¿Quién es Eduardo Ruiz Escartín y cómo logró un contrato de servicios profesionales por $30 mil al mes con Minera Cerro Quema en 2020?
Ruiz Escartín es abogado, idóneo desde diciembre de 2000. Previo a ese año, se desempeñó como juez nocturno (1984-1987); corregidor y laboró como secretario de Tránsito en el Municipio de San Miguelito. Mientras trabajaba en una firma privada, obtuvo su idoneidad, lo que lo llevó a trabajar en la Policía Nacional y en el Programa Nacional de Administración de Tierras.
Según su hoja de vida vigente en los años de la campaña electoral de 2019, Ruiz Escartín se desempeñaba como “abogado litigante independiente”, especializado en los ramos “penal, civil, familia, tránsito y tierras”. En ese documento brilla un nombre conocido: el del también abogado Luis Acevedo Ureña, hoy encumbrado, bajo las sombras del poder político, gracias a su cercanía con el vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, de quien es socio y mano derecha en sus asuntos personales.
Ruiz Escartín menciona a tres personas que pueden dar referencia de él y, justamente, Acevedo Ureña es el primero de esa corta lista ¿Pero es solo un referente?
Las sociedades
Ruiz Escartín creó una sociedad que habría sido usada para enmascarar el presunto uso de fondos de campaña en los años 2018 y 2019 que no fueron declarados al Tribunal Electoral (TE). De igual manera, trabajó como agente residente de empresas que habrían hecho facturaciones por servicios aparentemente ficticios a una contratista del Estado para obtener fondos de campaña: Bagatrac.
Por ejemplo, Ruiz Escartín fue agente residente de la sociedad J&J Consulting Services, S.A. Pese a ser el abogado de esta sociedad, todo el papeleo para inscribirla en el Registro Público estuvo a cargo de Acevedo Ureña. Cuando esta sociedad fue constituida por Ruiz Escartín –en febrero de 2014– su primer presidente fue una persona que dos meses después fue contratado en un negocio de la familia Carrizo.
Luego, esta persona fue reemplazada en el cargo –en febrero de 2017– por un excompañero de Carrizo en la mina de Petaquilla: Isaías Noriega Arjona, quien figura en varias sociedades usadas en la campaña del PRD (2018-2019). J&J Consulting Services –disuelta en abril de 2022– tiene un papel protagónico en el presunto uso de fondos de campaña no declarados al TE.
Este abogado también fue agente residente de otra sociedad – Alquigrúas, S.A.–, usada para facturar supuestos servicios a Bagatrac. Los fondos obtenidos se habrían usado para pagar gastos y planillas de personas que trabajaron para la campaña del hoy presidente Laurentino Cortizo.
Pero Ruiz Escartín tuvo un papel mucho más misterioso, luego de que el PRD –o más bien Carrizo– ascendiera al poder en 2019. A pesar de que su experiencia se limitaba a lo ya descrito, este abogado consiguió un jugoso contrato secreto, que hoy, por primera vez, se revela.
Revive proyecto minero
El 28 de agosto de 2020, un año después de tomar posesión la actual administración gubernamental –y en plena pandemia– Ruiz Escartín firmó un contrato con el ciudadano canadiense Sean Petersen Spraggett, de la sociedad Minera Cerro Quema, S.A. Petersen Spraggett estrenaba el cargo. Semanas antes –el 6 de julio de 2020–, en una reunión extraordinaria de accionistas de Minera Cerro Quema, había sido nombrado presidente y secretario de la sociedad.
Petersen Spraggett tomaba el control, luego de que la pasada administración de la sociedad fracasó en su intento –en 2015– de revivir el proyecto de extracción de oro y plata a cielo abierto en el cerro del mismo nombre, en la provincia de Los Santos, donde la minería es rechazada, no solo por el Frente Santeño contra la Minería, sino de los habitantes de la región, que llevan –al menos desde 1975– protestando en contra de la extracción.
Desde 2015, este proyecto –que abarca unas 15 mil hectáreas– se creía muerto, pues dos ministros de Ambiente –entre 2014 y 2019– rechazaron su estudio de impacto ambiental (EIA). Pero eso cambió el 25 de mayo de 2023, cuando el EIA fue aprobado por el Ministerio de Ambiente. El estudio no lo autorizó el ministro, Milcíades Concepción, sino la viceministra, Diana Laguna.
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La noticia causó sorpresa, no solo porque la minería en cerro Quema se creía enterrada, sino porque el río La Villa –del que depende el 65% de la población de Los Santos– nace, precisamente en cerro Quema, con lo cual revivió la preocupación por el uso de cianuro y otros químicos en el proceso de extracción, que podrían contaminar sus aguas.
El contrato
¿Cómo quedaron el recién nombrado presidente de Minera Cerro Quema, S.A., Sean Petersen Spraggett, y un abogado sin experiencia en temas mineros ni corporativos de alto vuelo, como Ruiz Escartín, firmando un contrato secreto por servicios profesionales de $30 mil al mes? Eso no se sabe, aunque es un gran “coincidencia” que el canadiense haya dado con alguien del círculo de confianza de Acevedo Ureña, el socio del vicepresidente Carrizo.
Las labores asignadas a Ruiz Escartín, según el contrato, eran hacer un análisis de la “situación actual del cliente”, identificar fortalezas y debilidades; “diseñar una estrategia para lograr los objetivos del cliente”; asesorarlo en “aspectos organizativos” y en situaciones de crisis; reunirse con la gerencia y los accionistas y dar seguimiento a las actividades de la empresa.
La contratación de Ruiz Escartín es intrigante, considerando que el agente residente de Minera Cerro Quema, S.A. es Morgan & Morgan, la misma firma que asesoró a la minera Cobre Panamá. Por los servicios de Ruiz Escartín, Petersen Spraggett se comprometió a pagarle $30 mil al mes y, de ser necesario, otros honorarios, si la empresa decidiera contratarlo para otras actividades no descritas en ese contrato.
Vigencia
El pacto tuvo –o tiene– una vigencia de un año, a partir del 1 de septiembre de 2020, y “puede ser renovado de manera automática, por igual periodo de tiempo, con la mera continuación del servicio”, indicaba el contrato. El primer cheque de Minera Cerro Quema –de $30 mil– fue hecho el 3 de septiembre de 2020, cinco días después de haberse firmado el contrato. Es decir, que la minera estaba pagando a Ruiz Escartín por adelantado.
Varias de las facturas del abogado tienen numeración consecutiva y carecen de datos, como el registro único de contribuyente (RUC). La fecha de la última factura a la que ha podido acceder La Prensa es del 1 de abril de 2021, por lo que, de haber cumplido con los pagos mensuales, la empresa minera habría pagado. al menos, unos $240 mil.
Pero, hipotéticamente hablando, si el contrato con el abogado se hubiese extendido hasta mayo de 2023 –cuando el MiAmbiente aprobó su EIA– Cerro Quema le habría pagado a Ruíz Escartín $990 mil, es decir, casi $1 millón.
Confidencialidad
El contrato, en su cláusula sexta, advierte que “el abogado se obliga a mantener en estricta confidencialidad, durante al vigencia de este contrato y aún después de finalizado el mismo, toda la información del cliente, sus directivos, accionistas, colaboradores, sucursales, grupos económicos, etc., a la que tenga acceso en virtud de los servicios que presta, cuando sea anunciada por el cliente como confidencial, sin perjuicio del derecho del cliente de presentar las reclamaciones que de conformidad con la Ley le correspondan en caso de violación de la convenida confidencialidad”.
Además, los firmantes se comprometieron a mantener la ética: “Las partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del presente contrato se han conducido con apego a las reglas de ética y conducta en los negocios requeridas para combatir al extorsión y la corrupción…”.
Planes
Pero esa cláusula parece ser un adorno. Un documento que acompañó el paquete de información que contiene el contrato de Ruiz Escartín es tremendamente revelador. El documento es una suerte de “agenda” en la que se listan nombramientos de embajadores, notarios y algunos temas más que son y serán objeto de otras entregas.
El punto 6 de esa agenda se titula “Minera Cerro Quema, S.A. (MCQSA/ORLA)”, con los siguientes subtemas:
“Contrato mensual” (que sería el firmado por Ruiz Escartín).
“Pago por Obtención (%) Bonificación - (%) Servicios”;
“Aprobación de prórrogas de Contratos No. 19, 20 y 21″; (que son los contratos que amparan la concesión minera de Cerro Quema y que vencieron en 2017);
“Aprobación de Concesión de Exploración de Cobre”. (La empresa hizo una solicitud en ese sentido el 30 de octubre de 2017).
“Aprobación EIA [Estudio de Impacto Ambiental] Categoría I (aprobado en mayo de este año, tras estar archivado desde 2015).
“Generación de Servicios Legales (Obtención de permisos, gestiones administrativas, migratorias, asesorías, auditorías)”.
“Servicios (ventas, perforación, combustible, alquileres, construcción)”.
La Prensa le envió un cuestionario a Ruiz Escartín, preguntándole sobre su contrato con Minera Cerro Quema; si representaba a alguien más en ese contrato; su experiencia en temas mineros y corporativos; su relación con Luis Acevedo Ureña y su rol en la campaña electoral de 2018 y 2019. No hubo respuesta. También este medio fue hasta el domicilio registrado como su despacho en los documentos de la Caja 2 del PRD, pero no atiende más allí.
Lo mismo ocurrió con Acevedo Ureña, quien, en respuesta a un cuestionario que le envió este medio, no dijo una palabra sobre las notas en la agenda y del contrato de Ruíz Escartín. En su lugar, amenazó con demandar, al tiempo que preguntó a este medio “¿Cómo pudo obtener dicha información? […] ¿Cómo, supuestamente, usted tiene información confidencial de mi despacho?”.
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La Prensa también le preguntó al vicepresidente Carrizo, si conocía el contrato de los $30 mil, pero eludió responder: “Las aseveraciones e insinuaciones planteadas por usted a través de sus preguntas, no me constan”, dijo.
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