La compra directa de 654 mil computadoras portátiles, a un costo de $241.7 millones, no ha sido ni discutida ni aprobada en el Consejo de Gabinete, como exige la Ley de Contrataciones Públicas de 2006.
“En efecto, eso no ha ido a Gabinete”, dijo a La Prensa el ministro de la Presidencia y secretario del Consejo de Gabinete, Juan Carlos Orillac, sobre el “convenio” que pactó el Ministerio de Educación (Meduca) con la fundación One Laptop per Child (OLPC), para la compra de las laptops.
“Con toda la transparencia que nos caracteriza, es un tema que debe pasar por aprobación o no del Consejo de Gabinete. Será explicado, examinado y discutido por el Gabinete”, remarcó.
En varias ocasiones, La Prensa ha intentado obtener copia del convenio (incluso invocando la Ley de Transparencia de 2002), pero tanto el Meduca como OLPC se han negado.
El 17 de octubre pasado, la ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió por escrito que “no es viable” facilitar copia del documento, ya que el mismo no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República.
En ningún momento la ministra advirtió en su respuesta que el convenio todavía no tenía el aval del Consejo de Gabinete, lo que es un requisito previo a cualquier refrendo. Por tanto, la excusa aludida por Molinar en su nota (de cinco páginas) a La Prensa para no compartir una copia del documento no sería la razón más apremiante para mantener ese velo: el convenio, hasta ahora, es inexistente. Y si existe, no sería válido.
“Desde el punto de vista jurídico, la ministra Molinar puede firmar todos los acuerdos que le da la gana, pero para que se conviertan en una obligación contractual, requerirá la autorización del Consejo de Gabinete, ya que el monto supera los $3 millones”, dijo el diputado independiente Ernesto Cedeño, que es abogado y antes ejerció como funcionario de la Contraloría.
Cedeño remarcó que, sin el visto bueno del Gabinete, ese convenio “carece de toda validez jurídica, por lo que la Contraloría no puede refrendarlo, ya que estaría violando la ley”.
La Prensa preguntó al contralor Gerardo Solís si había recibido el documento para refrendo y dijo que en su despacho no ha ingresado nada al respecto.
Ya hay ‘acuerdo’ formal
Que el tema no haya sido tratado en Gabinete no fue impedimento para que la ministra Molinar y la vicepresidenta de OLPC, Lylian Peraza, firmaran un “acuerdo”, el pasado 5 de septiembre.
Ahí se anotó que la compra asciende a 654 mil laptops para repartir a estudiantes y educadores de séptimo a duodécimo grado en centros educativos oficiales de todo el país, en los próximos cuatro años.
Se acordó que los primeros que recibirán su computadora serán 54 mil docentes, en 2025.
¿Qué dice la ley?
La Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en el país, establece en su artículo 2, numeral 6, que “le corresponderá al Consejo de Gabinete la evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional, que sobrepasen los $3 millones”.
Como ya se sabe, el “convenio” con OLPC implica la compra directa de las computadoras, por $241.7 millones. Este monto será segmentado. Por ejemplo, la ministra ya dijo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, hace tres semanas, que la partida requerida en el presupuesto para la vigencia fiscal 2025 (que debe entrar en vigencia en menos de dos meses) es de $141 millones.
Antes de hablar con el ministro de la Presidencia, La Prensa intentó que el Meduca facilitara copia de la resolución en la que el Consejo de Gabinete aprobó la contratación de OLPC. Una funcionaria del departamento de comunicaciones de la entidad indicó que “eso no pasa por Gabinete, porque es un convenio de cooperación”.
Al recordarle lo que dicta el artículo 2 de la Ley 22 de 2006, la funcionaria comunicó que haría las consultas para brindar una respuesta más precisa. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo más comunicación.
Argumentos que no convencieron
El 16 de septiembre pasado, la ministra fue citada al pleno legislativo, para responder por la compra de las laptops. Ahí invitó a las empresas a competir con la propuesta que le presentó OLPC, aunque 11 días antes ya había firmado un acuerdo con esa fundación.
Luego, el 22 de octubre, regresó a la Asamblea, para sustentar el presupuesto de $3,581 millones asignado al Meduca para 2025. De nuevo salió el tema de las laptops.
El diputado independiente Betserai Richards preguntó a Molinar sobre las inconsistencias en la entrega de equipos y los cuestionamientos internacionales que pesan sobre OLPC. La ministra remarcó que esas críticas se dieron cuando la fundación tenía otros dueños. Ahora hay otro grupo al mando, que encabeza el banquero nicaragüense Roberto Zamora Llanes.
El viceministro de Educación, Roberto Sevillano, que acompañaba a Molinar ese día, agregó que un estudio demostró que el Meduca se ahorraría plata si le compraba los aparatos a esa fundación, aunque no mostró dicha documentación.
En su nota a La Prensa, Molinar escribió que “OLPC ofreció 51% menos del precio establecido en convenio marco y [en un estudio] de mercado con especificaciones superiores”.
Alegó que, precisamente, la existencia de ese convenio marco era la razón por la que no podía convocar a una licitación pública.
“La ley no lo permite si el bien está en convenio marco”, anotó.
Esa versión la respaldó el viceministro.
Sevillano dijo en la Comisión de Presupuesto que se intentó llamar a un acto público, pero el personal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no lo permitió.
“No nos dieron la autorización correspondiente… Nosotros elaboramos los pliegos de licitación, pero cuando los enviamos a la DGCP, nos dijeron que no, porque estaba el convenio marco, pero que obtuviéramos tres cotizaciones”, dijo Sevillano, agregando que, si encontraban un mejor precio, “entonces sí te la autorizamos”.
Según el Meduca, buscaron seis cotizaciones y todas tenían un precio más elevado que aquel que ofreció la fundación. La entidad no ha mostrado los montos de dichas cotizaciones.
Sevillano contó que nunca contactaron al fabricante de las computadoras que le vende a OLPC (gestión que sugirieron varios diputados), porque el precio se los ofreció directamente la fundación.
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