El vicepresidente de la República y candidato presidencial José Gabriel Gaby Carrizo (PRD) calificó de “ataques” los cuestionamientos a su decisión de no denunciar ante el Ministerio Público (MP) un posible fraude contra el Estado, a través de la redención de miles de bonos solidarios, valorados en casi $1 millón, que terminaron en una quesería artesanal en Herrera.
A través de un video elaborado por su equipo de campaña y divulgado en sus redes sociales, Carrizo reafirmó que los bonos solidarios los intentó redimir –en efectivo– el dueño de la quesería Joselito, en Chitré, pero que uno de los proveedores del plan Panamá Solidario alertó sobre el hecho.
El dueño de la quesería, Franklin Mitre, confirmó a La Prensa haber recibido los bonos, sin revelar cómo los obtuvo.
El video de Carrizo –de unos 3 minutos y medio de duración– empezó a circular una semana después de que este medio le enviara una solicitud de información sobre la recomendación de la oficina de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia, que expresamente solicitó que se presentara una denuncia en el Ministerio Público, sobre lo sucedido con la quesería.
Carrizo respondió en muy pocas palabras, sin ofrecer los detalles que ahora contó a su equipo de campaña en el video que él mismo puso a circular en sus redes. Aseguró –sin mostrar pruebas de ello– de que “nadie se robó un dólar” del programa Panamá Solidario.
“Ese hallazgo [de casi $1 millón en bonos manejados de forma irregular] se dio, en efecto. Llegaron unos bonos del programa Panamá Solidario, pero ya la medida [de control] que habíamos establecido impidieron que esos bonos fueran canjeados, porque una de las condiciones era que el comercio [banco] no podía redimir ese bono, en un comercio que no estaba en la lista que suscribimos con ellos”, indicó Carrizo, quien no explicó por qué ese negocio, tan pequeño, tenía esa cantidad en bonos.
Dijo que no va a “satanizar” el programa Panamá Solidario por “un hallazgo [de irregularidades] del 0.6% [del programa]”. Reconoció que la auditoría interna también detectó fallas administrativas, que “acatamos de manera inmediata a través de la comisión interministerial; se removieron a los responsables y el programa siguió avanzando…”
Sin embargo, La Prensa detectó que el coordinador de Panamá Centro, Juan Hernández, continúa con su mismo cargo en el Ministerio de la Presidencia, como revela la planilla de la entidad.
Carrizo, quien aspira a la Presidencia del país en las próximas elecciones, aseguró que se crearon las reglas en el plan social para evitar que hubiese “lesión patrimonial, [y] corrupción en un programa que ha sido transparentado al 100%”. Sin embargo, omitió mencionar que las irregularidades tampoco fueron objeto de fiscalización de la Contraloría General. Lo ocurrido con la quesería se conoce es porque Vale General, S.A., advirtió a la Presidencia que Joselito estaba intentando canjear $960 mil en bonos, pese a que no es parte de los comercios afiliados al programa.
“Algunos están hablando de unos bonos en una quesería que nunca se cambiaron… porque desde antes de que diseñáramos Panamá Solidario, establecimos unas reglas que iban a impedir que esa discrecionalidad sucediera porque esos recursos son de todos los panameños y tenemos que cuidarlos”, resaltó.
Carrizo indicó que con esos bonos solo se podía comprar “medicamentos, comida y artículos de primera necesidad”, porque “no queríamos que esos bonos quedaran en una cantina, en una abarrotería o que fueran cambiados en una quesería que no tiene nada que ver con el programa Panamá Solidario”, dijo exaltado.
Miembros de la sociedad civil cuestionaron la decisión del funcionario de no denunciar ante el Ministerio Público los hallazgos de la auditoría, como se recomendó, por lo que se preguntaron si todo se trata de una “complicidad para encubrir” a los responsables.
La auditoría identificó, además de Hernández, a otros posibles responsables de las irregularidades: el representante y presidente del Consejo Provincial de Veraguas, Eric Ramos, y dos promotores comunitarios: Lineth Grau y Ariel Macías, este último, un conductor de la diputada Cenobia Vargas (PRD).
El contralor Gerardo Solís restó importancia a los hallazgos. Indicó que revisó la rendición de cuentas del Ministerio de la Presidencia “y dentro del examen correspondiente se observó que [los bonos] no fueron pagados… por lo que no hubo perjuicio económico ni lesión patrimonial…”.
Solís señaló que, “por economía procesal, es más conveniente no malgastar recursos del Estado en esos procesos [que no detectaron lesión patrimonial]”. Resaltó que su decisión obedecía al “buen uso de los recursos del Estado”. Desechando de esta manera, cualquier intensión de investigar el hecho.
La Prensa observó que múltiples personas, con comentarios a favor de las explicaciones de Carrizo en redes sociales, podrían pertenecer a un call center. La mayoría de sus defensores se siguen mutuamente, no tienen casi comentarios en sus redes, pero sí tienen seguidores que suman cientos de cuentas.
El abogado Ernesto interpuso ante el procurador de la Administración, Rigoberto González, una denuncia administrativa contra el Ministerio de la Presidencia, en la que solicita “examinar la conducta oficial” de estos funcionarios por no asumir los controles en el manejo de los bonos solidarios.
