A mediados de noviembre próximo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) nombrará a un nuevo presidente ejecutivo para los próximos cinco años. Quien tome el timón del principal banco regional de inversiones de Centroamérica lo hace en un momento clave de su historia.
Aunque es sólo un actor pequeño en comparación con instituciones globales como el Banco Mundial, el BCIE desempeña un papel vital canalizando miles de millones de dólares hacia sus cinco Estados fundadores: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica.
El BCIE afirma que sus préstamos representan cerca de la mitad de la financiación para desarrollo en Centroamérica, una de las zonas más pobres del hemisferio occidental. Durante la pandemia del COVID-19, desempeñó un papel fundamental cuando concedió más de mil millones de dólares en préstamos y subvenciones para mantener a flote a sus fundadores.
Con los bonos de todos estos Estados calificados como “basura”, este banco se ha convertido en un salvavidas para los mercados financieros internacionales, y en una fuente clave de financiación para los líderes autoritarios de la región.
“No importa cuál sea la política mientras los pobres estén recibiendo servicios”, dijo el presidente saliente del banco, Dante Mossi, este año en un evento en Washington, D.C., mientras enfrentaba críticas por proveer fondos al dictador nicaragüense Daniel Ortega.
“El banco no es un modelo político”, dijo Mossi a los asistentes.
Algunos no están de acuerdo.
El BCIE ha sido criticado por entregar miles de millones de dólares a los regímenes autoritarios de Centroamérica -encabezados por Ortega, el presidente Nayib Bukele en El Salvador y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Ahora una investigación del OCCRP y sus aliados revela que el Banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente y otros donde los préstamos han sido desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos favoritos de los dictadores.
OCCRP trabajó con Columbia Journalism Investigations (CJI) -una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia- y con miembros del proyecto de colaboración periodística centroamericana Redacción Regional, incluyendo ContraCorriente en Honduras, No-Ficción en Guatemala, Lado B en Costa Rica, Focos en El Salvador, Dromómanos en México, Divergentes y Confidencial en Nicaragua, junto con La Prensa en Panamá y KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Taiwan Anti-Corruption & Whistleblower Protection Association (TAWPA) en Taiwán.
El equipo recopiló más de 500 operaciones aprobadas en el último cuarto de siglo. En conjunto, los resultados muestran cómo los fracasos del BCIE han permitido el desperdicio y la corrupción en una de las regiones más desiguales del planeta.
El banco ha respaldado al menos 25 centrales hidroeléctricas en Centroamérica desde 1992, incluidas varias muy controvertidas. Al menos nueve personas que se oponían a estos proyectos fueron asesinadas, mientras que muchas más sufrieron acoso, amenazas y sangrientas represiones por protestar. El caso más conocido fue el de Berta Cáceres, ecologista indígena hondureña asesinada en 2016 por hacer campaña contra la represa de Agua Zarca.
Auditorías internas evidenciaron que el BCIE ignoró numerosas alertas rojas, realizó escasa diligencia debida y continuó respaldando el proyecto después de que un manifestante fuera asesinado, sus co-inversores se retiraran y el banco recibiera docenas de quejas de comunidades indígenas, antes de vender el préstamo en 2019.
Los periodistas descubrieron además que los préstamos del banco se usaron para sobornos en un caso relacionado con el escándalo de Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina, y fueron vistos como una fuente fácil de dinero en efectivo por personas investigadas en otro caso de corrupción en curso en Costa Rica.
Al menos dos exempleados del BCIE, así como personas que han trabajado con él, dijeron que tiene controles más débiles que otros bancos de desarrollo sobre sus préstamos .
“Ciertamente no me parece que exista un procedimiento de auditoría como el que tiene el Banco Mundial”, dijo Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, que canaliza los préstamos del banco de desarrollo al país.
Acevedo dijo a los reporteros que el BCIE funcionaba como un “club de amigos”, en el que se priorizaba la política por encima de las inversiones sensatas. “Tú me apruebas un préstamo, yo te aprobaré un préstamo... y así es como se toman las decisiones”, dijo.
Mossi y la política
Este enfoque laxo de los préstamos parece haber empeorado desde que Mossi asumió el cargo en diciembre de 2018, de acuerdo con múltiples fuentes dentro del banco y documentos internos obtenidos por periodistas de la alianza.
Bajo su liderazgo, el BCIE comenzó a otorgar préstamos “basados en políticas”, un tipo de financiación con pocas condiciones que, según los críticos, se malversa fácilmente. De hecho, un tercio del segundo mayor préstamo para el sector público de la historia del banco -600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas de El Salvador a sobrevivir a la pandemia de COVID-19- se desvió para financiar el intento fallido del presidente de convertir el bitcoin en moneda nacional.
Con el objetivo de disminuir los tiempos de desplazamiento vehicular y seguridad vial de más de 50,000 panameños que transitan diariamente la Carretera Panamericana, esta semana el #BCIE formalizó el Proyecto Corredor de las Playas en #Panamá. pic.twitter.com/mNlmPawbXo
— BCIE (@BCIE_Org) December 10, 2022
Altos funcionarios del BCIE han expresado su preocupación por la falta de transparencia dentro del banco.
A finales de 2021, nueve directores escribieron a la Junta de Gobierno del BCIE destacando el deterioro de sus resultados financieros y acusando a la administración del banco de ocultarles información.
Sin acción, advirtieron los directores, el BCIE enfrentaría “un eventual deterioro de la salud financiera que la institución había disfrutado durante la última década.”
El OCCRP intentó en repetidas ocasiones, por correo electrónico y por teléfono, recabar comentarios para este reportaje del departamento de comunicación del BCIE y de su director, pero no obtuvo respuesta. Días antes de esta publicación, el banco contestó diciendo que no había visto los mensajes enviados por los periodistas y que, según sus normas sobre libertad de información, sólo estaban obligados a dar respuestas en el plazo de dos meses desde que las recibían.
Sin embargo, el presidente saliente del banco, Mossi, respondió a las preguntas de los periodistas en múltiples entrevistas, así como por escrito.
Dijo que algunos proyectos emprendidos antes de que se uniera al banco en 2018 habían sido mal concebidos, pero defendió la trayectoria del BCIE, cuestionando por qué ha sido señalado por apoyar el autoritarismo cuando otras instituciones, como el Banco Mundial y el FMI, también prestan dinero en Centroamérica.
“El BCIE no es una institución política, trabajamos con los países miembros... No tenemos el mandato de determinar la forma de gobierno de ningún país miembro”, dijo, rechazando la idea de que las prácticas crediticias del banco hicieran su financiación vulnerable a la corrupción.
“Centroamérica es más sensata que otras partes del mundo”, añadió en una entrevista con OCCRP. “Creo que los riesgos están totalmente distorsionados... Es decir, esto no es Europa en absoluto, pero tampoco es África”.
Investigación y análisis de datos: Romina Colman (OCCRP). Investigación de Angus Peacock (OCCRP)
Traducción: Matías Godoy, para CLIP.
Vea la segunda entrega del especial sobre el BCIE: De la guerra fría al esquema de sobornos de Odebrecht en Guatemala
