Empezó como un secreto a voces: fondos del Programa de Descentralización son direccionados por el Gobierno al interior del país, a diputados amigos, con fines electorales. Lo decían representantes de corregimiento en estricto off the record. Lo sostenían legisladores sin la manija de la discreción. Y lo replicaban las glosas de los periódicos. Ahora se confirma.
La Prensa accedió a más de 3 mil registros de la Contraloría General de la República –con su número de control (Scafid), monto y destino, entre otros datos– que muestran que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) repartió en tres años –de 2021 a 2023– al menos $202 millones a 473 juntas comunales fuera del procedimiento legal.
La mayor parte del pastel se ha autorizado en lo que va de 2023, cuando la campaña electoral -actualmente en la fase de primarias– está a punto de entrar en su fase definitiva: $92.3 millones, el 45% del total.
El espíritu de la Ley de Descentralización es noble: poner a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas, definiendo las prioridades e inversiones en sus comunidades. Una idea ya probada en otros territorios, con buenos resultados y que, si se aplicara bien, consiguiría fortalecer los gobiernos locales y su vínculo con la ciudadanía. Pero en Panamá esta ley encontró su trampa.
La AND tomó un atajo: transfirió de manera discrecional sumas muy superiores a los $110 mil que está obligada a dar por ley a cada una de las 679 juntas comunales del país. En algunos casos, es hasta diez veces más de lo estipulado.
Mientras la norma impone aplicar criterios como el bien común, la transparencia y la equidad social, el Ejecutivo –en año preelectoral– inyecta millones a su tropa: los representantes del PRD, equivalentes al 46% de los 684 cargos totales, que recibieron entre 2021 y 2023 el 74% del total de la “descentralización paralela”, es decir, unos $150 millones. Además, 204 juntas comunales –o un 30% del total– quedaron fuera de estas asignaciones.
El desvío
El proceso por el cual el Estado inyecta el dinero en el interior del país debería concretarse por tres vías: transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los municipios; pagos a proveedores de obras realizadas en juntas comunales y depósitos directos de $110 mil a juntas comunales por el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm).
Más en detalle: el MEF recauda el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se destinará a obras y gastos de funcionamiento de los 81 municipios y las 679 juntas comunales, pero transferido a una cuenta del tesoro de las alcaldías, en base a un cálculo. También el MEF paga a los contratistas los proyectos de inversión que hayan realizado en las comunidades mediante el portal Panamá Compra. Y solo una parte de la torta, la del Piopsm, los entrega directamente a las juntas comunales y municipios: $110 mil por año para cada uno, suma que podrá ser revisada cada dos años y representa un monto total de unos $83 millones en 2023.
Es decir, las juntas comunales no deberían recibir fondos superiores a los $110 mil de forma directa. Eso es lo que la ley indica, pero, ¿es lo que sucede? Los hallazgos de La Prensa demuestran que no. Hay 2 mil 361 partidas directas para juntas comunales –refrendadas por la Contraloría– fuera de procedimiento, además de las de Piopsm, entre 2021 y 2023. Son pagos con montos y descripciones diferentes a las de ese programa.
¿Quién define qué va y a dónde? ¿Con qué criterio se asignan estas partidas? ¿Quién decide cuánto y a quién? ¿De quién es el bolígrafo que firma y refrenda?
La Prensa contactó al director de la AND, Edward Mosley Ibarra, pero no no quiso responder las preguntas de este medio.
Al diputado independiente Juan Diego Vásquez sí le respondió en una nota algunas de sus interrogantes. Dijo que los gobiernos locales le hacen llegar solicitudes, “a fin de atender necesidades apremiantes”. Luego, según Mosley Ibarra, en la AND se analizan en función de la “disponibilidad financiera” y, en base a eso, responden y transfieren, si fuera el caso.
Desde mediados de 2022, Vásquez insiste en conocer quiénes reciben las partidas de la “descentralización paralela”: cuánto, para qué y cuáles son los criterios de entrega. Para averiguarlo, pidió informes a la AND, a la Contraloría y a otras entidades.
En octubre pasado, Mosley Ibarra aceptó en su respuesta que sí reparten partidas “fuera de los programas IBI y Piopsm”, basados en el artículo de la Constitución que indica que “el Estado complementará la gestión municipal cuando esta sea insuficiente, en casos de pandemia, graves alteración del orden público u otros”. Pero, lo contradictorio es que en 2021, cuando el Gobierno aún enfrentaba el coronavirus, las transferencias fueron menores que en 2023, justo cuando la pandemia está bajo control: de $41.1 millones en 2021, pasó a $91.9 millones en 2023.
Pero una decena de representantes contradicen a Mosley Ibarra en lo referente a los criterios para entregar estos fondos. Por ejemplo, autoridades de gobiernos locales indicaron a La Prensa que la decisión de transferir estos dineros responde a la especulación electoral y es ofrecida, tanto por referentes del Gobierno como por diputados. “Te gestiono, me apoyas más adelante, cuando necesite firmas o votos”, explicó uno que habló con la condición de no ser nombrado, como todos los demás.
El dinero a veces paga fidelidad, pero también hay quienes aducen una motivación económica de los diputados. Danilo Ábrego, líder comunitario de Bocas del Toro, dijo a La Prensa en 2021 que cuando fue representante del corregimiento de Cauchero (2009-2014), el hoy exdiputado Mario Miller le hizo esta oferta: “Me pidió el número de la cuenta de la junta comunal, que me iba a depositar una suma de dinero, pero que yo no podía tocar todo ese dinero. Que me iba a tocar una parte, porque ese dinero era de él”. Ábrego afirmó que se negó a ser parte de la jugada.
También están los que no recibieron nada, así como los amigos que se beneficiaron de la generosidad de la AND. ¿Quiénes son?
La campaña aumenta el flujo
La “descentralización paralela” parece tener objetivos claros en todo el territorio nacional. En 2021 arrancó el reparto de los fondos públicos con algo de timidez, considerando lo que se repartió en 2021 ($41.1 millones) respecto a lo que va de 2023 ($91.9 millones).
En 2022 hubo $69 millones en partidas de la AND refrendadas por la Contraloría. Ese año fue cuando dio inicio el calendario electoral, siempre según las constancias oficiales a las que accedió La Prensa.
Ni bien la campaña terminó de instalarse, arribó el descontrol: $91.9 millones en los primeros cuatro meses de este año. En ese periodo se aprobaron transferencias que son el doble de las que se hicieron en 2021, pero la generosidad del Gobierno no es para todos.
Un tercio de las juntas comunales quedaron fuera de la “descentralización paralela”. No puede afirmarse que no les hayan ofrecido, aunque tampoco conste en registros que varios representantes se negaron a aceptar esas propuestas.
“Esto es algo que entiendo ha pasado, y en algún momento me han querido pasar fondos”, dijo Guillermo Willie Bermúdez, representante del corregimiento Don Bosco, en la ciudad capital. “Yo no he querido recibirlos”, dijo. Para Bermúdez, la ley debe permitir que se entreguen recursos a los gobiernos locales, pero supervisados de manera transparente, para saber en qué se gastan. Otros coinciden con él.
“Lo deseable es que no se manche una herramienta que nos costó tanto conseguir como la Descentralización”, dijo Ricardo Ricky Domínguez, de Bella Vista.
Lea mañana: ‘Así se repartieron los millones de la descentralización paralela’.
