Durante los cinco años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, el presupuesto asignado al Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha experimentado incrementos considerables, alcanzando los $545.8 millones en 2024, coincidiendo con un año electoral y de transición.
Este aumento, que suma un total de $2,615.2 millones asignados al Ifarhu desde 2019, ha estado acompañado por preocupantes informes sobre la gestión de los recursos, que sugieren un patrón de favoritismo y falta de transparencia.
A este presupuesto considerable se le suman las transferencias de fondos adicionales. Entre marzo de 2020 y diciembre de 2023, se han aprobado al menos $75.7 millones en transferencias de partidas presupuestarias. Estos fondos, destinados a una de las entidades más influyentes en la formación del capital humano en Panamá, están siendo administrados con falta de transparencia, lo que ha suscitado preocupación en diversos sectores de la sociedad.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) ha jugado un papel clave en estas operaciones financieras, autorizando sumas significativas que exceden los montos habituales. Sin embargo, permanece oculta la información detallada sobre cómo se asignan estos fondos y quiénes son los beneficiarios finales.
Información crucial sobre la justificación de las transferencias y la procedencia de los fondos ha sido escasamente divulgada. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable de supervisar estos desembolsos, ha proporcionado datos limitados que no respaldan adecuadamente la redistribución de los recursos. Es decir, no se ha revelado a qué entidades se les han retirado fondos para favorecer al Ifarhu.
El MEF no proporcionó esa información, que fue solicitada por escrito por el diario La Prensa, invocando la Ley de Transparencia de 2002. La entidad simplemente mencionó que en 2020 se realizaron traslados por $5.9 millones a favor del Ifarhu; en 2021, por $31.6 millones; en 2022, por $8.8 millones, y en 2023, por $29.2 millones. Tampoco se informó cómo se distribuyeron estos traslados entre los tres principales programas de préstamos del Ifarhu: becas, asistencia económica educativa y subsidios económicos.
La Prensa solicitó información al ministro Héctor Alexander, quien no facilitó copias de las resoluciones de autorización de transferencias de partidas y créditos adicionales emitidos por la Comisión de Presupuesto de la AN a favor del Ifarhu, avaladas por la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF. A pesar de haber pedido una extensión del tiempo de entrega, Alexander proporcionó un cuadro incompleto con los montos de las transferencias y sin las resoluciones que justifican los movimientos de dinero.
La situación se agrava con la continua negativa del Ifarhu a cumplir con las directrices de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). A pesar de las instrucciones de derogar resoluciones que mantienen en confidencialidad la información sobre los beneficiarios de los subsidios económicos, el Ifarhu ha evadido la responsabilidad de transparentar sus programas de préstamos, garantizar la equidad en la distribución de estos recursos millonarios y rendir cuentas por el manejo de los fondos.
Gracias a una base de datos interactiva elaborada por La Prensa, ahora se sabe que el Ifarhu otorgó subsidios no reembolsables a familiares de varios altos funcionarios, incluyendo a una sobrina del propio presidente Cortizo. Se trata de Mía Sofía Cortizo, quien recibió un auxilio de $85 mil, cuando su tío ya era gobernante.
Entre los beneficiarios de estas ayudas económicas se encuentran Diego Ábrego Díaz y José Simpson Serrano, hijos del diputado oficialista Roberto Ábrego (en ese momento miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, en representación de la AN) y del ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, respectivamente. Cada uno recibió un subsidio de $190 mil.
Simpson no es el único ministro vinculado a los subsidios. También lo están Juana Herrera y Eyra Ruiz, ministras de la Mujer y consejera, respectivamente. La hija de Herrera, llamada Yarisbel Melo Herrera, recibió $40 mil, y el hijo de Ruiz, Jorge Emilio Jaén Ruiz, $180 mil.
María Alejandra Panay, viceministra de la Mujer desde marzo pasado, recibió un subsidio de $59,229. Antes de ser viceministra, María Alejandra, hija del exdiputado y actual secretario general del PRD, Quibián Panay, fue asistente de Bernardo Meneses cuando este ocupaba la dirección general del Ifarhu. Meneses dejó el Ifarhu para buscar una curul como diputado del circuito 13-1 (en la provincia de Panamá Oeste), pero perdió en la elección del pasado 5 de mayo.
Entre los diputados favorecidos con auxilios económicos para sus familiares se encuentra el perredista Eric Broce. Su hijo, de igual nombre, recibió un apoyo financiero de $17,282, mientras que su sobrino Fernando Broce recibió $140,000.
Hay más casos destacados
Jackeline Cabezas, hija del embajador de Panamá en Costa Rica, Luis Carlos Cabezas, recibió un subsidio de $130 mil.
Sofía Fernández, hija del director de Seguridad Aérea de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) y piloto presidencial, Abdiel Fernández, recibió $70 mil. Fernández es el principal accionista de una empresa contratista de la AAC y de la AN.
Algunas fuentes vinculadas a la AAC, consultadas por este medio, coincidieron en que desde hace un año, Fernández estaría realizando vuelos como piloto del avión presidencial. https://t.co/Kh6Ey12BmE pic.twitter.com/U8V3LwLb8j
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 14, 2023
Igualmente, a los dos hijos del subgerente general de la Caja de Ahorros (CA), Lorenzo Escudé, les tocó auxilio: Agustín, por $44,136, y Lorenzo Jr., quien también es piloto del avión presidencial y trabaja desde octubre de 2020 en la AAC (donde recibe un salario de $2,500 al mes), por $43,250.
Camilo Gozaine González, nieto del exlegislador y expresidente provincial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Camilo Gozaine, recibió un subsidio de $90 mil en mayo de 2022.
