Auditoría evidenció falta de controles: ¿fraude en contra del Estado?

Hasta julio de 2021, el Estado había comprado, al menos, $149 millones en bonos físicos como parte del Plan Panamá Solidario para ayudar económicamente a personas afectadas por la pandemia de la Covid-19 y las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno. ¿Cómo se repartían las ayudas? ¿Cuáles eran los controles?

Una advertencia en abril de 2021 de Vale General, S.A., uno de los dos proveedores de bonos físicos que usó el Estado en el Plan Panamá Solidario hizo sonar las alarmas.

La empresa reportó en una carta que una quesería artesanal en la provincia de Herrera estaba intentando realizar una transacción sospechosa: Redimir $960 mil en bonos físicos. La recepción de la misiva motivó una auditoría interna en el Ministerio de la Presidencia, ordenada por el vicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, cuyos alarmantes resultados se mantuvieron en secreto durante casi dos años.

A pesar de la gravedad de los hechos descubiertos, tanto por el proveedor –Vale General, S.A.– como por la auditoría, a cargo de la contadora pública autorizada y jefa de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia, Marilín Pang, la recomendación a Carrizo para que interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por este caso fue desechada, alegando que se determinó que no hubo una afectación económica para el Estado.

Entre los hechos probados en la auditoría que ordenó el propio Carrizo destacan los siguientes: Se identificaron cajas completas de bonos solidarios, con numeración secuencial, que supuestamente eran para repartir en Panamá Centro, aunque terminaron en el interior del país. Ello indica que los bonos sí cambiaron de manos –mediante operaciones de triangulación–pero nunca llegaron a las de las miles de familias que necesitaban esos recursos durante la época más dura de la pandemia.

También fue probado que unos 47 mil 100 bonos terminaron en las manos de Eric Alberto Ramos, representante de un corregimiento en Santiago de Veraguas, aunque no los repartió, pues las cajas con bonos solidarios tuvieron como destino final una pequeña fábrica de queso blanco artesanal, ubicada en La Arena de Chitré, provincia de Herrera, y cuyo dueño solicitó su redención “antes de haberse cumplido el mes de la entrega” de estos por parte de la Secretaría de Asuntos Sociales del Ministerio de la Presidencia.

Preguntas sin respuestas

Todos estos hechos eran suficientes para iniciar una investigación criminal, de acuerdo con la recomendación de la auditoría interna, a fin de responder preguntas que aún perduran. Pero el vicepresidente Carrizo no halló razones para interponer la denuncia que sugirió la auditora, ante el evidente mal uso de los bonos solidarios por parte de funcionarios nombrados en el ministerio que estuvo a su cargo, y de otros de elección popular.

Es así que Carrizo negó la posibilidad de averiguar asuntos pendientes en la auditoría, como, por ejemplo, ¿es posible que hubiese más casos como este? ¿Se consumó alguna vez algún tipo de fraude antes o después de este caso? ¿Por qué esos bonos nunca se entregaron a sus destinatarios originales? ¿Por qué el responsable de repartir los bonos –el coordinador de Panamá Centro, Juan Hernández Morales– los entregó a un representante del interior del país? ¿Fue la única vez que lo hizo? ¿Fue él la persona que ordenó entregar los bonos a un representante en Santiago o solo fue un mensajero?

Las preguntas también giran en torno al comercio que pidió redimir los bonos. ¿Por qué estos terminaron en una quesería en Chitré? ¿Cómo fue posible que una pequeña fábrica de queso blanco artesanal tuviera cajas completas de libretas de bonos con numeración secuencial por casi $1 millón? ¿Entregó todo el queso que presuntamente se habría comprado en menos de un mes? ¿Había cómplices ocultos en ese posible fraude? ¿Existían autores intelectuales detrás de esta operación? ¿Cuánto y cuántas veces planeaban robarle al Estado?

Nada de esto se sabrá porque el vicepresidente –y ahora candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD)– se negó a ordenar una investigación criminal que pudiera responder estas preguntas y otras que habrían salido en el curso del proceso.

Y, a propósito de responsabilidades, el Código Procesal Penal, en su artículo 83, advierte sobre la obligación que tienen los servidores públicos de denunciar “los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de estas, lleguen a su conocimiento”. Y, precisamente, eso fue lo que solicitó –y fue ignorada– la auditora interna.

Más irregularidades

La pandemia, en este caso, habría sido la excusa para despojar al Estado de casi $1 millón. Pero, ¿solo fue esa cantidad? Es probable que no sea así, a la luz de los hallazgos de la auditoría interna que revelan fisuras importantes en los procedimientos administrativos para la asignación de cientos de millones de dólares del programa Panamá Solidario.

“Debemos señalar –indicó en su informe la jefa de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia– que no hubo una supervisión en la distribución de estos bonos para garantizar que el coordinador [en este caso Hernández Morales] hiciera llegar los recursos a las personas de las áreas que conforman Panamá Centro, contraviniendo la esencia y el objetivo principal del Plan Panamá Solidario”.

Otra debilidad que encontró la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia fue que la Fábrica de Quesos Joselito, que reclamaba el dinero de los bonos solidarios “no es parte de los comercios afiliados que se detallan en el listado” que acompaña los contratos de Vale General, S.A.

Entonces, ¿cómo es que en menos de un mes esta pequeña empresa llegó a acumular unos 48 mil bonos solidarios con valor de unos $960 mil?

No es todo. El informe cuestiona los controles en torno a las áreas geográficas a las que se asignaban los bonos solidarios. Dichos controles fallaron por completo, puesto que 48 mil bonos al portador, destinados a Panamá Centro, fueron a dar a Veraguas y luego a Herrera. Además, se entregaron bonos sin que se anotaran las secuencias numéricas de las libretas.

El informe añade la necesidad de evaluar los controles internos –cosa que se ignora si se hizo– en los formularios que sustentaban la entrega y recibo de los bonos solidarios; cuestiona la “falta de supervisión en la ejecución y desempeño del equipo de trabajo” y señala que hubo “incumplimiento” en la entrega de los informes sobre los bonos solidarios.

Los silencios

Cerca de dos años después de la auditoría, algunos involucrados han decidido guardar silencio sobre las irregularidades encontradas. Todos siguen trabajando para el Gobierno: en la Presidencia, en la Asamblea Nacional, en las comunidades o en sus comercios.

Hernández Morales, por ejemplo, es uno de ellos. Además de coordinar el área de Panamá Centro en el programa de los bonos solidarios, curiosamente se desempeñaba como asesor legal en una secretaría cuya función es, precisamente, dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de la Presidencia, secretaría que está a cargo del exministro Benjamín Colamarco.

Según Carrizo, “la deficiencia administrativa” que detalló la auditoría sobre el manejo de los bonos solidarios en cuestión “provocó el cese inmediato de sus funciones como coordinador de dicha área”.

Sin embargo, La Prensa comprobó que este funcionario aparece en la planilla de la Presidencia como empleado permanente, con el cargo de coordinador de Planes y Proyectos, devengando un salario mensual de $5 mil.

La Prensa llamó en varias ocasiones a la oficina de Hernández Morales en la Presidencia para una entrevista sobre el “seguimiento” que hizo de los bonos solidarios que fueron anulados tras las irregularidades descubiertas, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. Funcionarios de la Presidencia, que pidieron el anonimato, comentaron a La Prensa que las anomalías en este programa son visibles en los informes, pero que “nadie denunció”. Hernández Morales –añadieron– “se la pasa como si nada en su oficina”.

En cuanto la Fábrica de Quesos Joselito, esta sigue operando. Su dueño es Franklin Mitre. En un breve intercambio de palabras con La Prensa a finales de junio pasado, confirmó que sí había recibido los bonos, pero que no pudo cobrarlos, porque “el Ministerio de la Presidencia no me quiso pagar”.

Mitre aseguró que desconocía porqué no habían querido pagarle ese casi millón de dólares. Y hasta ahí llegó la entrevista, cuando este medio le preguntó cómo obtuvo $960 mil en bonos solidarios. Esquivó la interrogante alegando que tenía una agenda “muy apretada”, que luego daría la entrevista. Prometió dar fecha, hora y lugar, pero faltó a su promesa y luego ignoró cada una de las seis llamadas y mensajes enviados a su celular, incluido un cuestionario de siete preguntas sobre las anomalías señaladas.

Más silencios

Otro de los involucrados –Ariel Macías– es “promotor comunitario” en el circuito 8-10, aunque se desempeña como conductor de la diputada Cenobia Vargas (PRD) desde julio de 2019, con el salario que envidiaría un abogado del Estado: $2,250 al mes.

El informe de auditoría menciona que este promotor/conductor recibió 3 mil bonos solidarios –valorados en $60 mil– para ser repartidos durante la pandemia a familias sin recursos del circuito 8-10.

Sin embargo, varios cientos de estos bonos no llegaron a su destino, pues quedaron en manos de Mitre, el dueño de la quesería en La Arena, quien pretendía redimir su valor que, junto con los bonos entregados a la otra trabajadora comunitaria Lineth Grau, sumaban $18 mil.

Macías no es un completo desconocido. Un video de él se hizo viral en redes sociales en mayo de 2021, luego de que un empresario lo denunciara por una presunta amenaza de cerrar su local si no entregaba a un conocido de él batas quirúrgicas, pese a que no se habría cancelado el valor de la mercancía exigida.

En el video de seguridad del comercio en mención se escucha claramente cuando Macías –con un jacket del Ministerio de Salud (Minsa)– afirmó ser chofer de este ministerio. “Hacemos todo tipo de negocios porque estamos en pandemia”. El Minsa, a través de un comunicado, negó las afirmaciones de Macías. En tanto, su jefa inmediata, la diputada Vargas, guardó silencio, tanto en aquel momento como ahora, que no respondió las interrogantes de este medio.

Y no es todo. Este “promotor comunitario” y conductor en la Asamblea Nacional estuvo envuelto en cosas más serias. Reportes periodísticos de 2005 y 2006, dan cuenta que fue detenido por robo a locales comerciales.

Y en cuanto a la promotora comunitaria Lineth Garau, sus primeras palabras a La Prensa fueron de sorpresa. Grau, residente en La Chorrera, manifestó que sí recibió los bonos por un “trabajo social [vinculado al] de unas fundaciones” y universidades en Bethania, pero que nunca imaginó que, por haber firmado el recibido de los bonos como “coordinadora” del grupo, “quedaría envuelta en un escándalo de la Presidencia”. “Estoy en shock”, exclamó.

Grau, que pretende ser candidata independiente a representante de corregimiento, admitió “haber recibido los bonos, pero no conozco a nadie de los mencionados en la auditoría. No sé ni dónde queda esa fábrica de quesos”, afirmó.

La Prensa también buscó profundizar con la autora del informe, Marilín Pang, pero decidió no entrevistarse con este medio.

Ereida Prieto-Barreiro

Reportera Unidad de Investigación.