La trama de Odebrecht en Panamá es tanto o más atractiva que la más taquillera de las películas sobre el crimen organizado.
Presidentes y ministros recibían al jefe de una empresa extranjera en sus despachos, aceptaban invitaciones a viajes, a fiesta con mujeres, a partidos de fútbol en el extranjero. Juntos, volaban en jets privados y brindaban con carcajadas. Se volvieron compinches. En restaurantes de lujo, hablaban de obras, de lo que costarían y de los precios que inventarían. Decían cosas como “quédese tranquilo, van a tener oportunidades” o “quédese tranquilo, yo le tramito eso”. Entonces entran en escena una manada de abogados, banqueros y testaferros que abren cuentas en paraísos fiscales, crean sociedades y firman papeles para que el botín llegue a su jefe sin que nadie se entere. Pero un puñado de investigadores le siguieron la pista y sus maniobras desencadenaron un escándalo.
Esas escenas, que parecen de película, no son ficción: sucedieron en Panamá entre 2006 y 2016. Desde el momento en que Odebrecht desembarcó en el país para construir un proyecto para el agro, hasta poco después de que la policía de la ciudad de Curitiba destapara la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil y la región –la operación Lava Jato–, la cúpula política y económica tejió una maraña turbia que los volvió ricos con el robo de millones de dólares de las arcas públicas.
Simplificada, la mecánica del desfalco fue así: a Odebrecht se le adjudicaba una licitación –muchas veces con el pliego de cargos arreglado a su favor–; el excedente entre lo que valía y lo que la empresa decía que valía –sobrevaloración– viajaba a la Caja 2 del Sector Operaciones Estructuradas –que no era otra cosa que la oficina de coimas–, y desde ahí era repartido en sobornos a políticos y empresarios que garantizaban esos contratos, a través de una estructura offshore diseñada para que los delincuentes pasaran inadvertidos. Saldadas las coimas, la empresa conseguía más dinero para alimentar esa caja: más contratos –o adendas– con precios inflados.
En un listado de 23 proyectos adjudicados a Odebrecht entre 2006 y 2019 por más de $8,320 millones, La Prensa identificó una diferencia entre el precio inicial y el precio final de $2,305 millones. Se trata de obras autorizadas por tres presidentes de la República, de tres partidos distintos. Durante ese tiempo, en un país donde hay atascos vehiculares de tres horas para llegar a trabajar y el suministro de agua se corta cada dos por tres, la empresa repartió más de $130 millones en sobornos. ¿Cómo lo hizo?
La fuente del dinero
En cada obra pública hay distintos tipos de costos.
Están los costos directos –materiales como el acero, trabajadores– y los indirectos –los estudios de impacto ambiental, por ejemplo–. También los imprevistos, por si pasa algo, los financieros y los impositivos, y el costo industrial. De una ecuación entre todos esos ítems resulta el precio con que cualquier empresa pelea una licitación pública. De todos, menos uno: el dinero que se repartirá entre funcionarios y empresarios que van a pujar en la convocatoria para simular la competencia.
Esos son los sobrecostos, alimentados también por lo que cuesta la logística para repartir las coimas y un seguro para abogados, fiscales o jueces, por si saltan a la luz. Odebrecht sabía cómo calcularlo.
Solo en 4 de las 23 obras rastreadas por La Prensa, Odebrecht no subió los costos, aunque ello no significa que los precios no estuvieran inflados de antemano. En las 19 restantes, hubo aumentos que totalizaron $2,305,309,927. En el remoto caso de que no se inflaron los valores de antemano, los panameños debieron haber pagado $8,320 millones en total, pero terminaron pagando $10,625 millones en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Revolucionario Democrático (PRD); de Ricardo Martinelli (2009-2014), de Cambio Democrático, y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Panameñista.
Para dimensionar tal cantidad de dinero, con $2,305 millones Panamá podría cubrir el déficit fiscal actual, construir mil escuelas o más de 20 mil canchas sintéticas. Alcanza y sobra también para comprar 687 millones de dosis de antihipertensivos, uno de los medicamentos más solicitados en farmacias. Así que lo que no se hizo por andar pagando sobornos representa otro costo, que es el costo social de la corrupción: niños sin escuelas ni canchas o parques para jugar, adultos sin medicamentos y localidades aisladas por falta de caminos.
Lea aquí la 'Aclaración de José I. Blandón sobre el reportaje 'El mecanismo de Odebrecht en Panamá'
¿Y cómo se justificaban los sobrecostos?
Sencillo: adendas. O sea, excusas.
En El mecanismo, una serie de Netflix basada en el caso Lava Jato, hay una escena que lo ilustra perfecto. El personaje que hace del director de Petrobras discute con un ejecutivo de Odebrecht y el cambista que facturaba para desviar los recursos, sobre cómo justificar el cobro de $1 millón más en una obra para una refinería. Había que pagarle a un político y necesitaban sacar dinero de alguna parte.
Están en lo alto del rascacielos espejado que era el edificio de Odebrecht, con vistas al mar de Río de Janeiro de fondo. El ejecutivo de Odebrecht examina el contrato y descubre que alguien hizo bien el trabajo, porque en el ítem 2578B “hay una buena brecha”. Es decir: una vía por donde hacer circular justificadamente los millones de sobrecostos.
Entonces, sugiere: “Decimos que el suelo es blando, qué sé yo”.
Rápido de reflejos, el director de Petrobras responde: “Según los auditores, hay que decir siempre ‘según los auditores’. Y lo cierras como siempre: “Por ello se necesitan más estacas de fundación y estructuras metálicas”.
El cambista, sonriendo con el gozo que le provoca el hallazgo, celebra: “Con esto agregamos 18 elementos más. Ya está, ¿no?”
Y ya estaba. En Panamá lo hicieron así desde la primera obra.
En la autopista Colón-Madden, por ejemplo, empresas del grupo Diacelec –EntreMares, Aceros Dos Mares, Limbertoni, Columbia Managment, etcétera– facturaron trabajos tercerizados que nunca hicieron, aunque los cobraron para, después, darle lo recaudado a Odebrecht. Diacelec es de los Arias, una familia ecuatoriana con varios miembros condenados en Ecuador por lo mismo: ayudar a Odebrecht a obtener efectivo para el pago de sobornos.
Un empleado de la constructora, llamado Fredy Barco Vera, era el encargado de llevar el paquete a Torre de las América, piso 32: la sede de Odebrecht en Panamá. Barco Vera contó a los fiscales que lo hizo con proyectos como el del aeropuerto, el saneamiento de la bahía y la cinta costera III, también conocida como la “cinta coimera”.
Las excusas variaban, dijo Barco Vera. En el saneamiento de la bahía solo ejecutaron “tuberías terciarias”, pero cobraron por “instalaciones de ramales principales”, o, con un costo mucho mayor, por rubros como “uso de equipos, grúas, palas, mayor cantidad de personas, desalojo y relleno que no se ejecutaba”.
¿Y por qué cobran tantos extras? Para poder pagar los sobornos.
La gimnasia de los sobornos la contaron con lujo de detalles el dueño de maquinaria, Marcelo Odebrecht, y su intendente en Panamá, André Campos Rabello.
“Una vez que tenía el valor del negocio, pedía autorización al líder empresarial y decía: ‘Mire, ahí esto parece negocio’”, contó Rabello a las autoridades. Y entonces, lo “enviaba automáticamente” a la oficina de las coimas. “Yo generalmente pasaba la cuenta cerrada en un sobre, ponía el nombre para calificar y entregaba al área de Operaciones Estructuradas”, confesó.
¿Cómo repartían esos millones?
Marcelo Odebrecht, el obsesivo ingeniero que en 2006 quería llevar sus operaciones a otro nivel, ideó un mecanismo para pagar sobornos –también a otro nivel– sin que nadie lo pescara. Primero, formó un sector especial, el de Operaciones Estructuradas; luego, buscó a Hilberto Mascarenhas da Silva para que lo dirigiera, y le pidió control total de la operación, sin fugas de seguridad y con personal reducido.
Mascarenhas da Silva armó el equipo y siguió las reglas, más duras que el acero sobrefacturado, con el único fin de despistar a investigadores: en Brasil nada de transferencias, solo efectivo; en el exterior, sociedades offshore que, “por tener acciones al portador, posibilitaban ocultar el nombre de su propietario”, contó Mascarenhas da Silva.
Panamá participó en esos esquemas de todas las maneras posibles. Fue una fuente inagotable de dinero y fue una de las guaridas fiscales para lavarlo. “Panamá era el único país con acciones al portador”, dijo Luiz Eduardo da Rocha, uno de los encargados de hacer llegar de forma segura el dinero a los sobornados.
Hubo una decena de sociedades controladas por Odebrecht en el país. Las más conocidas son Constructora Internacional del Sur y Aeon Group, por el volumen de sobornos que pagaron. En Panabrech, la base de datos interactiva construida por La Prensa con los imputados y sus vínculos, hay 454 interacciones entre sociedades registradas en Panamá.
Todos los políticos llamados a juicio recurrieron a testaferros y sociedades en jurisdicciones offshore en las que nunca aparecen como dueños. Frank De Lima, que fue ministro de Economía, usó dos: Olmedo Méndez Tribaldos y José Luis Saiz Villanueva. Federico Suárez, a cargo de Obras Pública durante la gestión de Martinelli (al igual que De Lima), compartió al arquitecto que movió sus millones con el de los hijos del expresidente: el abogado Mauricio Cort.
El mecanismo que usaron para cobrar sin aparecer requería de expertos; por eso hay 15 facilitadores acusados en la causa Odebrecht en Panamá.
Lo que hicieron, resumido, sería así: un bufete o un abogado como Cort le abría al interesado una empresa en algún paraíso fiscal y, en otro, una cuenta bancaria asociada a ella. Después, inventaba un contrato con otra empresa por el servicio que fuera, para justificar el movimiento de millones de dólares, y transfería la plata que después pasaba a otra sociedad en otro rincón del mundo, para comprar un helicóptero o una residencia en una isla paradisíaca. Son muchas las sociedades y muchos los facilitadores, enredados con expresidentes, exministros y otros acusados. Todos están en Panabrecht.
Además, figuran 83 bancos a través de los cuales fluyeron los millones de las coimas locales. Banca Privada de Andorra (BPA) y Credicorp son los que más se repiten, porque fueron los más usados. Da Rocha dio detalles de las relaciones estrechas con ambos: abrían cuentas sin preguntar ni chistar, transferían millones de dólares falsificando documentos, mentían a los oficiales de cumplimiento o contaban con cómplices en los bancos, que recibían una comisión por facilitar la operación.
La banca andorrana era cliente de un bufete local: Alemán, Cordero, Galindo y Lee, que aparece en Panabrecht por haber creado y legalizado al menos 18 sociedades vinculadas a la trama panameña. No es la única firma de abogados ni son los únicos intermediarios.
Un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá enviado al Ministerio Público indicó que entidades como Banco Aliado, MMG Bank, Multibank, Towerbank y Banvivienda también recibieron en depósito dineros de Odebrecht. En Panabrecht están sus interacciones.
Ese entramado de película sobrevivió al escándalo. Algunos de los bienes de políticos acusados, cuya compra facilitaron, también.
