Los casos de violencia sexual en el país son una especie de pandemia silenciosa. Esto es lo que advierten organismos como la Red Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).
Las estadísticas del Ministerio Público dan cuenta que entre 2021 y 2022 hubo un crecimiento de 7% en los delitos contra la libertad e integridad sexual. En 2021 se atendieron 5 mil 969 casos de ese tipo, mientras que en 2022 fueron 6 mil 389, a razón de 17 casos por día.
Este año la situación es bastante parecida. Entre enero y mayo de 2023 se han reportado 2 mil 600 casos, y si bien se muestra una leve disminución de un 4%, comparado con el mismo periodo de 2022, cuando hubo 2 mil 705 agresiones sexuales, aún el promedio diario se mantiene en 17 casos.
Los informes del Ministerio Públicos reflejan que áreas geográficas como las comarcas Guna Yala, Emberá y la provincia de Colón es donde más se han incrementado los casos este año. Entre los tipos de delitos en los que mayor crecimiento hubo estuvo el acoso sexual, seguido de la posesión de pornografía infantil y relaciones remuneradas con menores de edad.
Indignación
Deyka Nieto, presidenta de la Red de Niñez, Adolescencia y Familia, subrayó que resulta “devastador” como sociedad tener estadísticas tan perversas, como la de 17 abusos diarios, siendo las víctimas en su mayoría menores de edad.
“Una sociedad que no reacciona de manera contundente ante esta realidad, además de cómplice, se convierte en el principal agresor y culpable de lo que está sucediendo”, aportó.
En palabras de Nieto, la reacción debe ser inmediata y de alto nivel. En ese contexto, recomendó activar realmente políticas de sensibilización para reducir la tolerancia personal y de la sociedad, que asume como una conducta natural en contra de nuestra niñez y adolescencia.
También instó a tener profesionales suficientes con capacidad, habilidades y recursos para la atención de las víctimas que padecen devastadores y desagradables momentos luego de realizar las denuncias, así como combatir la impunidad y lograr penas que disuadan a los perpetrados a cometer estas nefastas acciones.
La defensora de los derechos de la niñez dejó un mensaje claro: “Lo más importante es educar a nuestra población que se respete el cuerpo de los niños y niñas, que estos sepan cómo protegerse y hablar, y en caso de que no tengan lugares seguros en sus entornos privados, poder contar con asistencia gubernamental adecuada y oportuna”.
Algunos casos
En 2022, cinco personas fueron conducidas a los tribunales por su presunta vinculación al delito de pornografía infantil, tras una operación conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Se trató de una operación internacional denominada “Luz en la infancia”, que en el país se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste, de acuerdo con el Ministerio Público. La operación fue dirigida desde Brasil y, además de Panamá, se llevó a cabo simultáneamente en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.
El objetivo fue combatir los delitos de abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidos a través de internet, en el continente.
El pasado 24 de enero, la Fiscalía Regional de Chiriquí a través de la agencia subregional de Barú, aprehendió a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, como parte de la operación “Horizonte”, presuntamente vinculadas con delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
La fiscal primera superior de Chiriquí, Melissa Navarro, subrayó que la mujer detenida, la cual tenía vínculo familiar con las víctimas, permitía que los hombres mantuvieran relaciones sexuales con los menores de edad, a cambio de una remuneración económica.
Prevención
Otras entidades como la Defensoría del Pueblo han hecho un llamado a establecer un plan de prevención y de protección a víctimas de delitos sexuales. Según esa entidad, comparten el clamor de una sociedad que pide justicia y protección para sus niños, niñas, mujeres y otras personas que han sido víctimas de delitos sexuales.
“Estos delitos constituyen crímenes aberrantes, frente a los cuales la respuesta del Estado debe ser efectiva, especialmente en los casos en los que la víctima es una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad”, indica la entidad.
Además, consideró como “indispensable” que como Estado se preste especial atención a las víctimas de estos delitos, ya que su recuperación depende de estrategias y acciones que les permitan acompañamiento, apoyo institucional y terapéutico y, sobre todo, protección.
El informe
El informe Análisis de situación de los derechos de los y las adolescentes en Panamá, publicado en diciembre de 2022 por Unicef, señala que las mujeres adolescentes son las principales víctimas de la violencia sexual en Panamá.
Para sustentar tal señalamiento se refirió a los datos del Ministerio Público, en 2021, que registraron 5,969 víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual.
De ese total de víctimas, 65% fueron personas menores de 18 años (3,878 víctimas) y el 92% de las víctimas menores de 18 años fueron mujeres.
Unicef recomendó actualizar la estrategia multisectorial de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, así como generar una estrategia para la prevención y atención del abuso, acoso sexual, las uniones tempranas y otras prácticas nocivas que afectan a la mujer adolescente.
