El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo “Bolota” Salazar −quien también fue reelecto como representante del corregimiento de Barrio Norte, en Colón− está bajo la mira del contralor general Anel “Bolo” Flores.
La de Barrio Norte es la junta comunal que más dinero recibió de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) en el gobierno pasado, a través del denominado “subprograma de interés nacional”, vulgarmente conocido como descentralización paralela. Fueron $14.1 millones que recibió Barrio Norte, al margen de la ley de descentralización y sin ningún criterio o parámetro que lo justifique.
Lo mismo ocurrió con Yoel Rodríguez, copartidario de Salazar y representante de Cristóbal Este en el quinquenio 2019-2024, aunque a él le tocó mucho menos: $5 millones de la descentralización paralela.
Si Gerardo Solís, contralor hasta el pasado 31 de diciembre, dijo que en los gobiernos locales todo estaba en orden y solo en el 3% de las auditorías se había recomendado hacer “ajustes”, su sucesor en el cargo tiene otra opinión.
“Las juntas comunales de Barrio Norte y Cristóbal no tienen sustento [sobre el uso de esos fondos]. Las investigaremos con todo el peso de la ley y con el apoyo del Ministerio Público”, dijo Flores el martes 14 de enero, en su primera conferencia de prensa como contralor.
No son los únicos. Un vecino del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) en Costa Abajo de Colón, Eugenio Delgado, quien se desempeñó como representante de Salud y que ahora es alcalde, también será investigado.
Denuncias de destrucción de pruebas
El contralor Flores encontró que en varias juntas comunales destruyeron documentos y computadoras para ocultar información. Advirtió que aquellos que intentaron “jugar vivo” no se saldrán con la suya, ya que toda la documentación necesaria se encuentra en el Banco Nacional de Panamá (BNP).
“Nosotros vamos al banco. Ahí están las cuentas de todos”, aseguró ‘Bolo’ Flores, quien también señaló que solo 34 de las aproximadamente 600 juntas comunales entregaron la información requerida por la AND. El presidente de la República, José Raúl Mulino, había anunciado que las juntas comunales tenían 60 días para entregar sus informes a la nueva directora de la AND, Roxana Méndez.
Hace un mes, Méndez informó que 54 expedientes revisados de diversas juntas comunales y municipios presentan inconsistencias en la justificación de los recursos asignados, lo que equivale a un monto total de $39.9 millones de dólares.
Entre 2020 y 2024, las juntas comunales administraron un total de $320 millones, la mayoría gestionados por miembros del PRD.
Salazar no va por la Asamblea desde hace meses. En julio pasado, asistió al 63% de las sesiones del pleno legislativo. Desde entonces no ha ido más. Tampoco se le ha visto por las comisiones de trabajo.
Flores también anunció investigaciones a las juntas comunales de Betania, Curundú y Ancón, que manejaron $9 millones sin justificar.
“En Curundú, no hay nada que beneficie a la comunidad. Es imperdonable el mal uso de estos fondos. Recuperaremos ese dinero”, afirmó.
En Colón, destacó el caso de Salud, una comunidad de menos de 500 personas. La junta comunal de este corregimiento es la sexta que más fondos recibió en todo el país, por parte de la AND.
“No vamos a permitir estos abusos”, remarcó Flores.
El representante perredista de Salud, por quinta ocasión, es Eugenio Geñito Delgado, quien delegó para este período a su suplente, ya que él asumió como alcalde.
En un recorrido de La Prensa en 2023 por Costa Abajo de Colón, miembros de la comunidad señalaron que Delgado es muy cercano a Cortizo.
Entre 2021 y 2023, Delgado administró más de $6 millones en fondos de la descentralización paralela; sin embargo, la comunidad de Salud no tiene ni agua potable ni energía eléctrica.
El contralor adelantó que “cuando yo llame a una persona que tiene 10 cheques de $1,999 o que pasaba por debajo del radar del control fiscal, yo quiero ver qué va a decir”.
Reveló que, como ese funcionario, “tenemos muchísima gente que hizo cosas indebidas”.
