El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se creó en 1960, cuando la Guerra Fría marcaba el destino de América Latina. Con sede en Honduras, el banco nació poco después que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respaldado por Estados Unidos (EU), con el fin de dar a sus miembros un mayor control sobre su propio desarrollo.
Tras una tumultuosa década de 1980 marcada por una crisis de la deuda en Centroamérica, el banco se expandió globalmente, incorporando nuevos miembros como Taiwán, México, España y Panamá. Con la reciente incorporación de Corea del Sur, el BCIE cuenta ahora con 15 miembros y con activos de más de 13.800 millones de dólares.
A lo largo de los años, periodistas han descubierto que el BCIE ha respaldado proyectos envueltos en escándalos. Aunque con años de diferencia, varios guardan similitudes sorprendentes.
Una investigación colaborativa transnacional de OCCRP en alianza con diez medios, incluido La Prensa, recopiló más de 500 operaciones del banco aprobadas en el último cuarto de siglo. En conjunto, los resultados muestran cómo los fracasos del BCIE han permitido el desperdicio y la corrupción en una de las regiones más desiguales del planeta.
El OCCRP trabajó con Columbia Journalism Investigations (CJI) -una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia- y con miembros del proyecto de colaboración periodística centroamericana Redacción Regional, incluyendo ContraCorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, Dromómanos en México, La Prensa en Panamá, y Divergentes y Confidencial en Nicaragua, junto con KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) en Taiwán.
Registros citados en una investigación realizada por fiscales anticorrupción de Guatemala, respaldados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), muestran que el gigante de la construcción Odebrecht, salpicado por un escándalo de corrupción, utilizó millones de dólares de un préstamo del BCIE para pagar a funcionarios estatales en Guatemala.
Sobornos de Odebrecht
Uno de los funcionarios guatemaltecos a los que habrían recibido fondos, según los registros de la CICIG, fue el ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, que actualmente está siendo juzgado por múltiples casos de corrupción.
No Ficción y Redacción Regional, socios de OCCRP, obtuvieron una copia del testimonio que Sinibaldi dio a los fiscales guatemaltecos, en el que implica al BCIE en el supuesto esquema de sobornos.
Según el relato de Sinibaldi, el exdirector guatemalteco del BCIE fue “fundamental” en el plan que permitió a Odebrecht asegurar condiciones preferenciales en su contrato para construir parte de una importante autopista.
En un relato de 41 páginas a los fiscales, el exministro alegó que el funcionario bancario recibió sobornos de Odebrecht y sobornó a otros directores del BCIE para aprobar los cambios.
Los periodistas no pudieron corroborar de manera independiente las afirmaciones de Sinibaldi, incluidos los pagos específicos a funcionarios del BCIE.
El exdirector de ese banco que Sinibaldi mencionó en su testimonio, Oscar Humberto Pineda Robles, negó a esta alianza periodística haber pagado o recibido sobornos, subrayando que su nombre nunca ha aparecido en ningún caso ante las cortes relacionado con Odebrecht.
“TODO LO MALICIOSAMENTE ATRIBUIDO A MI PERSONA POR ESE REPROCHABLE Y PERVERSO PERSONAJE [Sinibaldi] ES, SIN EXCEPCIÓN, UNA ABSURDA MENTIRA” (sic), escribió Pineda en un correo electrónico a OCCRP.
El propio Sinibaldi negó cualquier implicación en el esquema de sobornos de Odebrecht, afirmando que nunca se había reunido con Pineda. También sostuvo que el testimonio obtenido por los periodistas era una falsificación creada para desacreditarle.
“Niego categóricamente haber proporcionado dicha declaración”, escribió a OCCRP, afirmando que el testimonio había sido fabricado “con el objetivo de generar conflicto con importantes actores políticos, funcionarios públicos y congresistas de Guatemala”.
Los reporteros confirmaron la autenticidad del testimonio con la fiscalía de Guatemala y dos personas cercanas al caso Odebrecht.
Fuentes dentro del banco, que tenían conocimiento del caso en ese momento, dijeron que era sabido dentro de la institución que los funcionarios habían recibido pagos relacionados con Odebrecht.
“Se sabía en ese momento que el director recibía dinero por el préstamo, y que muchos políticos recibían dinero por el préstamo, y que muchos empleados del banco recibían mucho dinero por el préstamo”, dijo uno de ellos.
Los reporteros también obtuvieron una copia de las enmiendas al contrato, que fueron aprobadas por el BCIE, redefiniendo los costos del proyecto y asegurando a Odebrecht un adelanto de 73 millones de dólares.
Odebrecht, ahora Novonor, dijo desconocer la existencia de tratos ilícitos entre sus representantes y funcionarios del BCIE.
Casi dos docenas de personas han sido detenidas o encarceladas en relación con el esquema de Odebrecht, y otras más se enfrentarán a juicio. Entre ellos se encuentra Sinibaldi, que fue incluido por “corrupción significativa” en la Lista Engel (2019), la nómina elaborada por el gobierno estadounidense sobre figuras que, según su criterio, socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Sinibaldi ahora se enfrenta a juicio por este y varios otros presuntos escándalos de corrupción de cuando estaba en el cargo.
(Sinbaldi no hizo comentarios sobre los otros casos que enfrenta).
Un proyecto cuestionado
En otro largo caso de corrupción en Guatemala, reporteros descubrieron que el BCIE ha seguido financiando el controvertido proyecto de la carretera Franja Transversal del Norte incluso después de que se viera envuelto en un escándalo.
En 2008, el banco aprobó hasta 203 millones de dólares para el proyecto, que iba a ser construido por Solel Boneh FTN, una filial de Shikun & Binui, empresa israelí líder en infraestructura y bienes raíces.
Pero las auditorías públicas guatemaltecas obtenidas por OCCRP documentaron una letanía de problemas en los años siguientes. Las obras de la autopista fueron citadas repetidamente por problemas de construcción y fallos en la supervisión, lo que llevó a múltiples suspensiones.
Solel Boneh cuestionó las críticas en las respuestas citadas en las auditorías, pero no respondió a las solicitudes de comentarios de OCCRP.
En 2017, una comisión respaldada por las Naciones Unidas y el Ministerio Público de Guatemala presentó hallazgos de que Solel Boneh y su holding habían sobornado a Sinibaldi a través de una serie de empresas offshore mientras era diputado y, más tarde, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del país.
Sinibaldi no respondió a las preguntas sobre la Franja Transversal del Norte a tiempo para esta publicación. Tampoco Solel Boneh.
Según fuentes oficiales, al menos una docena de personas ya han sido condenadas en relación con este escándalo de corrupción.
A pesar de las revelaciones, el BCIE prorrogó el año pasado su préstamo para la Franja Transversal del Norte por otros 12 meses, hasta abril de 2023. A finales de octubre, los datos del sitio web del banco mostraban que había desembolsado casi 185 millones de dólares.
Unos 15 años después de que el BCIE acordara por primera vez financiar el proyecto, la autopista sigue incompleta. Incluso después de los escándalos y los retrasos, los documentos del gobierno muestran que en agosto del año pasado Solel Boneh FTN seguía siendo el contratista para terminar la construcción, después de que el BCIE hubiera ampliado su préstamo para la autopista.
Mossi, presidente saliente del BCIE, admitió a OCCRP que la Franja Transversal había enfrentado “muchos problemas” incluido los desafíos legales de los propietarios de tierras y los daños causados por huracanes. Dijo que el banco había accedido a extender el préstamo porque era un subcontratista de Solel Boneh, el que había sido acusado de corrupción.
“El Gobierno y el BCIE realizaron la debida diligencia sobre el caso, y concluyeron que el comportamiento de la persona no estaba relacionado con la empresa. Por lo tanto, la ejecución del contrato continuó”, dijo a OCCRP.
Mossi dijo que había heredado una serie de proyectos fallidos cuando asumió su cargo a fines de 2018. “El banco hizo muchos préstamos al sector privado que salieron mal”, dijo. “Puedo decirte que al menos hubo unas dos docenas de proyectos realmente fallidos”.
Nick Rischbieth, presidente del BCIE antes que Mossi, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Investigación y análisis de datos: Romina Colman (OCCRP). Investigación de Angus Peacock (OCCRP)
Traducción: Matías Godoy, para CLIP.
Vea la tercera entrega del especial sobre el BCIE en Centroamérica: Costa Rica investiga un esquema de tráfico de influencias y sobornos para beneficiar a empresas
