Si Gerardo Solís ha demostrado consistencia en algo durante su carrera política, es su desapego a la transparencia. El actual contralor de la República ha hecho evidente desde siempre, desde temprana edad, pero en los últimos años, durante este gobierno, su desinterés lo ha llevado a un nivel superior: el aborrecimiento.
Su indiferencia por la transparencia tal vez sea uno de los cimientos de su personalidad política, pues habría aprendido la importancia de mantenerla a raya durante la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega, en 1986, cuando empezó —a la edad de 24 años— su activismo político en el PRD, partido del que, en apariencia, se desvinculó en 1999 para volver en 2015, de las manos del diputado Benicio Robinson y de su mentor, el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
Otro aspecto al que siempre ha estado ligado Solís es el dinero: director de finanzas del Colegio Nacional de Abogados; Comité de Finanzas del PRD y encargado de las finanzas en 1989 —con solo 27 años de edad— de la campaña presidencial de Carlos Duque Jaén (PRD), dueño de una empresa —Transit, S.A.—, supuestamente investigada por Estados Unidos por una presunta “canalización de millones de dólares en sobornos”.
Fue en esa época, precisamente, cuando Solís empezó a ser conocido como el “hombre del maletín”. Él lo niega. Dice que es un cuento, que no tuvo que ver con Transit, aunque su carrera política empezó, justamente, en donde esa empresa tenía su sede: la Zona Libre de Colón.
Arranca la carrera
El brillo de Solís en el sector privado fue probablemente el de un cirio, pero su carrera política fue fulgurante a partir del gobierno de Pérez Balladares (PRD), quien le dio cuatro cargos durante su administración (1994-1999), quizás por la afinidad que comparten ambos por la opacidad en el servicio público.
Pérez Balladares nombró a Solís director ejecutivo del Fondo de Emergencia Social (FES) entre 1996 y 1998. Esa institución, por sus escándalos, ha sido rebautizada en varias ocasiones. Su nombre más conocido fue Programa de Ayuda Nacional (PAN), pero hoy se llama Dirección de Asistencia Social (DAS).
También lo nombró ministro de Vivienda en 1998 y ministro encargado de Educación. Finalmente, fiscal electoral (1999-2009), que se extendió hasta 2006, cuando llegó —como magistrado— al Tribunal Electoral (2006-2012). Luego, en 2013, intentó ser presidente independiente, aunque terminó como candidato a vicepresidente por el PRD en 2014. Volvió nuevamente a ser candidato presidencial en 2019, pero con la misma suerte que corrió en 2014 junto a Juan Carlos Navarro.
Quemando documentos
El excontralor Alvin Weeden (q.e.p.d.) hizo una denuncia seria en 2009, años después de servir en el cargo que hoy desempeña Solís. En una entrevista a TVN Noticias —para oponerse a la candidatura de este a la Corte Suprema— aseguró haberse reunido con él —y otros funcionarios del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso— y que Solís reconoció haber destruido evidencias del manejo de las partidas discrecionales de Pérez Balladares.
Según Weeden, Solís admitió haber quemado las facturas de respaldo de esas partidas discrecionales, que sumaron más de $25 millones. Solís dijo que hacían mucho bulto. “Esas facturas —añadió Weeden— eran documentos públicos que requería para las auditorías públicas que tenía que hacer en contra de quienes se habían beneficiado con los dineros de las partidas discrecionales…”.
Weeden había recibido instrucciones, cuando ya había ascendido al gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), de quien en ese momento era ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, para que investigara las partidas discrecionales —o “partidas secretas”— de Pérez Balladares y de Mireya Moscoso, ya que en los archivos del Palacio de las Garzas no se hallaron las facturas que sustentaban los gastos y desembolsos de las respectivas partidas discrecionales.
Solís negó las acusaciones de Weeden. Nueve años después —en 2018— Solís dijo a La Prensa que había “aclarado” eso con Weeden, y que “quedó claro que no soy ningún piromaniaco”. Como es su costumbre, se guardó los detalles de esa “aclaración”. Así, lo que pudo parecer un hecho aislado con la destrucción de las facturas, años después se convirtió en costumbre, en un estilo de gestión que le ha generado a Solís serios cuestionamientos como contralor.
Primer indicio
Las primeras evidencias de un manejo oscuro en la Contraloría empezaron cuando Solís, en 2020, se negó a investigar el contrato para la construcción de un hospital modular para atender a pacientes de la pandemia. Era un contrato de $6.9 millones, cuya licitación estaba plagada de inconsistencias y serias irregularidades por las que Solís no demostró interés alguno.
A pesar de que este medio demostró que el Estado pagaría como nuevos 160 módulos viejos y usados, Solís se negó a investigar el contrato, que firmó otro cuestionado ministro: el de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
La Contraloría nunca hizo una auditoría in situ para corroborar la calidad, resistencia y otros factores del hospital. Solís se conformó con fotos, facilitadas por la empresa (SmartBrix), para garantizar —sin más documentos sustentatorios— que eran módulos nuevos. “Satisfacieron mis dudas”, dijo Solís.
Alergia a las auditorías
Solís fantasea públicamente con hechos alejados completamente de la realidad, como que, bajo su gestión, se han hecho más auditorías que bajo ninguna otra administración. Pero el hecho cierto es que su administración ha sido ineficiente y hasta negligente en este asunto.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación reveló el año pasado que, de 101 auditorías solicitadas a la Contraloría por las fiscalías anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio (SPA) —entre enero de 2020 y septiembre de 2023— sólo han recibido 4; que de las 10 que pidió la Fiscalía Anticorrupción de Veraguas, solo ha entregado 1, y ninguna de las 4 que ha pedido la Fiscalía Superior de Descarga.
Por culpa de la Contraloría, de hecho, las fiscalías anticorrupción del SPA se vieron obligadas a archivar 11 casos por la falta de las auditorías de la Contraloría, mientras que en Veraguas se han desestimado 2 por la misma razón.
Solís ni siquiera ha ordenado las auditorías que intentó hacer su antecesor, Federico Humbert, a las planillas de los diputados —pasados y actuales— después de que la Corte Suprema de Justicia diera luz verde para hacerlo.
Se trata de la planilla 080, en la que previamente se habían descubierto serias anomalías. Sin embargo, la diputada Yanibel Ábrego, fungiendo como presidenta del Legislativo por entonces, impidió hacer la auditoría de la planilla. Incluso, acudió a la Corte Suprema, que, contrario a sus deseos, los magistrados la autorizaron. No obstante, Solís decidió mantener el velo de oscuridad sobre el uso de ese dinero negándose hasta hoy a ordenar la auditoría.
En esa planilla está el personal de confianza de los diputados, contratado a través de una asignación que en el quinquenio pasado se elevó de $4 mil a $30 mil mensuales para cada diputado. A finales de abril de 2019, la Contraloría publicó el detalle de los gastos en que incurrieron los diputados entre 2014 y 2019 en planillas y donaciones. Esa información ya no es visible en la web de la Contraloría ni tampoco fue actualizada.
Esa publicación revelaba que los diputados usaron más de $165 millones para planillas y donaciones y que hijos, hermanos, padres y esposos de varios diputados figuraban en las planillas de la Asamblea.
Auditoría ‘confidencial’
Ese amor por lo secreto también resultó en otro gran escándalo. Este medio, mediante solicitud fundamentada en la Ley de Transparencia, solicitó a Solís —el 10 de febrero de 2021— copia de una auditoría que dijo que se había hecho a la empresa Panama Ports Company (PPC), a fin de renovar su contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La “auditoría de cumplimiento del contrato firmado entre la sociedad Panama Ports Company, S.A. (PPC) y el Estado panameño, aprobado mediante Ley 5 de 16 de enero de 1997, es confidencial”, dijo la Contraloría. La Prensa no recibió el supuesto documento.
La nota de rechazo la firmó la secretaria general, Zenia Vásquez, quien añadió que “la referida petición no es procedente, en atención a lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General”, que confiere exclusivamente al Contralor la facultad discrecional de divulgar los resultados que estime pertinentes.
Esa auditoría —que nadie vio— permitió la renovación de un contrato leonino, con una empresa muy cuestionada. Pero en cada estrado o foro, Solís repetía que PPC “sí cumplió con el contrato”, afirmación acompañada de generosos elogios a PPC, sus resultados e inversiones. Pero jamás permitió que alguien viera, y mucho menos examinara, su auditoría secreta.
Borra nombres
La historia de la carente transparencia con la que Solís maneja la Contraloría también incluye su negativa a investigar un fraude contra el Estado que posiblemente habría empezado a descubrirse con una auditoría interna que funcionarios de la Presidencia hicieron sobre el manejo de casi $2 millones en bonos solidarios, un programa que manejó, al menos, unos $150 millones durante la pandemia.
Solís dijo que tampoco investigaría este asunto, alegando que la Contraloría no refrendó los pagos a una empresa artesanal de quesos que intentó redimir los bonos que le entregaron políticos del PRD. Así, Solís enterró bajo dos metros de excusas, una investigación potencialmente criminal y de grandes proporciones.
Ingrese a la base de datos de los auxilios del Ifarhu aquí
Lo último ahora es que La Prensa determinó que la Contraloría esconde más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). De los 4 mil 903 auxilios conocidos, hay 2 mil 759 beneficiados que en la casilla donde debe aparecer su identidad, lo que aparece es esto: “Información […] oculta por la Contraloría”. ¿Es necesaria más evidencia para demostrar el aborrecimiento de Solís por la transparencia?
