Un granero explota en un pueblo rural de Países Bajos.
Un cargamento de hormigón es incautado en Barcelona.
La policía allana una casa lujosa en las afueras de Ciudad de México.
Todos estos sucesos estaban relacionados con un mismo esfuerzo para traficar cocaína, que abarcó continentes, culturas y carteles.
Cuando se piensa en tráfico de drogas se suele evocar organizaciones de jerarquías rígidas lideradas por capos como Pablo Escobar o Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Hoy, la realidad es mucho más compleja.
Con un incremento de la demanda global de cocaína y mercados creciendo en Asia, África y Europa, los días en que un sólo cartel controlaba toda la cadena de suministro son cosa del pasado.
Ahora es mucho más frecuente que las organizaciones cooperen en redes fluidas, en ocasiones con cierta autonomía, para mover la cocaína a lo largo de las distintas etapas del transporte.
Para determinar cómo es esto en la práctica, OCCRP y sus socios pusieron el foco sobre un conglomerado de grupos y de criminales que trabajaron juntos para alimentar una de las autopistas de la droga más concurridas del mundo: la que une Latinoamérica con Europa.
Los periodistas rastrearon una ruta de narcotráfico, que partía de Colombia, pasaba por México y España, para llegar a los Países Bajos, donde se procesaba y vendía la droga.
Luego, millones de dólares en ganancias habrían transitado a través de una red de empresas financieras para regresar a Latinoamérica.
El modelo de negocio lo conformaba una especie de confederación flexible entre criminales colombianos, mexicanos, españoles y neerlandeses, trabajando codo a codo para presuntamente ocultar, transportar, procesar y vender grandes cantidades de cocaína.
Cuando las autoridades desmantelaron sus operaciones en 2020, la policía aseguró que estos grupos llevaban ya un lustro moviendo droga. Desde entonces, más de una docena de personas que presuntamente estaban involucradas en los envíos han sido detenidas en Latinoamérica y Europa.
Muchas preguntas siguen sin respuestas. Pese a haber pasado varios años trabajando en esta investigación transnacional, la policía sigue sin poder determinar quién, en caso de que lo hubiera, era la mano que movía esa cooperación.
Pero los periodistas han logrado destapar detalles desconocidos de estas operaciones, gracias a documentos que vienen de la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana. Estos luego fueron verificados, cruzándolos con documentos judiciales, informes policiales, registros mercantiles, así como entrevistas.
Los hallazgos muestran cómo el tráfico de drogas se ha abierto en los últimos años a organizaciones más pequeñas y a actores locales, que suelen colaborar entre ellos, así como con carteles de mayor envergadura, aportando habilidades especializadas para las diferentes etapas del proceso.
Esta tendencia –impulsada por las nuevas tecnologías de la comunicación, la globalización del tráfico de drogas, la expansión de los mercados y la fragmentación de los que antaño fueron grupos monolíticos – dificulta aún más la posibilidad de desmantelar ese tráfico.
A la policía europea le gusta describir las actuales estructuras del crimen organizado con la figura mitológica de la Hidra de nueve cabezas, que es capaz de generar dos nuevas cada vez que una de ellas es cercenada.
“Cortar una cabeza no mata al monstruo”, sentenció Europol, la agencia europea de policía, en un informe de 2021.
La cocaína que finalmente terminó su periplo en Países Bajos comenzó ese viaje en Colombia, donde según las Naciones Unidas (ONU) se cultivan dos tercios de las hojas de coca que crecen en el planeta.
La policía indica que la coca venía del departamento de Putumayo, una región fronteriza que está entre las de mayor producción y que es un punto álgido por la rivalidad entre distintos grupos de traficantes.
El cultivo de coca en Colombia, así como en Perú y Bolivia, ha tenido una tendencia al alza en la última década. Un incremento particularmente acentuado en 2021, que va a la par de mejoras en la productividad de la planta, llevaron la oferta de cocaína a niveles nunca antes vistos.
Las recientes divisiones de grupos que antes monopolizaban el negocio ha estimulado la aparición de un ambiente de ‘mercado libre’ más competitivo. Esto ha catalizado procesos más eficientes en el cultivo y el procesamiento de la cocaína, indica la agencia antidroga de la ONU.
Esta fragmentación también abrió la oportunidad a organizaciones criminales de afuera de Colombia, un país cuyos carteles alguna vez dominaron el negocio desde el origen hasta el punto de venta.
La cooperación criminal que OCCRP y sus socios rastrearon, por ejemplo, fue controlada en buena parte por una organización criminal de México, según la policía.
La identidad exacta del grupo detrás de la operación aún sigue envuelta en un halo de misterio. En un principio, la policía española señaló que el cartel de los Beltrán Leyva estaba detrás del esquema, pero los periodistas no lograron verificar de forma independiente esa teoría.
Lo que está claro es que el grupo mantenía una conexión colombiana a través de un experimentado traficante llamado Jean Paul Hoyos Bohórquez, alias Sodapuppy.
Con base en información de fiscales neerlandeses, la policía colombiana alegó que Hoyos Bohórquez era el “coordinador principal” de los envíos de cocaína al extranjero y que supervisaba las últimas fases de producción, así como la venta en los Países Bajos.
Aún se desconoce mucho sobre el pasado de Hoyos Bohórquez. Los periodistas no pudieron encontrar condenas previas, investigaciones u otras pruebas de su participación en el narcotráfico. Su abogado afirmó que sería “impertinente e imprudente” hacer comentarios sobre las denuncias policiales contra su cliente, dado que eran parte de una investigación en curso. El abogado citó el derecho a la privacidad de su cliente e insistió en que Hoyos Bohórquez era inocente hasta que se demostrara su culpabilidad.
Hoyos Bohórquez fue detenido en julio de este año en Colombia. El proceso para extraditarlo a los Países Bajos, donde está acusado de narcotráfico y lavado de dinero, empezó este año.
En el viaje que inicia en Colombia, la droga no transita directamente hasta su destino final. Los traficantes suelen tomar caminos menos obvios, apoyándose en organizaciones aliadas y manteniéndose lejos de las autoridades.
En este caso, la primera parada fue el país del grupo que gestionó el cargamento: México.
Si antes los carteles mexicanos ejercían principalmente como mensajeros de la cocaína, ahora se han convertido en proveedores al por mayor. Aunque su foco principal sigue siendo el mercado estadounidense, las incautaciones en los últimos años muestran que intentan abrirse paso en Europa gracias a la cooperación con grupos criminales europeos.
Este es el caso de la cooperación criminal que rastrearon OCCRP y sus socios. Tras asegurar la cocaína en Colombia, la organización mexicana la mandó por vía marítima –junto con grandes cantidades de metanfetamina– a sus socios al otro lado del Atlántico, según una investigación de las autoridades españolas.
Al igual que la mayor parte de la cocaína que se incauta en Europa, la droga fue enviada en el interior de un contenedor de mercancías. En los últimos años, para ocultar la cocaína en buques, los traficantes han ideado una serie de sofisticados métodos, que van desde introducir la droga dentro de cajas de productos legales hasta esconder paquetes en las paredes de los propios contenedores.
Para darle una cobertura legal, el grupo mexicano trabajaba con una compañía local de exportación llamada Magniexport SA, que solía utilizar la ruta marítima entre el puerto mexicano de Veracruz y el de Barcelona.
Los investigadores españoles señalaron que la sociedad “estaba a disposición” del grupo criminal, pero no ofrecieron más detalles. Documentos del registro mercantil muestran que es propiedad de dos mexicanos, pero los periodistas no lograron encontrar ninguna información relevante sobre ellos y ningún indicio documental de que la sociedad es investigada en México. La empresa no respondió a ninguno de los cuestionarios que le hicieron llegar los periodistas.
Las drogas estaban ocultas en compartimentos que habían sido construidos en el interior de bloques de cemento para la construcción.
Según el informe de las autoridades españolas, el método hacía que el cargamento fuera “indetectable” en los controles portuarios y demostró la “alta capacidad técnica de los carteles mexicanos” por el modo en que se construyeron los bloques.
No obstante, sigue sin poder determinarse con seguridad quién en México está detrás de esa operación.
Con cerca de 150 carteles activos, el ecosistema criminal en México está sujeto a cambios constantes. Muchos de los grupos criminales actuales son “restos fragmentados de antiguas organizaciones de mayor tamaño y constantemente cambian sus alianzas y sus luchas por el control territorial”, según un informe de la agencia antidrogas de la ONU.
Al otro lado del Atlántico, sin embargo, los supuestos protagonistas de la trama son mucho más visibles.
Entre 2011 y 2020, Magniexport realizó varias decenas de envíos de bloques de hormigón térmico a Barcelona, según muestran los datos de exportación de la compañía.
Los grupos que participaron en la operación intentaron mantener un negocio legítimo y montaron un “canal de exportación seguro” vendiendo los bloques a empresas locales, indica un informe de la policía española. Sin embargo, esto resultó difícil ya que el material que despachaban era caro y no se utilizaba mucho en España.
El representante legal de Magniexport en España, que tiene nacionalidad española y mexicana, fue arrestado, acusado de narcotráfico junto a otras tres personas. El caso sigue a la espera de juicio.
Tras muchos años de éxito, dos presuntos miembros de la red expresaron su sorpresa tras recibir la noticia de la redada en Barcelona. Así quedó reflejado en los mensajes que se intercambiaron en un chat cifrado y que fueron incluidos por fiscales neerlandeses en su petición de ayuda a sus homólogos colombianos.
Según un oficial de la Guardia Civil española que participó en la investigación, sólo los bloques que no llevaban droga se quedaban en España. Los que tenían cocaína en su interior se enviaban a la otra base europea clave del grupo: los Países Bajos.
Con menos de 2.000 habitantes, Poortvliet es un pueblo rural de los Países Bajos con sus anchos bicicarriles, un molino de viento y una pequeña iglesia.
Una noche a finales de marzo de 2020, este paisaje bucólico se vio alterado cuando un granero empezó a arder, matando a docenas de ovejas y corderos y liberando un olor nocivo, según un policía neerlandés que investigó la escena.
Por la intensidad de las llamas y los restos químicos que se encontraron en el lugar, era evidente para el oficial de policía Freek Pecht, coordinador antidrogas, que “esto no es el típico incendio de un granero”.
Cuando una grúa retiró un caldero grande de los restos carbonizados del cobertizo, quedó claro que el lugar era en realidad lo que las autoridades neerlandesas han bautizado como una “lavandería de cocaína”. Un lugar en el que, según los fiscales neerlandeses, Hoyos Bohórquez tenía “un rol de liderazgo”.
Las hojas de coca tienen que ser sometidas a una serie de procesos químicos para convertirse en clorhidrato de cocaína, el polvo que se acaba vendiendo a los consumidores. Este proceso normalmente se realizaba en Sudamérica.
Pero en Europa, especialmente en España y los Países Bajos, han ido apareciendo cada vez más instalaciones para llevar a cabo el procesamiento de cocaína.
Uno de los motivos de la multiplicación de laboratorios es el aumento de métodos químicos más avanzados para camuflar la cocaína en mercancías legales. En algunos casos, los traficantes empapan productos como textiles o carbón con base de coca, una forma más básica de la droga, que luego extraen y procesan en Europa.
El laboratorio de Poortvliet fue puesto en marcha justo para hacer eso.
Según autoridades neerlandesas, esa estructura parecía haber sido utilizada para procesar tanto cocaína como drogas sintéticas.
Además del equipamiento de laboratorio, el granero alojaba un rebaño de ovejas y corderos.
En el espacio del cobertizo donde extraían la cocaína, la policía encontró calderas, serpentines calefactores, un microondas, una prensa y bidones de productos químicos.
Es habitual que quienes trabajan en estos laboratorios, y que muchas veces son trasladados desde Latinoamérica, coman y duerman dentro de las instalaciones hasta completar un encargo específico.
Sólo en 2022, la policía de los Países Bajos descubrió 17 laboratorios para extraer cocaína.
Las conversaciones encriptadas interceptadas por la policía neerlandesa muestran que Hoyos Bohórquez y su socio mexicano Alonso Alverdi Benavides estaban en los Países Bajos para supervisar la producción de droga. Mantenían un contacto permanente con sus jefes en Latinoamérica.
Según fiscales de los Países Bajos, dos ciudadanos neerlandeses jugaron un papel fundamental en la operación, al entregar 130.000 euros a Hoyos Bohórquez para que levantara un nuevo laboratorio después del incendio del primero.
Una vez procesada, la cocaína era enviada tanto a los miembros neerlandeses como latinoamericanos de la red, que la distribuían en los Países Bajos. Siempre, según los fiscales neerlandeses, “en grandes cantidades”.
Con la cocaína pagándose a más de 40.000 dólares el kilo en los Países Bajos, los ingresos en efectivo eran muy importantes. Los mensajes cifrados interceptados por la policía permiten echar un vistazo a las ganancias del grupo.
Desde los Países Bajos, el mexicano Alverdi Benavides enviaba “listas de administración” a un individuo basado en México al que los fiscales neerlandeses no lograron identificar más allá de su nombre de usuario en EncroChat.
La lista reseñaba los pagos y las ventas de drogas de las tres semanas anteriores, dejando constancia de que Hoyos Bohórquez había recibido casi media tonelada de cocaína a casi 24.000 euros el kilo, y enviado de vuelta 8,5 millones de euros en ese mismo periodo.
Según los investigadores holandeses, Hoyos Bohórquez mandaba esos fondos a destinatarios en México y Colombia de forma directa o a través de terceros.
En 2020, durante cuatro meses, Hoyos Bohórquez transfirió cerca de 18 millones de euros mediante un “sistema de token”. Mediante ese estratagema, el receptor final de los fondos usa el número de serie de un billete que hace las veces de “llave” para retirar el dinero y mostrar que ha acabado en las manos correctas.
Miembros de esa trama presuntamente enviaron más dinero de vuelta a México a través de España. Una investigación española encontró que “grandes cantidades de dinero” fueron transferidas desde los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong a México a través de las cuentas bancarias de sociedades españolas.
Según la policía española, un empresario local ayudó a empañar el origen del dinero usando cuentas bancarias de compañías españolas para las transferencias, “con toda probabilidad eran producto del tráfico de estupefacientes”. La investigación sigue abierta.
Las autoridades no han divulgado quién recibía los fondos.
Pero, en paralelo, Alverdi Benavides ha estado bajo la lupa por sus conexiones en México. En marzo de 2022, lo arrestaron en una redada en una vivienda de lujo a las afueras de Ciudad de México. Ahí la policía buscaba a un presunto narcotraficante colombiano, Eduard Fernando Giraldo Cardoza, conocido por su alias Boliqueso.
Alverdi Benavides fue puesto en libertad por abusos cometidos durante la redada. Ni él ni Boliqueso respondieron a cuestionarios enviados por los periodistas.
Los periodistas descubrieron que Alverdi Benavides también había hecho negocios con una empresa financiera mexicana, Black Wallstreet Capital, que, según un portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México, ha sido objeto de una investigación federal por transacciones “irregulares” y posible blanqueo de dinero. Los fiscales federales no respondieron a una consulta sobre la etapa de la investigación.
Al ser contactado, Juan Carlos Minero Alonso, dueño de Black Wallstreet Capital, dijo a OCCRP que Alverdi Benavides y un pariente se habían puesto en contacto con la empresa para que “se administrara la que dijeron era una riqueza obtenida en el sector de transporte de cargas y construcción cementera.”
“Hoy lo que a todas luces pretendían era hacer pasar sus recursos como lícitos al buscar tener negocios derechos con socios comerciales respetables y reconocidos”, indicó, añadiendo que hace dos más de años terminó cualquier relación con Alverdi Benavides porque no le gustaba su “forma de vida”.
Minero negó tener relación alguna con actividades presuntamente criminales y recalcó que dirigía “una entidad lícita, que pagaba impuestos, que hacía actividades reguladas y con total transparencia.”
Jorge Lara, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Criminales, afirma que la falta de un sistema de monitoreo sólido lleva a que las investigaciones sobre blanqueo de dinero en México terminen en callejones sin salida. Entre 2018 y 2022, solo 7 de los 752 casos de blanqueo que llegaron a la oficina del fiscal general culminaron en procesos, es decir, menos del 1%.
“El crimen organizado está de fiesta”, dijo Lara. “Tanto por sus operaciones [criminales] como por la cantidad de recursos que están moviendo”.
Reportería / edición: Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Iván Alamillo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), Juan Omar Fierro (Aristegui Noticias), David González (OCCRP), Lilia Saúl (OCCRP), Brecht Castel (Knack), Víctor Méndez (Narcodiario), Juanita Vélez (CLIP - OCCRP), Antonio Baquero (OCCRP), Nathan Jaccard (OCCRP), Sally Mairs (OCCRP), Alexander Dziadosz (OCCRP), Paul Vugts (Het Parool).
Diseño: James O’Brien (OCCRP)
Trabajo 3D: Edin Pašović (OCCRP)
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