El contralor Gerardo Solís ordenó una auditoría a la Procuraduría de la Administración en relación con una licitación que realizó la entidad hace siete años para contratar un servicio que costó menos de $32,000.
La auditoría fue ordenada por el contralor el pasado 10 de abril, con el fin de “determinar la corrección o incorrección en el proceso contractual, en la ejecución, pagos y otras actividades” relacionadas con una licitación pública que se remonta al 13 de febrero de 2017, para impermeabilizar la loza de la azotea y el techo de teja del gazebo del edificio principal de la Procuraduría de la Administración, en Bella Vista.
La Procuraduría confirmó las diligencias y prometió que, en cuanto concluyan, comunicará los resultados de la auditoría.
La relación entre Solís y el procurador Rigoberto González no ha sido fácil. González incluso en una ocasión le pidió públicamente a Solís que cumpliera con las funciones privativas de la Contraloría: fiscalizar, regular y controlar el manejo de fondos y bienes públicos.
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“Señor contralor, cumpla usted con sus funciones, que yo seguiré desempeñando las mías”, escribió González en una nota enviada a Solís el 25 de enero de 2022, luego de que el contralor se negara a atender un cuestionario sobre la fiscalización de los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento.
El procurador de la Administración también cuestionó el manejo de la Contraloría con respecto al contrato ley 406 de 2023, que otorgó la concesión a favor de Minera Panamá (el cual fue posteriormente declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia). El contrato fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre, y tres días después, el documento fue refrendado por Solís. “Queda claro que el texto del contrato modificado no tuvo el procedimiento previo y actualizado que requería para ser refrendado por la Contraloría”, indicó González en su escrito de opinión a la Corte.
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Este año, pidió a la Corte que se declare “nula por ilegal” la adenda que extendió por 10 años el contrato con el consorcio Panama Lottery Technology Services, que dio vida a la lotería electrónica conocida popularmente como Lotto y Pega 3. La adenda fue refrendada por Solís el 28 de abril de 2023.
El contrato que ahora audita la Contraloría fue adjudicado por $31,458 a la sociedad BCN Distribución Inc., pero fue cancelado el 18 de mayo de 2018, porque la entidad consideró que la empresa no cumplió con lo pactado y que, para colmo, realizó trabajos que permitieron que las filtraciones de la losa del techo se agravasen, “causando su deterioro y afectando grandemente la seguridad del personal y el funcionamiento de la institución”. Además, la Procuraduría inhabilitó a la empresa para contratar con el Estado por un término de seis meses. En este conflicto, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le dio la razón a la Procuraduría de la Administración, aunque redujo el plazo de inhabilitación de seis a tres meses.
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