El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que no fue notificado ni tampoco se enteró de la venta en subasta pública de las fincas que albergan las instalaciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa).
Estas propiedades fueron rematadas en $7.5 millones debido al incumplimiento de Inmobiliaria TPA –entonces tenedora de las fincas de Epasa– de dos préstamos fiduciarios con garantía, contraídos con Global Bank.
Como consecuencia de la ejecución de las fianzas, los inmuebles ahora pertenecen a Sadar Assets Holdings, Inc., una entidad vinculada al conglomerado empresarial de Global Bank que las adquirió en un remate público.
Pero, a pesar de que fue una convocatoria pública, el MEF no se presentó al remate. En este sentido una fuente experta en fideicomisos indicó que “todos estaban invitados al remate. La fiduciaria no estaba obligada a informar directamente al MEF debido a que se hizo a través de anuncios publicados en medios de comunicación”.
El Estado mantiene en su posesión el 40% de las acciones de Epasa, recuperadas por el Ministerio Público de accionistas que las devolvieron al estallar el escándalo de New Business. Sin embargo, el MEF indicó a este medio que no tiene “la custodia ni ha recibido por parte del Ministerio Público u Órgano Judicial fincas o inmuebles propiedad de Epasa”.
La Prensa preguntó al MEF si tomó acciones para resguardar estos bienes, es decir, las fincas. La entidad respondió que “no es competencia del MEF ordenar la puesta fuera del comercio de bienes aprehendidos dentro de procesos penales”, ya que corresponde –indicó este ministerio– “exclusivamente a las autoridades judiciales”.
Y que por eso no es responsable de “determinar la licitud o no de un acto; ello corresponde a la justicia ordinaria”, refiriéndose a la venta en remate de las fincas.
Una fuente vinculada a los fideicomisos y que prefirió el anonimato, afirmó que las dos fincas de Epasa fueron traspasadas desde 2011 a un fideicomiso de Global Financial Funds Corp., propiedad de Global Bank, como garantía de un préstamo de $10 millones que solicitó Inmobiliaria TPA. El fideicomiso fue ratificado en 2012, cuando la inmobiliaria solicitó otros $2 millones al banco. Todo esto sucedió antes de que se iniciara el proceso que se conoció como New Business.
En el contrato de fideicomiso se menciona que se otorgaron en garantía fiduciaria las dos fincas antes mencionadas, además de “edificios y mejoras futuras” y los bienes muebles –valoradas en, al menos, $5.7 millones–, en un contrato de adhesión al fideicomiso.
El remate de las fincas fue hecho por Global Financial tres meses después de que la jueza penal Baloisa Marquínez ordenara, entre otras cosas, la disolución de Inmobiliaria TPA, S.A., así como el comiso a favor del Estado de las acciones de Epasa, de su administración y de sus instalaciones. Sin embargo, como se dijo, estos bienes ya no eran propiedad de Inmobiliaria TPA, S.A. desde 2011, cuando se solicitó el préstamo original, porque fueron traspasadas en garantía al fideicomiso de Global Financial.
La fuente resaltó que “el MEF no era dueña de los bienes, sino la fiduciaria, aunque el Estado tenga el 40% de las acciones”. Agregó que se hizo el remate para cumplir con lo establecido en los contratos de fideicomisos, lo cual era “obligación hacerlo, porque, de lo contrario, ponían en peligro a sus cuentahabientes por incumplir la ley”, enfatizó.
Este medio observó que en el contrato de fideicomiso de garantía hay advertencias sobre “incumplimientos” o formas de liquidar los bienes en fideicomiso, lo cual incluye, por ejemplo, “si la finca dada en garantía fuera secuestrada, embargada o se anotare demanda, suspensión o marginal en el Registro Público sobre ellas o resultare de cualquier otra forma perseguida”.
En octubre de 2022, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a 20 personas por el caso New Business, fijando la fecha de la audiencia para el 23 de mayo de 2023. Días antes –el 12 de mayo de 2023– la fiduciaria Global Financial notificó a Inmobiliaria TPA sobre sus incumplimientos de pago.
Justamente, el 23 de mayo del año pasado, Inmobiliaria TPA recibió una notificación de la fiduciaria: tenían hasta el 22 de julio para “subsanar el incumplimiento”. Para esa fecha ya se había sentenciado a prisión a varios de los involucrados por blanqueo de capitales en la compra de Epasa (ver línea de tiempo).
El proceso de remate
Para llevar los bienes a remate, Global Financial Funds Corp. argumentó el “incumplimiento de contrato” en el que incurrió Inmobiliaria TPA, al dejar de pagar la deuda de $12 millones contraída con Global Bank. El incumplimiento de pagos habría empezado en marzo de 2023, ya que para entonces, el banco comunica a su fiduciaria del incumplimiento de TPA.
A su vez, Global Financial Funds comunica a TPA que tiene dos meses para subsanar el impago, periodo que venció el 22 de julio de 2023. La fiduciaria, en vista de que Inmobiliaria TPA no subsanó el impago, llamó a subasta pública para ejecutar las fianzas. Los dos primeros llamados (de agosto y septiembre de 2023) para subastar los bienes, fueron declarados desiertos.
El tercer llamado se hizo en octubre de 2023 y se presentaron dos oferentes, siendo el ganadora la sociedad Sadar Assets Holdings, vinculada al conglomerado de Global Bank.
Inmobiliaria TPA está presidida por Luis Eduardo Camacho, abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Camacho mantenía el control y acceso a las propiedades dadas en garantía, toda vez que albergaban las instalaciones del grupo Epasa.
El 30 de enero pasado, el Primer Tribunal Superior confirmó la disolución de Inmobiliaria TPA, manteniendo a favor del Estado la administración de los bienes muebles e inmuebles que estaban bajo su titularidad. Por ahora no aparece ninguna marginal o nota que anuncie la disolución de estas sociedades en el Registro Público dado que la sentencia está en proceso de quedar ejecutoriada.
¿Pierde el Estado?
Es de conocimiento público las irregularidades en la compra de Epasa. Por ello, una fuente vinculada a las investigaciones, pero que pidió la reserva de su nombre, indicó que hay varios factores importantes que se tomarían en consideración para analizar la legalidad en torno al remate de estos inmuebles.
Primero –dijo– se podría retrotraer el proceso, debido a que se confirmó que se usaron fondos públicos para comprar Epasa en 2010, así como el uso irregular de Inmobiliaria TPA para solicitar los préstamos a Global Bank. “Desde un inicio, este es un proceso viciado”, sostuvo la fuente.
New Business: Márquez explicó cómo circuló el dinero a través de distintas cuentas y sociedades, “para llegar al mismo destino de manera simulada”, que en este caso era la sociedad New Business. #LaPrensaSecuestrada https://t.co/nEoXbz1hPc pic.twitter.com/ubsiKyMiQQ
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 29, 2022
Y añadió que si las convocatorias de subasta y todo el proceso se ejecutó durante el periodo del proceso penal del caso New Business, sería cuestionada su legalidad, porque “este proceso [el de New Business] es un hecho público y notorio que, incluso, fue televisado. Salió en todos los medios de comunicación y hasta en redes sociales. Ahí se demostró toda la ilegalidad que giró alrededor de la obtención de Epasa”.
“Yo siento que en su momento el Departamento Legal del MEF tiene los medios y los recursos para poder pelear el bien”, precisó la fuente. No obstante el MEF ya ha dicho que este trámite no es de su competencia.
En la escritura pública del remate de las fincas, a la que este medio tuvo acceso, se indica que antes de la subasta, Sadar Assets Holdings notificó a Global Financial que aceptaba el bien [fincas], luego de haberlas inspeccionado.
En el Registro Público también se encuentra la inscripción de la desafectación total o terminación de fideicomiso, fechada el 2 de noviembre pasado.
El Estado logró recuperar teóricamente poco más de $9 millones con el 40% de las acciones de Epasa. El 60% restante, cuya titularidad es atribuida a Martinelli, está pendiente de ser decomisada.
Los obstáculos
En el escándalo New Business, la defensa de Martinelli interpuso varios recursos, incluido uno de casación, así como amparos y advertencias de inconstitucionalidad, pretendiendo anular la sentencia que lo condena a 128 meses de prisión y al pago de $19.2 millones por blanquear fondos públicos para adquirir las acciones de Epasa en diciembre de 2010.
Mientras esto sucedía, los letreros de todos los periódicos que forman parte de Epasa desaparecieron de las instalaciones ubicadas en la avenida Ricardo J. Alfaro.
Y no es porque los medios de comunicación hayan dejado de funcionar, sino porque la propiedad cambió de dueño. Hoy, según diversas fuentes, la redacción del diario está ubicada en las mismas instalaciones que albergan Nex Tv y la radio KW Continente, todos vinculados a Martinelli.
Se conoció que la rotativa de Epasa y la sección de Clasificados es lo único que se encuentra en el antiguo edificio de Epasa, ya que los periodistas –a los que se les adeudan salarios y otras prestaciones– fueron trasladados al mencionado edificio ubicado en la vía España.
