‘Descentralización paralela recargada’: el destino, los beneficiados y sus provincias, libres para su descarga

Tras la publicación de la primera parte de la descentralización paralela, llovieron consultas a La Prensa: ¿Cuánto se giró a tal junta comunal? ¿Mi municipio recibió fondos? ¿El representante fulano de tal consiguió parte de esos millones? Ante la evidencia monumental de los más de dos mil pagos ordenados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de mayo de 2023 –y la evidente opacidad de la institución– el medio decidió liberar los datos para que el poder de la información vuelva a quien pertenece: la ciudadanía.

Ahora, tras el sinfín de denuncias de sectores políticos diversos, las críticas y las solicitudes formales en distintas instituciones, hay nueva evidencia: el Gobierno no solo no frenó el drenaje de fondos públicos principalmente hacia distritos liderados por aliados o amigos en tiempos electorales, sino que lo recargó con $18,042,796.81, dirigidos a 166 juntas comunales, 13 municipios y una organización entre el pasado 9 de mayo y el 23 de junio de 2023. Y, otra vez, líderes de la sociedad civil condenan y ciudadanos que quieren saber más.

Un día después de la relevación, La Prensa comparte en su sitio web la base de datos de la segunda parte de la descentralización paralela, la recargada, con la totalidad de los pagos, con su número de trámite en la Contraloría, el monto, el destino y la fecha en que se produjeron.

Descargue aquí la base de datos de la Descentralización paralela recargada.

La información estará disponible en prensa.com para que cada ciudadano pueda explorar los registros, en una apuesta por la transparencia, el derecho a la información y rendición de cuentas.

¿Y qué es lo que van a encontrar? ¿Cuáles son los patrones? ¿Cómo rastrear? En el reparto “recargado” hay un dato notable: la mayoría de las juntas comunales que no habían recibido ni un centavo en la distribución anterior son gobernadas por representantes de un partido diferente al del gobierno: el panameñismo.

Novedad transpartidaria

La preferencia indiscutida de la AND no estuvo marcada por la necesidad ni por una jerarquización basada en la planificación de políticas públicas, sino por la lealtad partidaria o la conveniencia política: casi la totalidad de los fondos fue destinada a representantes o alcaldes del PRD –el 62% del total: $11.1 millones–, a aliados y amigos circunstanciales de otras fuerzas políticas.

Hay 45 juntas comunales que antes no estaban en la lista del prorrateo, pero ahora sí. La Prensa comparó la base de datos de la primera “descentralización paralela” con la “recargada” y encontró que se repetían en ambas 121 juntas comunales y 12 municipios. También hay nuevos: un municipio y una organización, la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimientos que, sumados a las 45 juntas comunales, alcanzan el 26% del total de los fondos ¿Quiénes son?

La mayoría de las nuevas no fueron incorporadas con la lógica de partido propio: la mitad son del partido panameñista. Son 29 juntas comunales que se llevaron el 63% de lo destinado a las “nuevas”: $1,140,000. Eso, además, es casi la totalidad de lo que consiguió el arnulfismo entre nuevas y reincidentes, que alcanzó los $2 millones.

¿Por qué el Gobierno incluyó tantas juntas comunales de ese partido? ¿Acaso quería disimular su preferencia partidista a fin de contrarrestar la evidencia? ¿O es que han hecho algún acuerdo con esa fuerza política?

Diversas fuentes del partido que fueron consultadas por La Prensa indicaron que hubo reclamos del presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, al Gobierno para lograr que los representantes de su partido recibieran lo que corresponder: entre $20 y $30 mil. Hubo quienes también hablaron de “negociación”. Lo cierto es que más de la mitad de la totalidad de órdenes tramitadas para ese partido fueron de $30 mil: 28 de 46; por $20 mil hubo dos, y también dos por $25 mil.

Blandón confirmó a este medio los reclamos y negó cualquier tipo de negociación o “reunión formal” para que el Gobierno hiciera lo que tiene que hacer: repartir los fondos de manera equitativa entre todas las juntas comunales del país, que no es lo que hace. “Hubo reclamos sobre cómo estaban manejando los fondos de descentralización y se hicieron señalamientos públicos desde el año pasado”, dijo. Y agregó: “Al final, en la práctica, ellos han estado transfiriendo a juntas comunales de oposición montos inferiores a lo que dan al PRD. Y en el caso de las panameñistas, empezaron a hacerlo este año. Nosotros consideramos que lo justo es que haya más recursos a la descentralización, pero sin discrecionalidad y con fiscalización”.

Con algunas hubo una discrecionalidad generosa. Por ejemplo, la junta comunal de Nuevo Emperador, en Arraiján, cuya representante es Elba Echeona Coco, recibió $165 mil. Otro que volvió con suerte fue el alcalde de Aguadulce, Jorge Herrera, quien también es vicepresidente del partido panameñista. El 29 de mayo pasado llegaron $60 mil a las arcas de su municipio, que se suman a los $2.7 millones que recibió este municipio en la primera parte de la “descentralización paralela”, cuando recibió el 76% de los fondos destinados a las seis alcaldías de la provincia de Coclé.

Activación ciudadana

Tras la liberación de los datos de la primera parte de la “descentralización paralela”, la ciudadanía se activó con pedidos de acceso a juntas comunales, cuestionamientos a representantes y solicitudes para que rindan cuentas. Es decir, que expliquen y muestren a dónde fueron los $202 millones recibidos por las 466 juntas comunales.

Eso hizo en Capira el abogado David Montenegro, quien presentó pedidos a 11 juntas comunales de la provincia para conocer el detalle de todos los cheques que recibieron y para qué se usaron los fondos.

Lo mismo hicieron referentes del movimiento independiente del corregimiento de San Felipe, en la capital del país, que le exigieron –por nota– a la junta comunal que explique cómo se manejaron esos recursos y que rindan cuentas, como establece la ley. Igual que ciudadanos de la Costa Abajo de Colón, que peticionaron –mediante una nota a la junta comunal de Salud– un detalle del destino de los $4.6 millones recibidos.

La Prensa también recibió denuncias a través del correo periodismociudadano@prensa.com. Algunas están vinculadas a supuestas irregularidades en el manejo interno de la AND y el aumento de su planilla, que –efectivamente– aumentó.

Más denuncias

Algunas denuncias recibidas estaban vinculadas a funcionarios con doble sueldo –de la AND y otras dependencias- y del aumento de la planilla en la gestión de Edward Mosley Ibarra González en la institución.

Aunque no fue meteórico, como en otras dependencias, sí sucedió: En los cinco primeros meses de 2023, la AND contrató 36 nuevos empleados por un total de $51 mil mensuales, según la planilla que la institución comparte en la sección de Transparencia de su página web.

Mientras tanto, ayer las críticas volvieron a avivarse tras la publicación de este medio que reveló que el Gobierno desvía fondos públicos con propósitos electorales. La Prensa pudo establecer un patrón: los desembolsos –al menos en el caso de la descentralización paralela recargada- circulan en sincronía con las giras electorales de la campaña del vicepresidente y candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo: a dónde va él, llegan los millones.

“El Gobierno ha demostrado que está dispuesto a utilizar cualquier cantidad de millones de dólares de los panameños para actividades políticas”, dijo el precandidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana. Y agregó, en relación con el contralor y al Fiscal Electoral: “Lo más grave es que quienes están en sus cargos para detener esta situación no lo hacen”.

Lombana, junto con otros precandidatos presidenciales, presentó el pasado 19 de junio una denuncia ante la Fiscalía General de Cuentas y ante la Fiscalía Electoral para pedir auditorías de los fondos y que se investiguen los presuntos delitos vinculados a la “descentralización paralela”.

También ayer habló sobre la “descentralización paralela” el precandidato presidencial José Blandón Figueroa, quien hasta ahora no había sido muy enfático sobre el tema: “Son recursos del pueblo. Recursos que se necesitan para generar empleos, para construir escuelas… Y no estamos hablando de pocos recursos. Si una sola junta comunal en Colón recibió $14 millones, eso es más de lo que reciben la mayoría de los municipios”, dijo.

Sol Lauría

Unidad de Investigación