El abogado Rafael Araúz Canto, socio de la exdiputada Zulay Rodríguez, fue aprehendido esta semana como parte del proceso por la apropiación de 68 kilos de oro propiedad del comerciante mexicano José Luis Penagos, ya fallecido.
La aprehensión se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre, cuando Araúz se encontraba en compañía de su madre, Luz Canto de Araúz, cerca de Coronado, en Chame, provincia de Panamá Oeste. Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional habían estado siguiendo a la señora durante varios días y, hasta ese momento, desconocían cuál era el paradero de su hijo.
Los Araúz están siendo investigados por la denuncia presentada por Juan David Penagos Ríos, por la presunta comisión de al menos cuatro delitos: contra el patrimonio económico (en las modalidades de hurto con abuso de confianza y estafa), contra el orden económico (blanqueo de capitales), contra la seguridad colectiva (asociación ilícita para delinquir) y contra la administración de justicia (prevaricato).
Penagos Ríos, hijo de José Luis Penagos, también denunció a la exdiputada Rodríguez y a su esposo, Álvaro Testa. La Oficina Judicial ha intentado localizar a Testa en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde trabaja, y en su residencia, en un edificio en Bella Vista. En la ACP informaron que estaba de vacaciones hasta el 16 de septiembre.
Dado que la señora Luz de Araúz tiene 76 años de edad, no fue conducida por los agentes de la DIJ, que sí se llevaron a su hijo Rafael.
El abogado pasó la noche detenido y al día siguiente fue conducido ante un juez de garantías, quien legalizó la aprehensión y modificó las medidas cautelares personales. Ahora debe notificarse una vez al mes y tiene prohibido abandonar el país.
En cuanto a la exdiputada, aún no ha sido imputada, ya que no compareció a las audiencias convocadas en cuatro ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, cuando esta instancia tenía la competencia para investigarla y procesarla.
#ElDelitoNoPaga | En el distrito de Chame aprehendimos a dos personas requeridas por la presunta comisión de los delitos Blanqueo de Capitales, Contra el Patrimonio Económico, Contra la Seguridad Colectiva y Contra la Administración de Justicia. #NoDaremosTregua pic.twitter.com/zqoU5Z5ku2
— Policía Nacional (@ProtegeryServir) September 10, 2024
Dado que Rodríguez no se reeligió como diputada de San Miguelito en las elecciones del 5 de mayo (contienda en la que también participó y perdió como candidata a la presidencia de la República y a la alcaldía de San Miguelito), la Corte declinó el proceso a la esfera ordinaria. También está el detalle de que el 26 de febrero pasado (la víspera de una de las audiencias de imputación en su contra), Rodríguez había renunciado a su curul, aunque la Asamblea Nacional tardó casi cuatro meses en notificar al Órgano Judicial sobre esta maniobra.
El 4 de septiembre pasado, tampoco se presentó a una audiencia de imputación ante un juez de garantías. Sus abogados sí acudieron. El acto fue pospuesto para el 19 de septiembre.
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El fallecido José Luis Penagos era un antiguo cliente de Rodríguez. Contrató sus servicios como abogada luego de ser detenido en 2009, cuando transitaba por el aeropuerto de Tocumen con 68 kilos de oro que, tras un análisis, mostraban rastros de metanfetamina.
Rodríguez siempre ha justificado que se quedó con los lingotes de oro como parte de un acuerdo por el pago de sus honorarios. Penagos, en cambio, negó la existencia de ese presunto acuerdo y dijo que pensaba que su oro estaba a buen recaudo en una bóveda del Banco Nacional de Panamá.
Penagos falleció durante la pandemia de covid-19, pero el reclamo lo continuaron su hijo y su viuda, quienes finalmente presentaron la denuncia hace dos años y medio. El hijo ha dicho que quiere llegar a un acuerdo extrajudicial con los denunciados.
