Dos meses después de la publicación de la Descentralización Paralela, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) pretende contratar por ”procedimiento excepcional” al abogado Ángel Luis Álvarez Torres por $190 mil para responder a siete requerimientos recibidos tras la investigación y dos previos.
La Prensa reveló el 16 de mayo pasado que la AND repartió más de $200 millones a juntas comunales por fuera de los programas establecidos en la ley, la mayoría con representantes del partido de gobierno o aliados. En total, fueron $242.9 millones para juntas comunales, municipios y organizaciones, distribuidos en 15 provincias y comarcas entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de mayo de 2023. Después, la rebatiña siguió recargada y al ritmo de la campaña del PRD: $18 millones más.
A raíz de eso, hubo denuncias formales, presentación de pedidos de acceso a información pública y distintas demandas ciudadanas para que la AND transparente, la Contraloría audite, la justicia investigue y la Fiscalía General Electoral garantice condiciones de igualdad en la campaña para las elecciones de 2024. Curiosamente, esa es la excusa de la institución encargada de administrar y transparentar los fondos para la nueva contratación.
En la AND, sin embargo, hay abogados: un Departamento Legal y 11 abogados contratados por un total de $17,200 dólares mensuales en la institución, además de un “asistente de abogado” con un sueldo de $1,200, según los datos de la planilla publicados en su web. El que más cobra, $4 mil por mes, es un delegado del PRD que comenzó a trabajar en septiembre de 2019.
La AND tiene quien lo represente legalmente, pero igual quieren contratar a uno más para responder sobre algo que debería hacer de rutina: cómo se reparten los fondos. ¿Para qué necesita otro abogado por $190 mil?
“Situación concreta”
Existe “una situación concreta”, con “elementos y circunstancias particulares” que “demanda una evaluación individual y precisa de los aspectos legales involucrados”, justifica la institución en un documento del acto número 2023-0-147-01-08-PE-000758 de “procedimiento excepcional”, publicado en Panamá Compra el 25 de julio pasado.
Enseguida precisa de qué se trata la “situación concreta”: siete requerimientos de la Procuraduría de la Administración y la Fiscalía Electoral tras la publicación de la investigación de La Prensa, más dos casos previos en la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, para responder por el reparto de fondos y las revelaciones de este medio, la AND necesita a alguien externo que arme los argumentos legales. Álvarez Torres se mostró dispuesto.
El abogado
Álvarez Torres presentó una propuesta de 11 páginas en el proceso, donde indica que recibió “con atención la solicitud de asesoría” y reconoce “la magnitud y complejidad de los desafíos jurídicos que la coyuntura implica”. También asegura que tiene “vasta experiencia en diversas áreas del derecho” y menciona dos: civil y penal.
Tal vez es más conocido por haber sido abogado de Zulay Rodríguez y defender a otro diputado perredista, Arquesio Arias, en el caso de abuso sexual hacia dos mujeres, una de ellas menor de edad. Arias fue declarado “no culpable” por la Corte en abril de 2021, pero Álvarez Torres siguió con las presentaciones: denunció penalmente al medio alternativo Foco por el #AquesioViolador.
Marcado por algunos como ficha del magistrado José Ayú Prado, obtuvo el año pasado idoneidad “para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia” por resolución 25-IMC-25 del 17 de junio, publicada en la Gaceta Oficial tres meses después.
En la propuesta, además, lista los “elementos recibidos” para analizar la situación que deberá encarar: superan a los especificados por la AND en la justificación e incluyen un historial de demandas, una de las denuncias del abogado Ernesto Cedeño y otras demandas.
La Prensa se comunicó con Álvarez Torres para consultarle si la contratación estaba efectiva y quién le solicitó una propuesta, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.
Los procesos
Los procesos que la AND debe responder a través de Álvarez Torres, son acciones iniciadas por distintos referentes y organismos del Estado. Siete de ellas tras la investigación de La Prensa, cuya primera entrega fue publicada el 16 de mayo.
Se trata de una nota de la Procuraduría de la Administración del 18 de mayo y cinco oficios de la Fiscalía General Electoral fechadas en julio, según el documento de justificación compartido por la AND en Panamá Compra.
Abogado Ernesto Cedeño presenta denuncia para que se investigue desvío de fondos millonarios a juntas comunales por parte de la Autoridad de Descentralización https://t.co/egkPB4Rae9
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 17, 2023
En la Corte Suprema de Justicia hay dos presentadas por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, que son anteriores. Vásquez insiste desde mediados de 2022 en conocer quiénes reciben las partidas de la descentralización, cuánto reciben, para qué y con qué criterios de entrega. Para averiguarlo, pidió informes a la AND, a la Contraloría y a otras entidades.
En la Justicia, presentó dos habeas data. La primera, del 6 de enero de este año, es contra Mosley Ibarra y fue al despacho del magistrado Olmedo Arrocha. La segunda es contra Alexander Alex Hepburn, representante del Ministro de la Presidencia en la junta directiva de la AND, y debe definirla Ángela Russo.
