El del Mariano Bula es el ‘equilibrio contractual más alto’ en la historia de Pandeportes. ¿Adivinen quién lo gestionó?

“Es el equilibrio contractual más alto que se ha pagado en la historia de Pandeportes”.

Así se expresó el director de esta entidad, Miguel Ordóñez, cuando los diputados le preguntaron sobre una adenda (la quinta de un total de seis) al Contrato No. 27-2017, para los trabajos de construcción en el estadio Roberto Mariano Bula, ubicado en el corregimiento de Barrio Sur, Colón.

La quinta adenda, refrendada el 20 de abril de 2023, incrementó el costo de la obra en $7.4 millones, ya que el contratista, el Consorcio Colón 2017 (integrado por las empresas Asincro, CA Sucursal Panamá, y Asincro Panama Corporation), solicitó la aplicación del principio de equilibrio contractual, alegando que sus costos eran más altos por la pandemia respiratoria, algunos conflictos laborales y alzas en los materiales de construcción.

Ese equilibrio contractual representó “casi la mitad del costo original” del proyecto, que era de $14.9 millones.

Aunque el contrato se adjudicó en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), fue en el de Laurentino Cortizo (2019-2024) que el precio se disparó: primero en 2020, con una adenda (la segunda) que representó una inyección de $4.6 millones, y luego con la adenda de 2023, que, como se mencionó, añadió $7.4 millones.

En total, la obra ya ha alcanzado los $26.9 millones, pero Ordóñez calculó que ese monto será insuficiente. Al final, piensa que el proyecto (que registra un 55% de avance físico) terminará costando casi $32 millones.

Las declaraciones de Ordóñez se dieron este jueves 12 de diciembre, cuando acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el traslado de una partida de casi $4.8 millones. De esa cantidad, casi $1.6 millones son para pagar la liquidación por mutuo acuerdo del contratista del estadio Roberto Mariano Bula, el Consorcio Colón 2017. Esto permitirá que Pandeportes busque otra empresa capaz de completar los trabajos, que comenzaron el 7 de noviembre de 2017.

Se suponía que debían tardar 20 meses. Ya han pasado siete años y la obra sigue inconclusa.

“Es deplorable la condición en la que se encuentra el estadio ahora mismo”, reconoció Ordóñez.

Es importante resaltar que el 29 de abril de 2020, ante una cadena de incumplimientos, Pandeportes emitió una resolución en la que dio por terminado el contrato e inhabilitó al consorcio para contratar con el Estado por un término de tres años. Pero el contratista apeló ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TAPC) y logró que se dejara sin efecto la orden de suspensión.

Este nefasto antecedente no fue impedimento para que, posteriormente, se le aumentara el valor del contrato al consorcio.

Los diputados quisieron saber quién gestionó, en nombre del contratista, la adenda 5 en la que se solicita el equilibrio de los $7.4 millones.

“¿Qué persona vio ese equilibrio contractual en nombre de la empresa?”, preguntó el diputado Augusto Palacios, miembro de la Comisión de Presupuesto.

“He escuchado que fue la señora Castillo”, respondió Ordóñez.

“¿Odilia (sic)? ¿Ella era quien venía en representación de la empresa?”, replicó Palacios.

“Correcto. Yo no estaba ahí. Eso es lo que demuestra la evidencia”, agregó Ordóñez.

En noviembre pasado, La Prensa publicó la lista de los contratistas del Estado que son clientes de la firma Castillo Guardia & Asociados, de la abogada Odila Castillo. Ahí estaban el Consorcio Colón 2017 y la sociedad Asincro Panama Corporation.

“La palabra mágica: equilibrio contractual. Algo que inventaron y nos está haciendo mucho daño. Ojalá el presidente [José Raúl Mulino] lo quite, porque ese equilibrio le está haciendo mucho daño a Panamá y nos deja a nosotros, en la comisión [de Presupuesto], con las manos atadas. Está haciendo mucho daño y estamos perdiendo millones de dólares”, enfatizó Palacios.

No fue el único que reaccionó con indignación.

“Se han aprovechado de ese recurso legal que existe para hacer de las suyas y favorecerse una y otra vez con los recursos del Estado. Esta señora siempre figura. Es la experta de los expertos”, dijo Jhonathan Vega, otro miembro de la comisión.

Al respecto, el contralor Gerardo Solís ha dicho que Odila Castillo, quien fue su asesora por lo menos hasta el año 2021, es quien mejor conoce el derecho administrativo en Panamá. También la ha defendido ante las investigaciones que demuestran cómo Castillo y su firma han amasado un millonario patrimonio inmobiliario en apenas dos años, alegando que eso no es más que una “maravillosa historia de éxito”.

“Hay rumores de que hay una persona que está detrás de esto y espero que Dios me dé vida para verlo tras las rejas”, agregó Vega.

Su colega Jorge González también se refirió al tema.

“Asincro es cliente de la firma de la señora Odila Castillo. Esta persona realmente ha hecho lo que le ha dado la gana con el Estado. Esta gente ha venido burlándose de cada uno de los panameños, buscando la manera de lucrar y sin dejar una huella positiva para alguna de las provincias, ni una huella positiva en el deporte”, opinó González.

Pago ‘directo’

El director de Pandeportes contó que los $7.4 millones del incremento aprobado por equilibrio contractual se saldaron poco a poco a través de “cuentas homólogas”. Pero eso cambió cuando quedaba pendiente el último pago, que era de $1.8 millones. Según Ordóñez, no se cumplieron los protocolos internos establecidos.

“Cuando se hace una gestión de cobro y se presenta una cuenta, eso debe tener un sello de un inspector, de un ingeniero residente, y debe ir respaldado por un informe de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería. En el último pago no existe ese informe o ese sello de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería… Ese pago fue refrendado directamente por la Contraloría”, explicó.

Lo que sí llevaba el documento era la firma de Larissa Díaz, quien se encargó de la dirección de Pandeportes antes de la llegada de Ordóñez, en julio pasado.

Pandeportes ha solicitado una auditoría a Solís, pero desde la Contraloría le respondieron que no pueden atenderla en este momento, “ya que tienen muchos temas pendientes y que cuando puedan atender la auditoría, la harán”.

Solís termina su gestión como contralor el 31 de diciembre, sin rastro de la auditoría al estadio colonense.

Ordóñez dijo que ese no es el único proyecto que encontró abandonado. En total, calculó que hay $268 millones en contratos “que están tirados ahí”.

Al final de la jornada, la Comisión de Presupuesto votó a favor del traslado de partida solicitado por Pandeportes, aunque los diputados Roberto Zúñiga y Osman Gómez se opusieron.

Mónica Palm

Jefe editorial.