Desde 2019 hasta ahora, Bagatrac, S.A ha obtenido nueve proyectos estatales, por un total de $268 millones. El gobierno de Laurentino Cortizo la eligió para reconstruir una carretera dañada por coletazos de huracanes; extender una carretera de Cerro Punta hasta la Panamericana y dotar con acueducto y asfalto a una vía que conduce a la zona donde se ubica una finca que la propia empresa le vendió –en una triangulación– al diputado Benicio Robinson (PRD).
Todo eso lo contó La Prensa en publicaciones anteriores. El dato nuevo es cómo consiguió Bagatrac –cuyo dueño Alberto Jurado Rosales, alias “Beto Bagatrac” confesó el pago de coimas millonarias en el caso Blue Apple– financiar obras que, tanto el Ministerio de Obras Públicas (MOP), como el de la Presidencia, le otorgaron en procesos excepcionales o en licitación, a veces sin cumplir el pliego de cargos. Bagatrac no tuvo que ir muy lejos: el financiamiento provino del propio Estado.
La estatal Caja de Ahorros financió el 100% de dos proyectos que la empresa obtuvo con contratos llave en mano: “Diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles y caminos del distrito de Changuinola”, por $67 millones; y el “Diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles y caminos del distrito de Almirante y Bocas del Toro”, por otros $34 millones. Ambos proyectos tenían un precio de referencia menor que el de adjudicación , y fueron por encargo del MOP, bajo la gestión de Rafael Sabonge.
Adjuntos
29-facsimile-unidad.jpgUna institución pública que se presenta como el banco de la familia panameña fue el banco que aportó los dineros a Bagatrac, a pesar de que su dueño confesó en 2018 haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
Lo niegan, pero lo justifican
En febrero del 2021, la carta intención de la Caja de Ahorros para financiar el “Diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles y caminos del distrito de Changuinola” fue publicada en el sitio oficial Panamá Compra. Un mes después, pasó lo mismo con otra obra: la reparación de calles y caminos en Almirante y Bocas del Toro. Ambos proyectos tenían un precio de referencia menor que el de adjudicación y ambos financiamientos están firmados por el hoy exgerente general de Caja de Ahorros Andrés Farrugia, y por el actual gerente comercial de ese banco, Franklin Domínguez.
Si bien no es raro que la Caja de Ahorros otorgue créditos para este tipo de obras, ¿por qué lo haría con una empresa cuyo dueño es confeso de pagar coimas? ¿Aprobó la debida diligencia? ¿Consideraron este riesgo, con consecuencias para la reputación del banco? ¿Tiene este banco políticas para relacionarse con compañías confesas o investigadas por actos ilícitos?
La Prensa remitió un cuestionario con algunas de esas preguntas a la Caja de Ahorros. También se le consultó si suele financiar proyectos llave en mano por el 100% del valor total de la inversión estatal. El actual gerente del banco, Juan Melillo, respondió a través de su departamento de Relaciones Públicas que sí realizan la debida diligencia.
Como en un copy and paste de los estatutos, Melillo anotó: “Al momento de establecer relaciones comerciales con clientes considerados de alto riesgo, aplica la debida diligencia ampliada de manera exhaustiva, a fin de profundizar el conocimiento sobre la información del cliente, el origen y destino de los recursos, así como el propósito de las transacciones”.
Entonces La Prensa envió más preguntas para solicitar respuestas menos genéricas. “¿Por qué la Caja de Ahorros financia proyectos llave en mano de empresas como Bagatrac, S.A., confesas de corrupción?”.
Melillo confirmó entonces la veracidad de las cartas de intención de financiamiento, cuestión que había evitado en previas respuestas. Pero, a su vez, negó que se haya financiado al 100% dicho proyecto. Según el gerente, una vez se adjudica la obra, “los montos a financiar son definidos según las políticas internas del banco, en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones correspondientes”.
¿Y cuáles son las políticas de la institución en relación a empresas acusadas, condenadas o que han admitido culpa en actos de corrupción? “Cada institución financiera, privada o estatal, según su giro y modelo de negocio, tiene políticas y manuales de procedimientos internos, basados en regulaciones y normas de mejores prácticas bancarias”, dijo Melillo, eludiendo dar una respuesta concreta.
Entonces, ¿Cuáles son las políticas de la Caja de Ahorro? Melillo siguió dando evasivas: “No es común ni recomendado que ninguna institución financiera haga públicos este tipo de documentos, para salvaguardar la correcta implementación y puesta en práctica de estos”.
Todo sea por el empleo
El gerente de la Caja de Ahorros justificó, además, la relación comercial de la Caja de Ahorros con Bagatrac, S.A. y la catalogó como una empresa con “experiencia comprobada, fortaleza financiera” y que “no tiene casos judiciales en curso”.
Según Melillo, una relación con una empresa confesa de pagar sobornos a funcionarios a cambio de obras estatales no genera un daño reputacional al llamado “banco de la familia panameña”, ya que los riesgos están medidos. “Como banco estatal, estamos comprometidos a apoyar proyectos que favorecen el crecimiento del país, desarrollo social y la generación de empleo”, se justificó.
Agregó que el banco que dirige tiene la posibilidad de financiar proyectos llave en mano, ya que las operaciones bancarias cumplen a cabalidad los “requerimientos, normativas y reglamentos establecidos por los entes reguladores”. Consideró que es responsabilidad de la Caja de Ahorros ser “un brazo financiero importante para el desarrollo del país, la generación de empleo y la reactivación económica”.
El empleo parece ser el eje para justificar sus cuestionables operaciones. “Estas obras beneficiarán a un número importante de panameños en áreas vulnerables”, dijo Melillo sobre la decisión de financiar las obras de Bagatrac.
En su página web, la institución bancaria dice otra cosa. Dice “ser el banco de la familia panameña, creado con la responsabilidad social de brindar soluciones de vivienda y fomentar el hábito del ahorro, ofreciendo a nuestros clientes una amplia variedad de productos y servicios financieros, sin dejar a un lado nuestro compromiso con el desarrollo sostenible”, un desarrollo que ha permitido a Bagatrac sostener una relación de provecho con el Estado que traicionó cuando le pagó sobornos a sus funcionarios.
Silencio
La Prensa envió cuestionarios y llamó por vía telefónica a Alberto Jurado Rosales, gerente general de Bagatrac S.A, para conocer su posición respecto a este tema, pero al igual que sucedió con la carretera desde la vía Panamericana a Volcán, las obras por la emergencia ambiental causada por los coletazos de los huracanes ETA e IOTA en 2020 y la casa de Benicio Robinson en Boquete, no ha habido respuestas.
