Científicos, ambientalistas, abogados, empresarios y organizaciones de la sociedad civil que han seguido de cerca la evolución del contrato entre el Estado y Minera Panamá tienen algo claro: que el Gobierno debe ser lo “más transparente posible” en el proceso de cierre de la mina, a fin de evitar desconfianza.
También coinciden en que se debe designar a un grupo de expertos que garantice un cierre ordenado y planificado de la mina en Donoso, provincia de Colón.
Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, subrayó que “tenemos por delante un camino muy complicado y complejo” que requiere del aporte de todos para construir confianza.
“Por ello es preciso que participen técnicos, profesionales independientes y respetados por la comunidad. Una mesa que solo tenga a funcionarios sería un error”, recomendó.
En palabras de Vega, es preciso tener serenidad y no alimentar la crispación social, de manera que nos guíe la información rigurosa y no la especulación.
En esa misma línea se manifestó Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), quien dijo que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hay que conformar un grupo de personas que tenga conocimiento sobre el cierre de minas, para que podamos hacer un proceso planificado y ordenado con la menor afectación medioambiental.
De acuerdo con Rosas, este proceso debe ser “rápido” y “pensado”, para que la población tenga una pronta respuesta sobre el futuro cierre de la mina.
Los científicos y ecologistas
Ana González, geoquímica de la Universidad Tecnológica de Panamá, consideró que lo ideal sería escuchar a los expertos y hacer las consultas, para remediar la zona impactada.
“La Universidad [Tecnológica] tiene las puertas abiertas y estamos a la disposición. Habría que hacer un estudio para determinar qué hay en la zona y luego de eso proponer las medidas de remediación de la misma”, dijo González.
Mientras que Susana Serracín, miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, argumentó que la transparencia es un elemento “esencial”, para llevar a cabo el plan de cierre de la mina.
A juicio de la ambientalista, es necesario que el plan de cierre de la mina se realice para acatar debidamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia. “Es indispensable contar con la asesoría de expertos idóneos, honestos y probos, ya que se trata de un tema complejo. De ninguna manera se le puede dar cabida a personas que tengan un dudoso historial de corrupción”, aportó.
También planteó que se debe abordar lo ambiental con toda la rigurosidad científica y técnica, para evitar y contener mayores daños e impactos ambientales, de los que ya ha sufrido esa frágil zona en la que nunca debió operar esa mina.
Como se recordará, Donoso forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, una zona ecológica valiosa y de gran biodiversidad.
Los jóvenes
José Isaac González, del movimiento Sal de las Redes, exigió transparencia en este proceso, porque no hay confianza en las actuales autoridades del Gobierno, sobre cómo manejaron este tema.
Según González, lo primero que cabe en el actual escenario es la renuncia del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien guarda silencio en torno a la mina de Donoso. Además, considera que el Ministerio de Ambiente debe llevar una auditoría ambiental de la zona, en la cual se garantice la independencia de sus resultados.
“Si no hay transparencia no habrá confianza”, dijo el activista.
Este medio envió preguntas, tanto al Ministerio de Comercio e Industrias como al Ministerio de la Presidencia, sobre el proceso de cierre de mina y quiénes serían los interlocutores por parte del Estado en el mismo, pero no hubo respuesta al cierre de la edición.
En cambio, en horas de la tarde de ayer martes enviaron un comunicado señalando que el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, encabezó la primera reunión interinstitucional, convocada para evaluar los próximos pasos de cara a la implementación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley 406 del contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
En el encuentro estuvieron presentes la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; el ministro de Ambiente, Milciades Concepción; el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y sus equipos técnicos.
Agrega la nota que como parte de la reunión se analizó la información que está disponible por parte de las instituciones, a fin de presentarle recomendaciones al presidente de la República, Laurentino Cortizo.
