en situación de calle o sin techo. Están aquellos con un cuadro de adicción. Los otros son los que padecen enfermedades mentales, lo cual es más complejo. Además, recordó que no pueden obligar a nadie a permanecer en alguna institución, refugio o centro de rehabilitación, en contra de su voluntad. “Eso también es un elemento con el que debemos lidiar en esta situación”, mencionó.
De acuerdo con una nota de prensa del Municipio de Panamá, una vez se capta a la persona, es llevada al gimnasio del Club de Leones, ubicado en la 5 de Mayo, donde se le toma la presión y se le ofrece asistencia psicológica, aseo personal, corte de cabello, cambio de ropa y desayuno, indica el comunicado.
Millonario albergue
En medio de este escenario, el pasado 9 de octubre, el Municipio de Panamá entregó la orden de proceder a la empresa RJ inversiones, S.A., la cual se encargará de la construcción del albergue municipal, en el corregimiento de Las Garzas, con capacidad para atender 250 personas sin techo.
Según el pliego de condiciones, el precio de este acto público es de $3.7 millones y el albergue contempla dos pabellones: uno con capacidad para 150 hombres y otro para 100 mujeres. También habrá un área intermedia para personas en proceso de rehabilitación o desintoxicación. El lugar tendrá áreas de cocina y comedor, lavandería, depósito de ropa para mujeres y hombres y enfermería. En este acto público participaron dos empresas: Constructora Pacífico Atlántico y RJ Inversiones. Ambas ofertaron $3.7 millones.
Quien no respondió sobre el trabajo que realizan para atender a los sin techo fue el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pese a que este medio le envió un cuestionario al respecto.
Remar
Para Adrián Almeida, director de la Fundación Remar, en 2019 el Municipio de Panamá le dio la espalda a más de 65 adultos mayores que esa misma entidad había enviado al albergue de Remar. Almeida nunca recibió una explicación. Manifestó que ahora son menos, porque en los dos últimos años fallecieron seis por diversas causas, ya que eran personas de edad avanzada.
“Desde que el municipio dejó de ayudarnos en 2019, nosotros nos hemos tenido que hacer cargo de esta población, lo cual deja mucho que decir de esta administración”, opinó.
Ambas partes, habían firmado un acuerdo desde 2001, a través del cual la fundación se comprometía a recibir a 200 personas que la Alcaldía de Panamá rescatara de las calles. A cambio, el gobierno local le pagaba, en promedio, una cifra simbólica de $2.77 diarios por persona, lo que al mes equivale a poco más de $16 mil 666.
En palabras de Almeida, a Remar le cuesta alrededor de $350 por mes por persona, aunque aclara que se trata de ayuda básica.
“Está lo que podemos ofrecer y lo que sería idóneo. Si hablamos de lo que ofrecemos nosotros, serían $350 en una persona al mes, pero el tratamiento idóneo con trabajadores sociales, tratamiento médico, psicólogos, terapeutas y psiquiatras, sería no menos de $500 al mes, por persona”, puntualizó.
Actualmente, la oenegé atiende una población total de 315 personas, de las cuales un grupo fue el que llegó al albergue por conducto del Municipio de Panamá; el resto está ahí por sus familiares y también hay quienes llegan por su propia voluntad, buscando ayuda.
Sobre el tratamiento que se brinda a quienes tienen adicciones, el activista subrayó que las iglesias son las únicas organizaciones que se interesan por esta población. “Los recursos técnicos se requieren, pero nadie los quiere brindar. De hecho, cuando teníamos el acuerdo con el Municipio, ellos eran los responsables de enviarnos a los técnicos, pero solo nos enviaban a una trabajadora social. Nosotros hacemos esto por caridad”, acotó.
El director de Remar dio cuenta que una persona que está en la calle muchas veces daña el mobiliario público, requiere atención de salud en los hospitales o va a la cárcel, con lo cual cuesta más al Estado que si recibe un tratamiento.
“Te pongo un ejemplo: si hay mil habitantes de la calle, estamos hablando que habrían mil delitos menos si no están en las calles o irían menos de estas personas al Hospital Santo Tomás con heridas o intoxicados con drogas. Todo eso le cuesta al Estado”, explicó.
El balance
El sociólogo Danilo Toro indicó que bajo casi todos los pasos elevados duerme gente y eso es una expresión de la deshumanización social y de lo indolente que es la sociedad en general con este tema.
“Te hablo de la sociedad civil y política... A las autoridades no les interesa ver eso, como no pueden ver los huecos en las calles. Casi todos nuestros pasos elevados son hoteles”, aportó.
A juicio de Toro, esta problemática lleva años y la sociedad se insensibilizó. Su conclusión es que esta “indolencia” social y política solo se puede solucionar con el reclamo de la ciudadanía, ya que allí hay un problema de salud pública. “El ambiente allí está enfermo”, dijo el sociólogo sobre lo que ocurre con los habitantes de la calle en Calidonia y Curundú.
