El desvío irregular de bonos solidarios –valorados en cerca de $1 millón– hacia una fábrica de quesos artesanales en La Arena de Chitré, que el vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo no quiso denunciar ante el Ministerio Público (MP), ha despertado suspicacias entre miembros de la sociedad civil, que se preguntan ¿por qué se habrían ignorado las alertas sobre una posible defraudación al Estado? ¿Se está encubriendo a alguien? ¿Hubo más desvíos como este?
El ex fiscal del Tribunal Cuentas, Guido Rodríguez, consideró que es “inexcusable” que Carrizo haya decidido “ignorar” la recomendación de una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia que lo alertó de posibles violaciones en los controles de los bonos solidarios físicos que compró el Gobierno por, al menos, $149 millones.
De esos bonos, unos 48 mil, valorados en cerca de $1 millón, fueron entregados a inicios de marzo de 2021 por el dueño de una quesería artesanal –Fábrica de Queso Joselito– a un proveedor del Estado para ser redimidos. Sin embargo, el proveedor los devolvió a la Presidencia de la República advirtiendo varias irregularidades con esos bonos.
“Uno tiene derecho a pensar que se estaría pretendiendo encubrir a alguien o a varios. Si no, ¿de qué transparencia se habla entonces?”, cuestionó Rodríguez.
Las suspicacias también las tiene el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien se pregunta: Si la autoría interna del Ministerio de la Presidencia recomendó a Carrizo interponer una denuncia ante el MP “¿por qué el vicepresidente no la cumplió? Seguramente es cómplice”, supone el diputado. Vásquez expresó que, “sin duda alguna”, el MP debe intervenir de oficio para aclarar las anomalías en la distribución de bonos.
¿Encubrimiento?
La directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, Olga de Obaldía, apeló a la conciencia de Carrizo y a los de los representantes del Ministerio de la Presidencia, al recordarles que “el encubrimiento es un delito y una falta imperdonable para un funcionario, cuya lealtad debe estar con la ciudadanía”.
Citó el artículo 391 del Código Penal que indica que, “quien después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta o al cumplimiento de la condena será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente a días multa o arresto de fines de semana”.
Afirmó que la investigación de La Prensa es “sin duda una noticia críminis, que debe propiciar una investigación de oficio por parte del MP y la justicia de Cuentas”. “Las investigaciones no pueden estar supeditadas a voluntades políticas. Requerimos entidades de control independientes y valientes. ¿Las tenemos?”, se preguntó De Obaldía.
De Obaldía se refería a una reciente legislación que le otorga al contralor, Gerardo Solís, discrecionalidad para “decidir no hacer”, como, por ejemplo, una auditoría forense, aunque se la pida el MP. Y eso es lo que pretendería hacer la Contraloría: Nada.
“Si se hubiera cometido un delito de lesión patrimonial o perjuicio económico, sí mandaríamos copias para investigar al Ministerio Público, como hemos hecho en las auditorías que así lo han reflejado. En las que no hay delito, resulta, por economía procesal, más conveniente no malgastar recursos del Estado en esos procesos”, respondió el contralor Solís, indicando que su decisión obedecería al “buen uso de los recursos del Estado”.
En efecto, la auditoría interna determinó que el Estado no sufrió una lesión patrimonial, pero, al mismo tiempo, recomendó interponer una denuncia ante el MP “para determinar las responsabilidades a que hubiese lugar”.
Pero Solís se lava las manos en este asunto. Alega que “la Contraloría no ha refrendado el pago de esos bonos solidarios… La Contraloría recibió y revisó la rendición de cuentas del Ministerio de la Presidencia y dentro del examen correspondiente se observó que [los bonos] no fueron pagados… por lo que no hubo perjuicio económico ni lesión patrimonial…”, añadió, sumándose así al argumento de Carrizo.
La decisión de Solís no parece compartida por el abogado Ernesto Cedeño, quien laboró durante décadas en la Contraloría General de la República como asesor legal. Cedeño interpuso ante el procurador de la Administración, Rigoberto González, una denuncia administrativa contra el Ministerio de la Presidencia, en la que solicita “examinar la conducta oficial” de estos funcionarios por no asumir los controles en el manejo de los bonos solidarios.
Y es que las irregularidades en la distribución e intento fallido de redimir $960 mil en bonos solidarios que hizo el dueño de la quesería chitreana, Franklin Mitre, fue del conocimiento de Carrizo desde abril de 2021, cuando el proveedor Vale General, S. A. notificó de la irregularidad, al tiempo que devolvió a la Presidencia los bonos que intentó redimir Mitre.
La auditoría también identificó a los posibles responsables: un funcionario de la Presidencia que aún permanece en el engranaje gubernamental: Juan Hernández; el representante y presidente del Consejo Provincial de Veraguas, Eric Ramos, y dos promotores comunitarios: Lineth Grau y Ariel Macías, este último, un conductor de la diputada Cenobia Vargas (PRD).
A juicio de Cedeño, el posible “encubrimiento” de Carrizo, al mantener oculto un posible hecho delictivo en perjuicio del Estado, también podría ser objeto de investigación por “infracción de los deberes de los servidores públicos”.
El abogado consideró que se estaría frente a la “violación fragrante” del artículo 83 del Código Procesal Penal sobre la obligación que tiene el funcionario de denunciar los hechos que se consideren delitos. Añadió que está preocupado sobre el papel que pueda ejercer la Contraloría para investigar este caso, y que el MP pase por alto que “se consumó un delito imperfecto en grado de tentativa” de fraude contra el Estado, por las violaciones a los procedimientos.
Es la misma preocupación que siente el exministro de Salud y miembro del Consejo Consultivo de Salud del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, quien indicó que “esta es una situación extraña, por decir lo menos, en la que las entidades encargadas de la fiscalización fallaron totalmente”.
“Aquí se aprovecharon del dolor y la penuria de muchas personas que dejaron de percibir ingresos en pandemia para desviar esos bonos a una empresa de quesos”, comentó. Si bien la auditoría de la Presidencia determinó que no hubo una lesión patrimonial, Sánchez Cárdenas dejó claro que también hubo irregularidades en el manejo de los bonos, por lo que Carrizo debió interponer la denuncia e investigar si hubo más casos en los que sí fue efectivo el fraude.
Agregó que es “ilegal” que no se haya ordenado una investigación profunda de los fondos del programa Panamá Solidario, que son ahora motivo de cuestionamientos. Para el político, se cometió “una falta administrativa grande: no investigar a fondo todos esos recursos que fueron aparentemente mal utilizados”.
La Prensa preguntó a los encargados de Vale General sobre estas irregularidades detectadas y del por qué no se interpuso una denuncia ante el MP, pero respondieron que al identificar “la situación irregular en el cobro de unos bonos vales de alimentación del programa Bono Solidario, la cual fue reportada de forma oportuna a las instancias pertinentes y procedió a bloquear el pago de los mismos”.
¿Hubo más fraudes o intentos de ellos? Por ahora esto no saldrá a la luz pública. Carrizo confirmó a La Prensa que no solicitó una nueva auditoría a este programa social, porque no ha conocido de “otra situación irregular”, algo que pudo averiguar con una auditoría forense de la Contraloría.
