En Panamá no hubo sorpresa cuando, en 2014, la Operación Lava Jato desenrolló la mayor red de corrupción de la región. Odebrecht era una vieja conocida para organizaciones, periodistas y la ciudadanía alejada, pero siempre pendiente de los arreglos bajo la mesa que a partir de este juicio serían exhibidos de manera descarnada. Ya lo sabían: Odebrecht era una aplanadora que conquistaba cualquier poder de turno a punta de “favores”.
Solo en la web de La Prensa, hay 2,004 artículos publicados con la etiqueta de Odebrecht desde 2007 hasta el momento exacto en que la policía federal de Brasil destapó el esquema de empresas brasileñas involucradas en lavado de dinero, sobornos y financiamiento ilícito a campañas en América Latina. El primero de ellos, del 21 de enero de 2007, avisaba a propósito de una maniobra contractual para garantizar su entrada –en reemplazo de Pycsa– en la autopista Panamá-Colón: “Odebrecht no llega a Panamá con un historial limpio […] ha sido acusada de corrupción en Brasil y Perú, y de incumplir un contrato en Venezuela”.
Las sospechas fueron apenas un suspiro para el tsunami que vendría.
Diez años después de esa noticia, las evidencias sobraban. Desde sobrecostos que podrían sobrepasar los más de $2 mil millones en contratos amañados, pasando por la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil, hasta las delaciones de ejecutivos que filtraron medios panameños –por ejemplo, la de Luiz Antonio Mameri, quien aseguró que hubo pagos al hoy exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu por $4 millones– o declaraciones de operadores financieros, como Rodrigo Tacla Durán, que atribuyó la impunidad del caso en sus inicios a la amistad entre el entonces presidente Juan Carlos Varela y el representante de Odebrecht en Panamá, André Luiz Campos Rabello. Pero los organismos de control no reaccionaban, pese a que voces de la sociedad civil así lo exigían, y la justicia se resistía a investigar.
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Mientras en Perú, Colombia y Ecuador abrían procesos que incluían a expresidentes y presidentes en ejercicio, las cúpulas políticas y empresariales, en Panamá había silencio institucional, y la aplanadora brasilera aturdía como siempre: seguía quedándose con las obras más importantes, como la línea 2 del Metro y la renovación de Colón. Odebrecht parecía más sagrada que el Canal.
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Hasta ahora, la empresa, políticos, empresarios, testaferros y otros intermediarios, así como abogados y bancos, han logrado eludir la tormenta. Los únicos panameños de alto perfil condenados a la cárcel fueron juzgados fuera del país, en Estados Unidos: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, quienes también forman parte de la trama local, al igual que su padre, Ricardo Martinelli Berrocal.
La justicia panameña será puesta a prueba a partir del 27 de septiembre, cuando está previsto que comience el juicio, equivalente al Núremberg de la corrupción en Panamá: dos expresidentes, sus hijos, familiares y hasta la amante de uno de ellos; seis exministros, sus testaferros, facilitadores y operadores extranjeros serán juzgados por el lavado de dinero de los sobornos de Odebrecht.
La evidencia contra ellos es monumental. El expediente tiene 915 mil hojas atiborradas de pruebas, como registros bancarios y societarios, documentos oficiales con movimientos migratorios y compra de bienes, esquemas infinitos de la ruta del dinero oscuro y las declaraciones de testigos protegidos, además de las de los imputados.
“Es el mayor atraco de fondos públicos de la historia”, dijo el fiscal Mahmad Daud Hasan durante las audiencias de septiembre de 2022, tras compartir los hallazgos del Ministerio Público desde el 18 de septiembre de 2015, cuando inició la investigación, hasta el 12 de abril de 2021, cuando pidió enjuiciar 50 personas.
A partir de hoy, La Prensa publica un recorrido sobre la trama de corrupción de Odebrecht en Panamá, sus modos, protagonistas y nuevas revelaciones de cara al momento definitivo: el juicio final.
El mayor saqueo
Comparado con Odebrecht, cualquier otro caso de corrupción vinculado a obras públicas palidece.
Una empresa que, en poco más de diez años, hizo negocios con el Estado por más de $10 mil –o sea, $2 mil 500 por cada panameño entregados a Odebrecht– por una sola razón: pagaba las coimas más grandes de las que Latinoamérica tenga recuerdos.
En Panamá, los sobornos comprobados ascienden a $130 millones. Un récord histórico, aunque no se sepa exactamente cuánto pagó en total: Odebrecht calló más de lo que se comprometió a contar. De todas maneras, al lado de la aplanadora Odebrecht cualquier caso no llega a rasguño.
Un ejemplo: el Puente Centenario, la obra insignia de la expresidenta Mireya Moscoso, que terminó en escándalo por denuncias de coimas de $1 millón al entonces ministro de Obras Públicas Víctor Juliao, fallas técnicas a pesar de la inversión de $104 millones y porque cuando se inauguró en 2004, no se podía usar, ya que las vías de acceso no estaban listas. El ingenio popular lo bautizó como el “puente peatonal más largo del mundo”.
Si se compara esa coima de $1 millón versus los $130 millones, hay $129 millones de diferencia. El monto alcanzaría para inmunizar a cada habitante del país de coronavirus –a un promedio de $15 cada vacuna– y sobraría para cubrir por dos años el presupuesto del Instituto Gorgas.
Campos Rabello lo entendió ni bien aterrizó en Panamá: estaba en el ecosistema perfecto para reproducirse. La economía crecía a tasas chinas, las leyes cuando no eran permeables, podían torcerse a maleables; y la dirigencia estaba decidida a venderse al mejor postor. Respaldada por una diplomacia activista, Odebrecht no paró de crecer y alcanzó tanta popularidad como Mano de Piedra Durán cuando le ganó a Sugar Ray Leonard: su imagen estaba en todas partes. Financiaba exposiciones de arte, patrocinaba concursos de periodismo y donaba millones a la Iglesia.
Comunicado sobre donaciones a la Iglesia Católica https://t.co/6ShkjBlB4d
— Arquidiócesis de Pmá (@ArquiPanama) November 12, 2017
Odebrecht terminó aplacando muchas de las potenciales voces críticas a punta de contratos para cualquier cosa o invitaciones a eventos deportivos de clase mundial. Aunque hubo quienes resistieron -las denuncias ciudadanas y periodísticas no pararon-, nada ni nadie detuvo los negocios oscuros.
La investigación judicial demuestra porqué fue imparable. También confirma las sospechas de la ciudadanía previas a la Operación Lava Jato, y demuestra que cada una de las investigaciones periodísticas publicadas apuntaba al fondo de la cuestión: una organización criminal desfalcó las arcas públicas con la excusa de construir una veintena de obras que no resolvieron los problemas que venían a solucionar, sino que abrieron las puertas de par en par a la corrupción desmedida.
¿Cómo implementaron el robo? ¿De qué manera esquivaron los controles? ¿Cuál fue la estructura a través de la cual fluyó el dinero sucio de los sobornos?
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