El Ministerio de Seguridad (Minseg) cedió un área de 11.3 hectáreas en la calzada de Amador para el desarrollo privado de un relleno marino en la isla Flamenco, en la entrada del Canal de Panamá, que contará con edificios de oficinas, restaurantes, plazas comerciales, bodegas, un rompeolas, un muelle “multipropósito” y, eventualmente, un puerto para la llegada de cruceros.
El promotor es Amador Marina, S.A., sociedad que ya tiene una concesión de fondo de mar con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y otra administrativa con la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), ambas de 20 años prorrogables.
El proyecto, que nunca fue sometido a licitación o acto público como consta en documentación obtenida por este medio, cuenta con un permiso de compatibilidad con las operaciones de la vía expedido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Durante toda la vigencia de la concesión (que, como se dijo, es de dos décadas), Amador Marina pagará $4.3 millones a la AMP, en concepto de canon de arrendamiento por uso de fondo de mar, según consta en el contrato firmado entre las partes el 17 de mayo de 2023 y refrendado ese mismo día por el contralor Gerardo Solís.
En tanto, el contrato con la UABR se remonta a los inicios de la administración gubernamental de Laurentino Cortizo (2019-2024). También fue firmado y refrendado el mismo día: el 29 de julio de 2019, por el contralor de aquella época, Federico Humbert. En este caso, se trata de la concesión de 2.7 hectáreas de tierra firme, segregadas de un terreno de 7.3 hectáreas que está valorado en $93.4 millones.
Amador Marina pagará un canon de arrendamiento anual de $6 por metro cuadrado a la UABR. Pero este monto no parece ser del agrado del estadounidense Louis Sola, quien se quejó del canon de arrendamiento que deben pagar por el uso de las 2.7 hectáreas.
Hasta septiembre de 2018, Sola fungió como apoderado en Amador Marina, sociedad administrada por dos de sus hijos y personas vinculadas a él. A partir de noviembre de ese año, ocupa un alto cargo en el engranaje estadounidense: es miembro de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
“Donde tenemos conocimiento, somos el concesionario que está pagando el canon de arrendamiento más alto por metro cuadrado en el área de Amador [y] no contamos con periodo de gracia ni créditos fiscales por estructuras realizadas”, dijo cuando fue contactado por La Prensa.
Lo que no mencionó Sola es que en la concesión de uso de fondo de mar de 11.3 hectáreas, la AMP eximió a Amador Marina del canon por el uso de un área de dos hectáreas para construir un rompeolas. Con este incentivo, Amador Marina, solo pagará por el canon de 8.9 hectáreas.
Del mismo modo, en el contrato con la AMP no consta si el Estado recibirá alguna regalía o canon producto de la explotación de los locales de oficinas, los restaurantes, el muelle y otras actividades comerciales que supuestamente el operador desarrollará ahí, como es usual en otros contratos de concesión en la calzada. Solo se menciona que la inversión de Amador Marina alcanza los $16.9 millones, de los cuales medio millón de dólares serán destinados presuntamente para proyectos de desarrollo social no especificados en el documento, pero que serán determinados por el administrador de la AMP, cargo que actualmente ocupa Luis Roquebert.
El rol del Minseg
Antes de que Amador Marina lograra esos contratos directos con la AMP y la UABR, el Minseg adquirió compromisos con dicha sociedad e incluso apuntó en blanco y negro que no “intervendría” en sus operaciones, pese a que el proyecto estaría localizado en un área tan sensible como la entrada del Canal.
En el año 2012, el Minseg, entonces bajo el mando de José Raúl Mulino, hoy presidente de la República, comunicó que había solicitado una concesión de 11.3 hectáreas en isla Flamenco (que está al final de la calzada), para construir una estación para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El proyecto para la base aeronaval ya tenía un estudio de impacto ambiental (EsIA) aprobado por la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (hoy reconvertida en Ministerio de Ambiente), planos y un resuelto de la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP).
Pero Mulino cambió de planes. En el Consejo de Gabinete celebrado el 25 de febrero de 2014, informó que la concesión del Minseg “coincidía parcialmente” con una solicitada por Amador Marina, razón por la que suscribió un “convenio de cooperación” con la referida sociedad. Ese convenio, incluso, fue refrendado por la Contraloría desde el 22 de octubre de 2012. En aquella época, Sola todavía no era miembro del FMC, ya que ingresó a dicha comisión en noviembre de 2018.
La Prensa no ha encontrado copia del supuesto “convenio” entre ambas partes, por lo que desconoce su alcance. Lo que sí se sabe, porque así Mulino lo contó en el Consejo de Gabinete del 25 de febrero de 2014, es que 5.2 de las 11.3 hectáreas de la concesión serían reservadas para uso y administración del Senan. Amador Marina podía disponer del resto del área; además, debía construir la estación aeronaval y un “club de oficiales”, sin costo alguno ni para el Senan ni para el Minseg. Se trataba de una “donación”.
Además, la sociedad se encargaría de darle “mantenimiento” a la base.
A cambio, como se mencionó anteriormente, el Senan “no podrá intervenir en las operaciones” de Amador Marina.
El hoy mandatario llevó el tema al Consejo de Gabinete de aquella época, porque, ante el alcance del proyecto, era necesario convertir el referido “convenio” en una concesión formal a favor de Amador Marina.
El Gabinete avaló de inmediato la transacción, invocando un procedimiento excepcional de arrendamiento, contemplado en la Ley de Contrataciones Públicas para casos “de urgente interés local o beneficio social”.
El 8 de abril de 2014, el entonces presidente Ricardo Martinelli autorizó a la AMP a entregar la concesión del Minseg a Amador Marina.
El acuerdo incluía el traspaso del EsIA. Resulta curioso que aquel estudio fue avalado por el director de Anam en aquel momento, Silvano Vergara, quien actualmente -10 años después de su salida del cargo- es consultor de Amador Marina. Como tal, Vergara elaboró el EsIA, categoría II.
La Prensa preguntó a Carolyn Sola Riley Puga, presidenta de Amador Marina e hija de Sola, sobre quién había contratado los servicios de Vergara y desde cuándo, pero no respondió.
Como corolario, desde febrero de 2019, el proyecto cuenta con un permiso de compatibilidad expedido por la junta directiva de la ACP, presidida en aquel momento por Roberto Roy, designado en esta administración como consultor en materia de ingeniería y construcción del proyecto del tren Panamá-David.
¿Quién es Amador Marina?
Amador Marina es una sociedad inscrita el 1 de octubre de 2012 en el Registro Público.
Sus dignatarios son Carolyn Sola Riley Puga (presidente y representante legal) y Anthony Sola Riley Puga (secretario), ambos hijos de Sola. También integra la sociedad Zulay Ulloa Botello (tesorera).
Louis Sola fue apoderado de la sociedad hasta septiembre de 2018, mientras que John Scialdone lo fue hasta 2021.
Desde noviembre de 2018, Sola es uno de los cinco comisionados de FMC, la agencia responsable de reglamentar el transporte marítimo en el comercio exterior de Estados Unidos. Antes fue parte de la Junta de Comisionados Pilotos de Florida y sirvió en el comando de inteligencia y seguridad del ejército estadounidense, en misiones de contrainteligencia y narcóticos en varios países, incluyendo Panamá, según aparece anotado en su perfil en el sitio fmc.gov.
Para Sola, el “Minseg no realizó cesión alguna a favor de Amador Marina”, ya que también la solicitud de la concesión de esa misma área se hizo de manera independiente, ante las autoridades correspondientes, como la AMP y la UABR.
Aquí es importante resaltar que en 2016, Amador Marina quedó envuelta en una polémica cuando la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investigó al entonces administrador de la AMP, Jorge Barakat, por la supuesta violación al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
La investigación inició porque la Antai recibió una denuncia anónima en la que se acusó a Barakat de haber recibido boletos para un juego de la liga de profesionales de baloncesto de Estados Unidos (NBA), por un valor de $1,258.25.
Barakat confirmó que Amador Marina sí había enviado una nota el 18 de febrero de 2016 para regalarle los boletos, pero que posteriormente (el 5 de abril) la misma empresa “revocó” la invitación.
Ese mismo día, el 5 de abril de 2016, Amador Marina otorgó a Sola un “poder general de administración” sobre la sociedad. Días después, asumió los cargos de vicepresidente y director.
Cambio de planes
Según Sola, sus conversaciones con el Minseg iniciaron porque ambos habían solicitado la concesión del mismo lugar.
Reconoció que mantuvo “varias reuniones con los representantes del Senan”, sin detallar nombres, logrando suscribir el convenio de cooperación refrendado por la Contraloría.
Su hija de 28 años de edad, Carolyn, es la representante legal de Amador Marina.
En una breve entrevista telefónica con La Prensa, Carolyn afirmó que al final no se construyó la base del Senan; hubo cambio de planes y eventualmente el Minseg se llevó su estación aeronaval a Panamá Pacífico. Aclaró que su empresa no financió ni donó nada de lo acordado originalmente. ¿Por qué no se cumplió?
Esta es una de las varias interrogantes enviadas por correo a Carolyn, quien no respondió a La Prensa, aunque prometió hacerlo desde el pasado 17 de abril.
Se conoció que en 2015, el Minseg y Amador Marina suscribieron una adenda al convenio, pero se desconoce su contenido, ya que el documento no es público y la sociedad no proporcionó copia, como solicitó este medio, al indicar que requiere de una autorización del Minseg.
Luis Sola explicó que el convenio entró en vigencia a partir de la entrega de la concesión de uso de fondo de mar por la AMP, en 2023, por lo que “no nos fue posible realizar la donación acordada en el convenio con fecha de 2013, ni en la adenda de 2015″.
No pudo explicar cómo Amador Marina mantuvo la concesión, si no cumplió con su parte del convenio.
Resaltó que, como tienen que entregar una obra de responsabilidad social, están en conversaciones con la AMP y el Senan para examinar las necesidades de esta última entidad. Agregó que existe “la posibilidad” de construir, a costo de la empresa, un edificio interinstitucional para oficinas del Senan, la AMP y las autoridades de Migración y de Aduanas.
La Prensa intentó en marzo pasado obtener detalles de esta concesión y del por qué no se cumplió con la donación acordada, pero desde el Senan se informó que el entonces ministro, Juan Manuel Pino “no haría comentarios al respecto”.
Remoción de terreno
De vuelta a febrero de 2014. Después de cerrar el acuerdo con el Minseg, en el área de concesión fue colocado un letrero para informar sobre la construcción de la estación del Senan.
Ese letrero ya no está. Fue reemplazado por uno que indica que en esa área se construirá un rompeolas “privado”.
Al lado de este letrero está otro que anuncia el estudio, diseño y construcción de un desarrollo comercial privado en un área de 1.6 hectáreas, que corresponde a un pedazo del área arrendada con la UABR. Ese proyecto comercial está respaldado por un EsIA aprobado el 26 de mayo de 2022. El contrato de arrendamiento con la UABR se firmó un año después: el 17 de mayo de 2023 (día en que también fue refrendado por la Contraloría).
No obstante, Sola indicó que el contrato de arrendamiento se firmó en 2018, ya que la Contraloría decidió, “a su criterio”, solicitar a la UABR que redujera el área a arrendar de 7.3 hectáreas a 2.7 hectáreas, pero “manteniendo el canon de arrendamiento original”.
En 2022, la Dirección de Obras y Construcciones Municipales de la Alcaldía de Panamá aprobó que la empresa realizara movimientos de tierra, según consta en un informe de la entidad de enero de 2023. Ya se observan trabajos de relleno en la zona.
Estos trabajos fueron confirmados por Sola, quien señaló que el proyecto cuenta con un cronograma de ejecución con diferentes entidades que supervisan la zona.
