La historia de los incentivos turísticos mediante créditos fiscales sumó ayer el capítulo más increíble: la Asamblea Nacional (AN) aprobó la tercera ley en tres años para que el Estado financie hoteles de empresas privadas.
Hasta ahora, la manía de sostener la iniciativa no se había visto con otras leyes. El primer intento fue al poco tiempo de que asumiera el presidente Laurentino Cortizo, en diciembre de 2019. En sesiones extraordinarias, la AN aprobó la Ley 122, que modificó una anterior para crear los incentivos turísticos mediante créditos fiscales. Cortizo la sancionó el 31 de diciembre y, de ahí en más, llegó la avalancha que no logró detenerla: una demanda de inconstitucionalidad, una nueva ley que derogó esa –y sus efectos aún están vigentes-, otra demanda más, oposición del propio sector hotelero y compromisos en la mesa de diálogo, surgida de las protestas de julio pasado.
El último pedido llegó del presidente Cortizo que, desde la ciudad de Penonomé y rodeado de referentes de las organizaciones sociales, anunció el 21 de julio pasado que enviaría a la AN un proyecto para derogar las dos leyes que crearon los beneficios para donantes, amigos y grupos cercanos a su gestión: la 122 de 2019 y la 314 de 2022. La AN lo chifeó y ayer aprobó un proyecto del diputado Melchor Herrera (PRD). El trámite fue todavía más rápido que los anteriores.
¿Por qué otra ley, si hay una vigente? ¿Por qué insisten los diputados en sostener la medida contra toda evidencia?
El proponente del proyecto, Herrera, dio una pista de lo que buscaban durante su intervención en el segundo debate del proyecto de ley 888, el miércoles pasado. “Nosotros lo que estamos haciendo es respetar al presidente Cortizo, porque esta ley propone la derogatoria de la ley 122 y la ley 314″, dijo. Y enseguida diferenció su proyecto de uno enviado por el Ejecutivo para dejar sin efecto las leyes 122 y 314, porque es uno que, aunque deroga ambas normas, blinda los privilegios de los grupos empresariales que ya están en carrera. Es “para defender a los hoteles”, como dijo Herrera.
Una defensa indefendible
El proyecto 888 sería la tercera ley, pero la defensa de los diputados oficialistas está basada en las mismas tres mentiras que las anteriores: empleomanía, seguridad jurídica y reactivación económica.
La Prensa publicó esta semana una serie que demostró que son tres pregones que engañan. Más de la mitad de los proyectos generaría menos de un empleo directo por habitación: 0.7 empleos en promedio, para una inversión también promedio de $362 mil por cuarto de hotel, según la información publicada por la ATP en la sección transparencia de su página web. La mayoría de ellos no está ubicado en los corregimientos más pobres del país, como anunciaron, sino en los mejores ubicados en los ordenados por el Índice de Pobreza Multidimensional del PNUD: 24 de los 39 están después del puesto 300.
Además, al ser una política vertical que beneficia solo a un grupo y no al sector en su conjunto, no la implementa ningún país de la región.
“Los recursos son escasos y hay que concentrar los esfuerzos en lo que maximice los beneficios para el sector en conjunto”, dijo el investigador del INCAE Business School, Ronald Arce, a La Prensa.
De todas maneras, el diputado Herrera prometió empleos y mucha inversión privada estos días en la AN, obviando la evidencia y la desconfianza que las maniobras tatuaron en la iniciativa. Herrera también habló de seguridad jurídica y de “defender a los hoteles” a los que el Estado ya les reconoció proyectos.
¿Por qué otra?
Aprobar el pedido de Cortizo implicaba dar por terminado el subsidio disfrazado de crédito fiscal, por el que el Estado renunciaría a recaudar miles de millones para financiar negocios privados. O sea, había que cancelar cada uno de los 39 proyectos certificados por la ATP.
En cambio, aprobaron el proyecto 188 con trámite expedito. Fue aprobado en primer debate el pasado 22 de septiembre en la Comisión de Economía y Finanzas. Y en segundo debate por el pleno legislativo, el miércoles 5 de octubre. Y ayer, fue aprobada en tercer debate, por lo que ahora será enviada al Ejecutivo para su correspondiente veto o sanción. La letra chica está por verse, pero el espíritu es claro: cumplir con la derogación conservando los privilegios a los hoteles.
En el reportaje El club de donantes y amigos del gobierno beneficiados con incentivos, La Prensa mostró quiénes son los privilegiados y sus nexos con el gobierno de Cortizo, con él mismo, su familia y sus colaboradores. A ese club, al que la ATP le certificó proyectos con costos inflados, defendieron los diputados con la aprobación de una nueva ley.
“Es un popurrí que busca quedar bien con todos, pero no lo logra”, dijo el abogado Carlos Barsallo, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo. Y agregó: “formalmente deroga las leyes, pero lo hace luego de reproducirlas con cambios muy curiosos y teledirigidos para que básicamente se mantenga lo que es objeto de críticas y que son los créditos fiscales”.
“Este tema evidencia todo lo que está mal en el sistema y en nuestra democracia”, sumó la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega. Entre los males, Vega enumeró a “la devolución del favor a los donantes de campaña a costa del país; el quiebre de un sistema electoral que permite que el dinero sea el camino al privilegio; la mediocridad del empresariado involucrado; la complicidad de los funcionarios; los conflictos de intereses; la grave afectación a las finanzas públicas, y el triunfo de los intereses particulares por encima del bien común”.
El abogado que demandó por inconstitucional la Ley 122, Ramón Ricardo Arias, sumó delitos a la lista de desastres. “La investigación de La Prensa demostró que aquí hay abusos evidentes de defraudación fiscal. Aquí están utilizando el beneficio para proyectos que no son hoteleros y están aprovechando el beneficio para lograr que el Estado pague por sus malas inversiones”, señaló.
Antes de que la AN aprobara el tercer proyecto de subsidios millonarios para un club de privilegiados, un político de vieja guardia se sorprendió del silencio de los desarrolladores tras las publicaciones de La Prensa. “Me llama la atención porque ellos siempre llaman”, dijo. ¿Por qué esta vez los empresarios habrían optado por el silencio? El político dedujo lo siguiente: “Debe ser que están seguros de que la Asamblea va a sostenerles los privilegios”.
Si hasta ahora esta era la historia de una insistencia, los diputados lograron convertirla en la increíble historia de una insistencia. El próximo capítulo lo escribirá el presidente Cortizo, que al fin tendrá la posibilidad de vetarla. Y ese será otro principio.
