A mediados de noviembre próximo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) nombrará a un nuevo presidente ejecutivo para los próximos cinco años. Quien tome el timón del principal banco regional de inversiones de Centroamérica, lo hace en un momento clave de su historia.
Aunque es sólo un actor pequeño en comparación con instituciones globales como el Banco Mundial, el BCIE desempeña un papel vital canalizando miles de millones de dólares hacia sus cinco Estados fundadores, la mayoría con bonos calificados como “basura”: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica. También -y cada vez más- a Panamá.
Durante la pandemia de la covid-19, concedió más de mil millones de dólares en préstamos y subvenciones para mantener a flote a los países de una de las zonas más pobres del hemisferio occidental. Fue un salvavidas y, sobre todo, una fuente clave de financiación para los líderes autoritarios de la región.
Presidente Bukele, muchas gracias por nuestra colaboración en tener una economía eficiente y al servicio del pueblo, junto al @BCIE_Org @CABEI_Org https://t.co/1MeKHK8toh
— Dante Mossi (@DanteMossi) January 13, 2021
“No importa cuál sea la política mientras los pobres estén recibiendo servicios”, dijo el presidente saliente del banco, Dante Mossi, en un evento en Washington, D.C. este año, para defenderse de las críticas por proveer fondos al dictador nicaragüense Daniel Ortega.
Ahora, una investigación colaborativa transnacional del proyecto Occrp en alianza con diez medios, incluido La Prensa, recopiló al menos 500 operaciones del banco aprobadas en el último cuarto de siglo. En conjunto, los resultados muestran cómo un banco creado para promover el desarrollo en una de las regiones más desiguales del planeta, quedó enredado en casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y numerosas irregularidades.
El OCCRP trabajó con Columbia Journalism Investigations (CJI) -una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia-, con La Prensa en Panamá y con miembros del proyecto de colaboración periodística centroamericano Redacción Regional, incluyendo ContraCorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, Dromómanos en México, Divergentes y Confidencial en Nicaragua, junto con KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) en Taiwán.
Hallazgos
Los hallazgos del especial investigativo, cuyas primeras seis entregas están disponibles en el sitio web de La Prensa, revelan que en Guatemala los fondos del BCIE habrían sido usados por la gigante de la construcción Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios estatales con el fin de construir una autopista. Mientras que en Costa Rica, los millones prestados fueron vistos como una fuente fácil de dinero en efectivo por personas investigadas por formar parte de otro caso de corrupción en curso en el país.
En El Salvador, un tercio de un préstamo de $600 millones para ayudar a pequeñas empresas se malgastó cuando más se necesitaba: el presidente Nayib Bukele desvió la mayor parte para financiar su capricho de convertir al bitcoin en moneda nacional.
El BCIE también ha suscitado un creciente coro de críticas por financiar a los líderes autoritarios, como Ortega en Nicaragua. Incluso fue nombrado en el Senado de Estados Unidos en junio pasado, cuando presentaron una legislación pidiendo al Departamento de Estado que restringiera las inversiones y los préstamos que benefician al gobierno de Nicaragua.
Además, los nuevos préstamos “basados en políticas” de Mossi, por un total de más de $2,500 millones entre 2020 y 2022, están envueltos en denuncia por corrupción y falta de transparencia en Honduras.
En Panamá también
Panamá es parte del BCIE desde el 2006, cuando el entonces presidente Martín Torrijos firmó el convenio constitutivo como “país beneficiario no fundador”. Desde entonces, financió una veintena de proyectos por cientos de miles de millones de dólares, incluidos algunos muy controvertidos como la hidroeléctrica Barro Blanco, el corredor de Playas y la Central de Generación de Energía Gas Natural Atlántico (GANA).
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, las ayudas se multiplicaron. Financiamiento parcial para el Programa Vale Digital Panamá Solidario, atención de inundaciones en Panamá y Colón, además de otro para asistir a las zonas afectadas por el huracán ETA.
Al menos siete del listado de los firmados por Cortizo fueron para atención de la pandemia del covid-19, por más de $400 millones, según la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a un pedido de acceso de información pública presentado por La Prensa.
Felicidades al nuevo Presidente de Panama Laurentino Cortizo @NitoCortizo- felicidades desde el BCIE. @bcie.org @cabei.org pic.twitter.com/DBAAgDkpgU
— Dante Mossi (@DanteMossi) July 1, 2019
Estos fondos de emergencia, ¿fueron invertidos según lo previsto? ¿sirvieron para lo que venían a resolver?
Es difícil establecerlo. El MEF evadió las preguntas relacionadas al estado de ejecución, avance y condiciones. Según los hallazgos de la investigación transnacional, es algo usual.
Al menos dos exdirectores del BCIE, así como personas que han trabajado con el banco, dijeron que éste tiene controles más débiles sobre sus préstamos que otros bancos de desarrollo.
“Ciertamente no me parece que exista un procedimiento de auditoría como el que tiene el Banco Mundial”, dijo Carlos Acevedo, ex director del Banco Central de Reserva de El Salvador, que canaliza los préstamos del banco de desarrollo al país. Y agregó que el banco funciona como un “club de amigos”, en el que se priorizaba la política por encima de las inversiones sensatas.
Este enfoque laxo de los préstamos parece haber empeorado desde que Mossi asumió el cargo en diciembre de 2018, de acuerdo con múltiples fuentes y documentos internos obtenidos por periodistas de la alianza.
Los riesgos
El reportaje principal, firmado por algunos de los periodistas de esta alianza, expone que a partir de que Mossi asumió la presidencia, el BCIE comenzó a otorgar préstamos “basados en políticas”, un tipo de financiación con pocas condiciones que, según los críticos, se malversa fácilmente.
En ese lapso, los gobiernos autoritarios de El Salvador y Nicaragua recibieron la mayor parte de los fondos del banco. Esto, para expertos, conlleva riesgos reputacionales que pueden traducirse en riesgos financieros.
En diciembre de 2021, nueve de los directores nacionales del BCIE escribieron a su Junta de Gobernadores para expresar su preocupación por el estancamiento de sus resultados y por lo que consideraban una falta de transparencia en torno a sus inversiones.
Plantearon “gran preocupación por la gestión y los parámetros financieros del Banco y las serias preocupaciones planteadas sobre su adecuada gobernanza”, citando un desplome en la rentabilidad del BCIE y el rendimiento de sus activos desde 2018, cuando Mossi asumió la presidencia.
El análisis del Occrp muestra que las finanzas del banco han empeorado desde entonces, con una caída en ingresos y un aumento en provisiones para préstamos y costes incobrables.
Ottón Solís, uno de los exdirectores del BCIE en Costa Rica, dijo que se quejó de la cultura de gastos excesivos del banco cuando aún trabajaba allí en 2018. “Parece el banco de una economía petrolera del Golfo Pérsico”, declaró al periódico El País. “Estos excesos son incompatibles con los objetivos de desarrollo del BCIE y con los niveles de renta de la mayoría de los habitantes de la región”, agregó.
*Por Eli Moskowitz y Jonny Wrate, de Occrp; Madeline Fixler, Andrew Little y Mariana Castro, de Columbia Journalism Investigations, Bill Barreto (No Ficción), Ernesto Rivera (Lado B) y Daniel Valencia (Redacción Regional).
Datos: Romina Colman (Occrp). Investigación de Angus Peacock (Occrp)
Traducción: Matías Godoy, para CLIP.
