El pasado 20 de septiembre, en vísperas de las publicaciones sobre las actividades y propiedades de la abogada y exfuncionaria de la Contraloría Odila Castillo, La Prensa le envió un cuestionario de 27 preguntas que la aludida decidió no responder. Una de esas interrogantes era muy simple: ¿sería posible obtener una lista de sus mayores clientes, los cuales, en su mayoría, son proveedores y contratistas del Estado? ¿Cuánto les cobró por sus servicios en los años 2021, 2022 y 2023?
Esos clientes no solo contratan con entidades del sector público, sino que tramitan adendas, liquidaciones y modificaciones basadas en el principio de equilibrio contractual. Por tanto, es información de carácter público.
Este medio ha obtenido una lista parcial de sus clientes. Obviamente, no de la mano de la abogada, quien, como ya es sabido, en el lapso de dos años se volvió millonaria, acumulando riquezas en cuentas bancarias, adquiriendo costosos locales comerciales en Panamá y Chiriquí, un penthouse en Santa María y 11 apartamentos, valorados en más de $2 millones en la vía Ricardo J. Alfaro, en la capital, además de un apartamento rentado en las playas de Buenaventura.
Grupo Allen
Transeq, vinculada al expresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) Carlos Allen Arosemena, es uno de los principales clientes de la firma de la exfuncionaria de la Contraloría: Castillo, Guardia & Asociados, Abogados.
Esta empresa ocupa la cuarta posición entre las que, individualmente o en consorcio, han acumulado una respetable cantidad de millones, al menos hasta enero pasado, en licitaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP): aproximadamente $127 millones, para ser más exactos.
Por ejemplo, Transeq fue contratada por el MOP para construir el llamado corredor del Caribe (carretera Quebrada Ancha-María Chiquita), en la provincia de Colón, obra adjudicada por unos $84 millones, en consorcio con una compañía dominicana: Ingeniería Estrella, S.A., que también figura como cliente de Castillo.
Ingeniería Estrella ha tenido que dar explicaciones en República Dominicana sobre transacciones bancarias con empresas controladas por Odebrecht, mientras que en Haití, en 2020, fue señalada por supuestos despilfarros de fondos estatales, trabajos no concluidos o realizados de forma “negligente”, favoritismo en la adjudicación de contratos y desembolsos injustificados a su favor, según un cable de la agencia EFE.
Castillo también tiene como clientes otras dos empresas del grupo de Allen: Constructora Pacífico, S.A., que preside Iris Allen Arosemena. Además, la sociedad Inverland Panama, Corp., que preside Carlos Allen Arosemena.
IBT Group/Ingeniería REC
Otro de sus clientes es la polémica empresa IBT, cuya subsidiaria local ha estado involucrada en los escándalos relacionados con la adjudicación de obras públicas en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), tras ser contratada para construir centros de atención médica en todo el país por un monto global de unos $237 millones: Bugaba (Chiriquí), Manuel Amador Guerrero (Colón), Anita Moreno (Los Santos) y Metetí (Darién).
El gobierno pasado dio órdenes para reanudar los trabajos del suspendido hospital Manuel Amador Guerrero, que terminó costando más que todos aquellos adjudicados a IBT: originalmente era de $110 millones y acabó en $256.3 millones.
Los elegidos por el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) para terminar la tarea que inició IBT en el mencionado hospital en Colón fueron tres empresas unidas en consorcio, dos de las cuales, al menos, son clientes de Castillo: Transeq e Ingeniería REC, S.A. La tercera socia de este consorcio es Promotora y Desarrollo Mexicana de Infraestructura, S.A. (Proinfra), a la que Allen Arosemena personalmente dio la bienvenida cuando se afilió a la Capac en marzo de 2023.
A su vez, Ingeniería REC, S.A. está presidida por otro expresidente de la Capac, Eduardo Di Bello, cuya empresa devolvió al Estado $1.3 millones, tras alcanzar un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público en el caso Blue Apple, en el que estuvo involucrado otro cliente de Odila Castillo: Constructora Rodsa.
Ministerio Público hace un llamado a empresarios que han sido extorsionados o presionados a pagar coimas a que hagan las denuncias. Entrevista completa https://t.co/6uxDSrcu6q pic.twitter.com/bzJ8vBiOz0
— Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 31, 2024
La firma de Castillo también lleva los asuntos de Constructora La Caleta, S.A., del mismo grupo empresarial de Di Bello.
Constructora Rodsa
Rodsa está en el quinto lugar entre las empresas que obtuvo más dinero en licitaciones del MOP hasta enero pasado ($118 millones), exactamente detrás de Transeq.
Juan Alexis Rodríguez, de Rodsa, también fue delator de Blue Apple: en 2018, le contó al MP que fue contactado por Jorge Churro Ruíz, director de Administración de Contratos del MOP en el gobierno de Martinelli, para pedirle coimas. Pero Churro Ruíz, en vez de exigir el 5% del valor de los contratos que el MOP le adjudicó –que era el monto que el funcionario le pedía a otros empresarios involucrados en el caso– le solicitó más: entre el 8% y el 10%.
Precisamente, en la tabla de honorarios que Castillo ha circulado entre potenciales clientes, figura como pago de sus honorarios profesionales el 10% del monto total de “la solución jurídica que finalmente sea refrendada” por la Contraloría, es decir, las adendas u otros recursos previstos para elevar el costo de los contratos en caso de ser necesario.
Constructora Rigaservices
Otra contratista del Estado. Las obras asignadas a esta empresa suman, solo durante el gobierno pasado, cientos de millones de dólares. En su página web se encuentran 17 obras adjudicadas que tienen que ver con el sector salud, algunas con problemas, como los que sufrió, a causa de lluvias, la policlínica de Aguadulce Dr. Manuel de Jesús Rojas, inundada en julio pasado, a pocas semanas de su inauguración.
Pero la más notoria de todas las obras de Rigaservices es la terminación de la Ciudad de la Salud, una obra de la Caja de Seguro Social (CSS) que terminó costando casi $1,300 millones. Además de una cartera con 17 proyectos vinculados a la salud, siete de los listados en un informe de la Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS están en manos de Rigaservices.
Esta empresa ha acumulado contratos que la colocan como la líder indiscutible de los proyectos hospitalarios, con obras cuyos costos alcanzan, en conjunto, al menos $1,460 millones.
El contralor Gerardo Solís, quien fue jefe de Odila Castillo, se deshace en elogios para su exsubalterna.
“Su mérito –dijo en una entrevista– es que la Ciudad de la Salud se construyó porque ella destrabó el entuerto litigioso local e internacional”.
Pero ni él, ni el ahora exdirector general de la CSS, Enrique Lau, ni Castillo quisieron responder cómo se logró llevar ese proyecto a término o cuánto cobró la abogada a esta empresa por sus servicios.
Donante
Otro cliente de la firma Castillo, Guardia & Asociados es Urban Company, S.A., cuyo presidente es Pablo José Gómez Tejeira, quien le donó $50 mil a la campaña del presidente José Raúl Mulino en dos pagos: el primero fue de $10 mil y el segundo, de $40 mil.
Urban Company tiene un par de obras con el Ministerio de Salud, obtenidas en el gobierno pasado, y otras de vieja data a nombre del presidente de la mencionada empresa.
El cliente especial
La lista de clientes de Castillo no deja de sorprender. Gabriel Andrés Solís Arias, hijo del contralor y suplente del diputado Javier Sucre (PRD), saltó a la fama hace poco, cuando propuso un anteproyecto de ley para hacer de uso obligatorio en todos los hogares panameños la instalación de detectores de gas. La iniciativa legislativa sería conveniente para todos los panameños, pero en especial para Solís Arias, quien figura como apoderado de dos sociedades anónimas que distribuyen detectores de gas.
Este diputado suplente también aparece como secretario en la directiva de la sociedad Block Security, una agencia de seguridad que preside Menalco José Solís Díaz, hermano del contralor Solís.
Como se puede ver, hay motivos evidentes para mantener esta lista bajo llave, aunque para el contralor Solís –el antiguo jefe de Castillo– las investigaciones publicadas por este medio sobre la fortuna que hizo su exasesora en tan poco tiempo solo son “una maravillosa historia de éxito”.
Clientela
(Es posible que esta lista de clientes descrita aquí no esté completa o actualizada, ni contenga los nombres de los clientes que dejaron la firma de Palacios Vásquez & Asociados, hoy llamada Castillo, Guardia & Asociados).
IBT LL (Presidente: José Ramón Brea González)
Constructora Rodsa (Rep. legal: Juan Alexis Rodríguez Sáez)
Ingeniería REC, S.A. (Rep. legal: Eduardo Di Bello Robles)
Ingeniería Estrella, S.A. (Rep. legal: Rovin Rodríguez Quintana, Luis Mella Alcántara, Manuel Alberto Genao)
Transeq, S.A. (Rep. legal: Carlos Allen Arosemena)
Constructora Rigaservices, S.A. (Rep. legal: Ricardo Gardellini Escobar)
Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (Aprocosa) (Rep. legal: Xiomara Pinto de Herrera)
Mirador, S.A. (Rep. legal: Saúl Malca)
Urban Company, S.A. (Rep. legal: Pablo José Gómez Tejeira)
Proyectos y Construcciones, S.A. (Rep. legal: Vitelio Madrid Martínez)
Construction Management Group, Inc. (Rep. legal: Eduardo Antonio Villalaz Bermúdez)
Regency Real Estate Developers (Presidente y apoderado: Michael Harari)
Camarones La Corosita, S.A. (Rep. legal: Gretta Amarilys Athanasiadis Ramos)
Urbano Medio Ambiental (No se encontró en el Registro Público)
Promoambiente (No se encontró en el Registro Público)
Constructora La Caleta, S.A. (Rep. legal: Tania Di Bello Robles)
Inverland Panama, Corp. (Rep. legal: Carlos Allen Arosemena)
Duty Free Americas Tocumen, Inc. (Rep. legal: León Shahal Falic)
Block Security, Inc. (Rep. legal: Menalco José Solís Díaz / Secretario: Gabriel A. Solís Arias)
Uniseguros, S.A. (Rep. legal: Joseph Homsany)
Puentes y Calzadas Infraestructura, S.L.U. (Rep. legal: Pedro María Díaz Núñez)
The Group Realtor, Corp. (Rep. legal: Raymond Homsany)
Facturas de Panamá, S.A. (Rep. legal: Milagros Basile)
Consorcio Asomecm, S.A. (Rep. legal: Víctor Cristiano y Simón Otalora Arango)
A&N Legal Service (Rep. legal: Reinaldo Achurra Osses)
Neoconect Corp. (Rep. legal: Fernando Weigert o Rogério Pedro da Silva)
Constructora Pacífico, S.A. (Rep. legal: Iris Allen, René Bultrón Moscoso y Jasmina Córdoba)
Prodemex (No se encontró en el Registro Público)
Asincro Panamá Corp. (Presidente: José Carlos Giannattasio)
Consorcio de Instalaciones Médicas […] (No se encontró en el Registro Público)
Consorcio Colón 2017 (No se encontró en el Registro Público)
Consorcio Vpasa (No se encontró en el Registro Público)
Consorcio Colegios Colón (No se encontró en el Registro Público)
Consorcio Oproler Conades, S.A. (Rep. legal: Ricardo Alberto Pérez)
Consorcio Asocsa, S.A. (Rep. legal: Jual Alejandro Sarmiento Otalora)
Consorcio Transeq – Estrella (No se encontró en el Registro Público)
CMG TR Construya (No se encontró en el Registro Público)
LV Foundation (Rep. legal: Víctor Maurice Homsany Btesh)
Construcciones y Mantenimiento General, S.A. (Rep. legal: Luis Gaitán o Juan José Zonta Sing)
Bioecológica Ingenieros, S.A. (Rep. legal: Joseph Benaim)
Enobras, S.A. (Rep. legal: Ofelia Valeiro Carballeda de Cuevas)
Boscore, S.A. (Rep. legal: Bosco Isaac Mendoza Cedeño)