El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desempeña un papel vital en la región. Aunque es sólo un actor pequeño en comparación con instituciones globales como el Banco Mundial, canaliza miles de millones de dólares hacia sus cinco Estados fundadores: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica.
Incluso afirma que sus préstamos representan cerca de la mitad de la financiación para desarrollo en Centroamérica, una de las zonas más pobres del hemisferio occidental. Sin embargo, ha recibido críticas por financiar gobiernos autoritarios y es parte de investigaciones por corrupción.
“El banco no es un modelo político”, dijo el presidente saliente del banco, Dante Mossi, este año en un evento en Washington, D.C., mientras enfrentaba críticas por proveer fondos al dictador nicaragüense Daniel Ortega.
Algunos no están de acuerdo.
Una investigación del OCCRP y medios aliados revela que el Banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente y otros donde los préstamos han sido desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos favoritos de los dictadores.
Un banco centroamericano de desarrollo ha financiado proyectos de infraestructura envueltos en escándalos de corrupción. ¿Quién se beneficia realmente? https://t.co/OWWTslNOv5 #ElBancoDeLosDictadores
— El CLIP (@CLIP_AmericaLat) October 31, 2023
Mientras en Guatemala una investigación muestra que el gigante de la construcción Odebrecht utilizó millones de dólares de un préstamo del BCIE para pagar a funcionarios estatales, en Costa Rica fiscales investigan a los responsables de administrar los préstamos del BCIE al organismo estatal CONAVI, que supervisa la construcción de carreteras, de formar parte de otra trama de sobornos.
Una fuente de “efectivo fácil”
Según las pruebas recogidas en el expediente policial del caso, tres ejecutivos del organismo CONAVI habrían operado un esquema de tráfico de influencias y sobornos para beneficiar a empresas constructoras que trabajaban en varios proyectos respaldados por el Estado. La fiscalía costarricense está recabando pruebas y evaluando presentar una acusación formal sobre las personas y empresas indagadas.
Uno de ellos era una carretera de circunvalación alrededor de la capital, construida por un consorcio que incluía a la constructora costarricense H. Solís, a la que el BCIE acordó prestar hasta casi 223 millones de dólares.
El OCCRP trabajó con Columbia Journalism Investigations (CJI) -una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia- y con miembros del proyecto de colaboración periodística centroamericana Redacción Regional, incluyendo ContraCorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, Dromómanos en México, La Prensa en Panamá, y Divergentes y Confidencial en Nicaragua, junto con KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) en Taiwán.
Según la policía, en las escuchas telefónicas que aparecen en el expediente del caso señalan al propietario de la empresa y a funcionarios de la CONAVI discutiendo cómo podrían obtener más dinero del banco, al que veían como una fuente fácil de efectivo.
En una de las escuchas incluidas en el expediente del caso, uno de los funcionarios de CONAVI indagados, Carlos Solís Murillo, le dice a Mélida Solís, la jefa de la constructora H. Solís, que el banco es tan laxo que sólo hay que “pedir permiso al BCIE” para una línea de crédito y ellos “la aprueban ahí mismo”.
Ambos (Carlos Solis Murillo y Melida Solis) ingresaron en prisión preventiva en 2021 como sospechosos de tráfico de influencias y cohecho.
Los fiscales señalaron a esta alianza periodística que continúan las investigaciones sobre 79 personas y 15 empresas implicadas en el escándalo de aparentes sobornos.
Al parecer, el BCIE aún no ha desembolsado ninguno de los fondos del préstamo, según los datos que figuran en el sitio web del banco. El banco no respondió a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron Solís Murillo ni Melida Solís.
Mossi dijo que el escándalo de corrupción había girado en torno a “las aprobaciones internas en el Gobierno de Costa Rica”, por lo que no era responsabilidad del banco.
De proyectos a políticas públicas
Si bien el cuestionable enfoque del BCIE con respecto a los préstamos se remonta a años atrás, los reporteros encontraron que el banco ha adoptado nuevas prácticas desde que Mossi asumió la presidencia a fines de 2018, lo que ha dificultado el monitoreo de cómo los gobiernos usan sus fondos.
Bajo el liderazgo de Mossi, el BCIE comenzó a otorgar los llamados “préstamos basados en políticas”, un tipo de financiamiento destinado a ayudar a los países a alcanzar objetivos de gran envergadura, como la reducción de la pobreza, en lugar de un proyecto específico. Sus defensores afirman que este enfoque más flexible permite a los gobiernos establecer sus propias prioridades.
Pero los críticos afirman que estos préstamos son difíciles de supervisar y que es fácil abusar de ellos. Como el dinero va directamente a las arcas de los gobiernos, es difícil saber cómo se ha gastado. Y como la financiación no se destina a un proyecto concreto, es imposible determinar si se ha utilizado eficazmente.
“Financiábamos proyectos y ahora financian políticas. Y las políticas son cada vez menos claras en términos de lo que van a lograr”, dijo Alberto Cortés, otro de los ex directores del BCIE en Costa Rica.
Según correspondencia obtenida por los periodistas de esta investigación, varios de los directores del BCIE se opusieron a la introducción de préstamos basados en políticas, expresando su preocupación por la transparencia y argumentando que era contrario a las normas del banco financiar los gastos cotidianos de los Estados miembros. Mossi agravó sus preocupaciones al decir que los préstamos no necesitarían ser auditados, escribieron.
“Dado que el dinero es algo fungible, una vez depositado en la cuenta pública puede utilizarse para cualquier tipo de gasto corriente, y no para el destino o la política pública originalmente otorgados”, decía la correspondencia obtenida por Columbia Journalism Investigations.
“Esto se ve agravado por problemas de falta de transparencia, rendición de cuentas y sistemas de contaduría en los sistemas de control presupuestario de los países beneficiarios”.
En conversación con OCRRP, Mossi defendió los “préstamos basados en políticas” que hizo el banco, afirmando que se habían implementado a petición de Costa Rica, con la aprobación de la junta directiva. Cuando se popularizaron a raíz de la pandemia debido a “la liquidez que se generó”, el BCIE comenzó a tratar de limitar el uso de estos préstamos para preservar el enfoque “tradicional” del banco de financiar proyectos de infraestructura, dijo. También rechazó la idea, planteada por algunos dentro del banco, de que había empezado a conceder “préstamos basados en políticas” para ganarse el favor político.
“Lo hicimos por necesidad... para los países y no por necesidad mía de ser reelegido”, le dijo Mossi a OCCRP. “Mucha gente vio mi deber de servir a los países como una ... campaña de ventas de parte mía para seguir siendo presidente. Yo dije: ‘Ése no es mi propósito’”.
Los datos publicados en el sitio web del BCIE muestran que aprobó 13 préstamos “basados en políticas de desarrollo” entre 2020 y 2022, por un total de más de 2.500 millones de dólares. Algunos dan objetivos específicos, como apoyo durante la pandemia o para combatir el cambio climático, pero casi la mitad sólo dan descripciones vagas, como “apoyar acciones de política pública y resultados de desarrollo.”
Entre estos préstamos se incluye uno de 250 millones de dólares que, en última instancia, se destinaría a apoyar a la empresa estatal de electricidad de Honduras, notoriamente corrupta.
Sospechas en Honduras
Múltiples estudios han detallado la corrupción dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que el Carnegie Endowment for International Peace llamó parte de “la red cleptocrática del país.” Incluso el actual gobierno hondureño ha arremetido contra la ENEE, diciendo que bajo administraciones anteriores fue parte de uno de los esquemas de corrupción más grandes del país en décadas.
La ENEE no respondió a una solicitud de comentarios. Mossi enfatizó que el préstamo no se otorgó directamente a la ENEE, y señaló que todos los préstamos del BCIE basados en políticas incluían cláusulas anticorrupción.
Finn Tarp, exdirector del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, dijo que era muy problemático otorgar préstamos basados en políticas a organizaciones con un historial de corrupción.
Presidente Bukele, muchas gracias por nuestra colaboración en tener una economía eficiente y al servicio del pueblo, junto al @BCIE_Org @CABEI_Org https://t.co/1MeKHK8toh
— Dante Mossi (@DanteMossi) January 13, 2021
“Si existe documentación independiente sobre el comportamiento de empresas tan grandes, y aun así reciben estas inyecciones masivas de capital... obviamente, hay algo que no funciona”, dijo Tarp, que ahora es profesor de economía del desarrollo en la Universidad de Copenhague.
Mossi rechazó la idea de que se esté haciendo mal uso de los “préstamos basados en políticas” del BCIE. “Centroamérica es más sensata que otras partes del mundo”, dijo al OCCRP. “Creo que los riesgos están totalmente mal calculados... Quiero decir, esto no es Europa en absoluto, pero tampoco es África”.
Pero incluso con otros tipos de préstamos, los reporteros descubrieron que los gobiernos no siempre han utilizado los fondos del BCIE según lo previsto. Un tercio del segundo mayor préstamo del banco hasta la fecha -600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia en El Salvador- se malgastó cuando más se necesitaba.
Investigación y análisis de datos: Romina Colman (OCCRP). Investigación de Angus Peacock (OCCRP)
Traducción: Matías Godoy, para CLIP.
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