El primer proyecto certificado para recibir parte de la torta de los incentivos fue para un familiar del funcionario que los promovió, con un hotel ya construido y a punto de inaugurar.
La ley 122, publicada en la Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2019, quedó reglamentada por un decreto presidencial el 23 de julio de 2020. Un mes después, el empresario Alfonso Naranjo recibió la resolución que le permitía iniciar el trámite para recuperar la inversión de $13.7 millones para levantar un Hampton by Hilton en David. Fue el 20 de agosto de 2020 y la otorgó la institución que dirige su entonces cuñado, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen. A los tres meses -un tiempo récord en construcción-, ese hotel abrió sus puertas.
Naranjo, quien además de ese figura en cuatro proyectos más, fue el primero en obtener el incentivo fiscal de una lista de 39 proyectos por $2,967 millones en total que, según la información publicada en la sección transparencia de la ATP, generarían menos empleos de los que prometen los diputados en la AN. Cuatro de ellos comunicaron a La Prensa que se bajan de la danza de los millones. Los primeros 15 aprobados son de viejos conocidos de la actual gestión gubernamental, así como de las anteriores.
La Prensa rastreó el historial de las 39 sociedades que presentaron proyectos ante la ATP. Los resultados arrojan donantes de la campaña del presidente Laurentino Cortizo, miembros de su partido y otros con vínculos directos con Eskildsen. Algunos de ellos ya habían recibido beneficios suculentos del Estado para esos mismos desarrollos.
El círculo Eskildsen
La historia no es un lugar muerto y, por eso, la fecha de la certificación importa.
Más allá de las interpretaciones que puedan hacerse sobre la rapidez de los desarrolladores en presentar los requisitos a la ATP, la antigüedad y el avance en los trámites de la cadena que impone la ley –primero ATP, luego Superintendencia de Mercado de Valores y, finalmente, la Bolsa– aumenta el privilegio, porque otorga seguridad: se trata del grupo que podría pelear o haber peleado en caso de veto.
Es también el grupo que contiene a los donantes y conocidos de siempre. Del círculo íntimo de Eskildsen son dos: su excuñado, Naranjo, y sus exjefes.
Antes de ser nombrado en la ATP, Eskildsen trabajó en los conglomerados que desarrollan un megaproyecto turístico-residencial conocido como Pearl Island. El Grupo Eleta inició el desarrollo en 2008 en la isla Pedro González de Las Perlas y tiene aprobados por la ATP cuatro proyectos de hoteles para acceder a incentivos por $292 millones. El CEO del grupo es Guillermo de Saint Malo, un miembro del PRD que en 2017 amagó con lanzarse a la presidencia.
En septiembre de 2012 Saint Malo firmó un acuerdo para el desarrollo de la primera fase con otro grupo local: VerdeAzul, del exministro Alberto Vallarino. Al mes siguiente, Saint Malo y Vallarino presentaron la unión con un socio más, Valor Centroamérica, en un cóctel con potenciales clientes y amigos. “Es un proyecto que hoy estamos inaugurando, pero ya tiene vida”, dijo en ese momento Jorge Gallo Restrepo, de Valor Centroamérica. Los tres aún comparten la directiva de algunas de las sociedades del desarrollo, como Península Resort.
Saint Malo y Gallo Restrepo son directores de Pearl Island Fishing Lodge Inn, que aplicó al incentivo para construir The Viking Enclave, por $27 millones. Gallo Restrepo figura como donante de campaña de Laurentino Cortizo en el listado presentado por el PRD en el Tribunal Electoral (TE).
La cabeza de la institución que aprobó los proyectos a Pearl Island por casi $300 millones, Iván Eskildsen, fue empleado de dos de esos grupos –Eleta y VerdeAzul– antes de asumir el cargo. Y quién lo recomendó como ministro, según contó él mismo a La Prensa, fue Juan Manuel Henríquez, el muy cercano exyerno del presidente Cortizo. Hasta el año 2020, además, Henríquez fue gerente de una hacienda de VerdeAzul.
Henríquez es señalado como uno de los grandes impulsores del privilegio que inyectará cientos de millones a los desarrollos en Pearl Island, cuestionado por los habitantes locales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestas violaciones a los derechos humanos.
Consultado por esta periodista sobre las aseveraciones que lo señalan como la mano que movió esos hilos, Henríquez dijo: “Como panameño y empresario, he participado en impulsar políticas públicas relacionadas al turismo y a la construcción para el desarrollo de proyectos que beneficien al país y todas las empresas, con el fin de generar buenos empleos para los panameños”.
La Prensa consultó vía email a todos los grupos mencionados para saber si fueron donantes de campaña del presidente Cortizo, si han recibido beneficios del Estado con anterioridad y si tienen algún conflicto de interés con las autoridades que lideran la iniciativa, entre otras cosas. Al cierre de este reportaje, llegaron cinco respuestas: Los Pueblos, Archipiélago las Mulatas, Playa Dorada, el representante de los proyectos que alojarán hoteles de Selina, Assets Trust & Corporate Services, y de la empresa del Hilton, del excuñado de Eskildsen, Naranjo.
Las Mulatas, de inversionistas europeos, indicó que venderán la propiedad del proyecto por la incertidumbre del proceso: “Este país ha promovido una ley en el extranjero sobre una base de 100% en créditos fiscales y después lo bajó a 60%”. Lo mismo Playa Dorada, un proyecto vinculado también a Grupo Los Pueblos que se promociona como inmobiliario: “En vista de los cambios a la ley, el proyecto turístico ha sido cancelado”, dijeron.
Desde Assets Trust & Corporate Services, con dos proyectos para amplia hoteles y otros dos para construir nuevos, indicaron que dentro del consejo del fideicomiso que crearon para emitir valores “hay un miembro que es pariente político del director de la ATP”. En la sociedad que creó ese fideicomiso Naranjo aparece como director. Y Naranjo aceptó a este medio que “es pariente político” de Eskildsen, pero dijo que su participación en la empresa que inauguró el Hilton en David “es pre-existente a la actual administración gubernamental”.
Aparte del Grupo Eleta, entre los conglomerados más visibles están el Grupo Los Pueblos, Empresas Bern, Grupo H y otros donantes de campaña de Cortizo. Todos ellos han avanzado en los trámites para emitir instrumentos que les permitan recuperar las cifras millonarias de sus inversiones en el marco de las leyes de incentivos.
El que da, recibe
Hay cuatro nombres que se repiten en los listado de proyectos certificados por la ATP y de donantes de campaña de Cortizo presentados ante el Tribunal Electoral (ver gráfico): Moisés Hanono (Grupo H), el empresario venezolano Rubén Darío Prato Zuluaga, el ya mencionado Gallo Restrepo y Corporación Los Pueblos, de otro viejo conocido.
El hombre del Grupo Los Pueblos es amigo de siempre de la silla presidencial: Mayor Mello Alemán. La empresa contaba con el aval de la ATP para cinco proyectos por $357.9 millones en Chame, aunque esta semana decidió solicitar la cancelación de “múltiples desarrollos hoteleros” en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y seguir con el hotel Surf Side Inn, según indicó su representante, Alfredo Alemán Miranda, a La Prensa. Los que se bajan y los que siguen en carrera, están cobijados por una empresa del grupo con nombre sugerente: Playa Escondida.
Al inicio, el proyecto -hasta promocionado como residencial– compró tierras del Estado a precio de ganga: el gobierno de Mireya Moscoso le vendió una finca de 11 hectáreas frente al mar por 25 centavos el metro cuadrado en noviembre de 2001. Eran terrenos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) que, en una operación por vía de excepción y de venta directa, el gobierno le entregó a Tapia sin cumplir los procesos, según publicó La Prensa en mayo de 2007.
Hubo denuncias, porque entonces el precio de mercado por metro cuadrado rondaba entre los $3.00 y $5.00. También hubo advertencias de la procuradora del momento, Ana Matilde Gómez, quien declaró que “el bien adjudicado fue adquirido ilegítimamente”. Pero la historia siguió su curso sin consecuencias. Documentos alojados en el Registro Público muestran que unos años después los Alemán, de Los Pueblos, se subieron a la iniciativa y a la finca le agregaron 21 hectáreas más.
Los Bern también han construido sobre tierras cotizadas, gracias a tratos dudosos con el Estado. En 2016, el Consejo de Gabinete aprobó la venta de terrenos para el hotel Playa Bonita Resort, contra dos fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La familia no aparece en el listado de donantes de Cortizo, aunque han aportado en ocasiones anteriores al PRD. De todas maneras, igual que en otros casos, no todos los que apoyaron aparecen en lista. Esa es una de las enseñanzas de la causa Odebrecht.
Corporación Los Pueblos, en cambio, sí figura. Entregó un cheque de $25 mil a la campaña de Cortizo el 8 de agosto de 2018, para inyectar fondos a su lista en la elección interna del PRD contra Ernesto Pérez Barradares, Zulay Rodríguez y Gerardo Solís, entre otros. En una entrevista con La Prensa en 2013, el patriarca del grupo, Mello Alemán, dijo: “Sin contactos y buenas amistades no puedes lograr ningún megaproyecto”.
Luz y otros millones
Playa Escondida no es el único desarrollo que logró contratos con el Estado para impulsar su negocio. A Pearl Island el gobierno de Juan Carlos Varela le otorgó $17 millones como “incentivo turístico”.
Por medio del contrato de concesión 083, la autoridad de turismo otorgó esa suma a Península Resort, S.A., para el “desarrollo de turismo náutico en la isla Pedro González”. Península Resort es la sociedad en la que Saint Malo, Vallarino y el donante Gallo Retrepo comparten directiva. El incentivo es parte de los beneficios que ortogaba la ley 80 de 2012 –que luego modifica la 122–. Documentos del proceso en la Contraloría muestran que aún no lo han cobrado: la fianza de obligación fiscal, por poco más de $177 mil, recién la tramitaron este año.
En 2017, un grupo de habitantes de Pedro González presentó un caso ante la CIDH en el que expusieron a los desarrolladores por supuestas violaciones a los derechos humanos. Cuatro meses después, en medio del proceso de conversaciones que apenas iniciaba, el entonces presidente Varela viajó a la isla para cortar la cinta inaugural de la obra del Ritz, el hotel que aún no se hizo y por el que piden $232 millones en certificados fiscales.
A principios de este año –por tercera vez en cinco años– los lugareños volvieron a pedir una audiencia, porque consideran que el Estado cortó el diálogo en 2019 y, en lugar de mediar, promueve a una de las partes en conflicto.
Además, el grupo Eleta recibió $200 mil de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (Senacyt) para la instalación de grupos electrógenos en 2018. Se lo otorgaron a Pearl Island Power, sociedad en la que Saint Malo Eleta comparte directiva con Anaximenes Cedeño, quien trabaja en el grupo y es esposo de la magistrada de la CSJ, Ángela Russo.
La CSJ aún debe pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra las leyes 122 y 314 por los abogados Ramón Ricardo Arias y Roberto Ruiz Díaz. Ambas cuentan con el aval del procurador Javier Caraballo, quien dijo en abril pasado que estas leyes violaban la Constitución.
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