En el poblado de Las Piedras, corregimiento de Herrera en La Chorrera, entre cultivos de piña, casas de zinc y maquinaria agrícola, se alza un muro infranqueable que contrasta con la ruralidad del lugar. Este muro resguarda una de las varias residencias del diputado del PRD y aspirante a la reelección, Roberto Ayala, y muy cerca de allí se encuentra la que sería su finca secreta de piña.
Esta finca es reclamada por una familia que afirma haber sido despojada de 36.7 hectáreas.
En junio de 2022, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) vendió 45.7 hectáreas (repartidas en tres fincas) por $2,500 a tres personas que, el 30 de mayo de 2020, iniciaron simultáneamente la solicitud de titulación. El trámite para adquirir estas tierras tardó dos años en la Anati.
Los beneficiarios de las titulaciones fueron: José Alberto de Gracia Guerra, con más de 17.7 hectáreas, entregadas por $1,050; Leonel Barahona Ríos, con 18.5 hectáreas por $950, y Jorge Serrano Riquelme, con 9.5 hectáreas por $500. Las fincas a favor de los solicitantes fueron entregadas el mismo día: 23 de junio de 2022, por la Anati.
En la rápida titulación (el proceso usualmente tarda cinco años), la Anati alegó que eran terrenos baldíos nacionales. Entre los requisitos que debe cumplir el solicitante para que la Anati titule la tierra se contempla que debe demostrar una “posesión agraria o función social”.
Se desconoce cuál de los dos requerimientos aplicó la Anati para la titulación, ya que, según los lugareños, esa zona estaba deshabitada “desde hace muchos años”. Cuatro meses después de obtener la titulación, el 12 de octubre de 2022, los adquirientes vendieron las tres fincas por la misma cantidad que habían pagado a Anati ($2,500) a la Fundación Herrera, R.A., según datos del Registro Público.
Esta fundación fue inscrita el 23 de septiembre de 2022, un mes antes de adquirir las 45.7 hectáreas. La Fundación está integrada por dos de los beneficiarios de las titulaciones: De Gracia (presidente) y Barahona Ríos (secretario). También figura Judith Díaz (tesorera).
De las 45.7 hectáreas que ahora pertenecen a la Fundación Herrera, R.A., un total de 36.7 hectáreas son reclamadas por la sociedad Inversiones Dimas Cárdenas y Sucesores, S.A., que ha mantenido la titularidad de la finca, inscrita en Anati, desde abril de 2000. ¿Cómo la autoridad, que es el único ente competente para aplicar la política nacional de tierras y asegurar el respeto de los derechos de propiedad, no se dio cuenta de eso?
En la finca que reclama la familia Cárdenas, La Prensa hizo un recorrido por el área, detectando la construcción de una carretera que conduce a un extenso sembradío de piña, donde también hay un lugar que se usa como descanso para los trabajadores y para la recolección de piña. Algunos trabajadores aseguraron que “la producción pertenece al diputado Ayala”, aunque este evitó hablar con este medio.
La ‘visita’ del diputado
Con 40 años de residencia en el poblado camino a Las Yayas en La Chorrera, Moisés Aguirre recuerda una inusual visita a su finca. No era cualquier persona; era el diputado Ayala.
La visita de Ayala, según Aguirre, fue para solicitarle sus datos y obtener su firma como colindante de la finca que en ese momento estaba en trámite de titulación por De Gracia, Barahona y Serrano. Aguirre mencionó que durante la conversación, Ayala preguntó si él conocía quiénes eran los dueños de la finca, ya que le interesaba adquirirla. “Yo le dije que yo sabía que el que era dueño de eso, era el señor [Dimas] Cárdenas, le dije yo”, recordó.
Aguirre aseguró que posteriormente José de Gracia (presidente de la Fundación Herrera, R.A.) también se presentó en su finca para pedir permiso para que la maquinaria del diputado, que según él estaba identificada con su nombre, pasara por su propiedad para construir una calle que atraviesa una finca de piña de Ayala. “Él [Ayala] tiene otra finca más adelante por Las Yayas, donde tiene una cantera para la extracción de piedra”, afirmó Aguirre.
En tanto, el diputado Ayala insistió en no estar relacionado con la Fundación Herrera, R.A. que casualmente lleva las iniciales de su nombre (R.A.), pero sí con la construcción de la carretera en el sector de Las Piedras. “Todo se ha hecho antes de estar en el puesto de diputado”, dijo.
No recuerda con exactitud los años de residencia en el sector de Las Piedras, pero Ayala aseguró que eran como “más de 20 años [viviendo en la zona]”.
Ayala es diputado desde 2014 y busca un tercer mandato.
“Debo reconocer que desde que llegó Ayala metió sus carros para arreglar la trocha que teníamos de calle”, resaltó un morador que prefirió el anonimato por temor a represalias. ¿Cuándo el diputado construyó la calle?, preguntó La Prensa. “Hace como tres años atrás inició, no me acuerdo bien. Es que él [Ayala] tiene sus camiones trabajando en sus fincas donde siembra piñas”, agregó el morador.
La Prensa hizo un recorrido por el lugar comprobando que la carretera llega solo hasta otra finca de Ayala, que está camino a La Cocobola.
Las piñas y los nexos políticos
En la pequeña comunidad de Las Piedras, todos conocen al diputado Ayala.
“Pasa rápido en su carro para que no se le pida nada. ¡Ah!, pero sus empleados también van como alma que se los lleva el diablo”, expresó uno de los lugareños, quien aseguró que en ese tránsito veloz no solo levantan polvo de la calle, sino que caen las semillas de las piñas que ha podido cultivar en su humilde vivienda de zinc donde las carencias abundan.
Para llegar a la casa y otras infraestructuras del diputado rodeadas por un piñal, hay que recorrer una carretera de tierra durante 7 minutos, aproximadamente. En el lugar varios tractores y otras maquinarias no cesan de trabajar. Por ejemplo, un camión riega agua en la calle que construyó Ayala para que el polvo que producen los camiones al pasar frente a su casa no lo afecte. Lo irónico es que sus vecinos más cercanos recorren largas distancias a pie para conseguir agua para beber.
Uno de los trabajadores confirmó a este medio que el camión riega diariamente la calle durante varias horas para el diputado.
Uno de los camioneros aclaró a La Prensa que el contrato para la prestación de ese servicio se hizo a través de Fruits and Pineapples Panamá. Esta sociedad fue suscrita el 11 de enero de 2018 por De Gracia (el presidente de Fundación Herrera, R.A.), Naybe Macías Hernández y Pedro González. Los tres son directores en esa sociedad.
Pedro González aspira a ser representante de corregimiento en El Coco de La Chorrera por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mismo en el que milita Ayala. González no solo promociona su candidatura junto a la de Ayala, sino que trabaja para él en la Asamblea Nacional, devengando un salario de $1,500 mensuales como asistente administrativo desde julio de 2019.
La Prensa buscó al diputado en las instalaciones de Fruits and Pineapples, que queda a poca distancia de su vivienda, pero los empleados informaron que no se encontraba “ni él ni su esposa”.
En una corta entrevista a través de mensajes telefónicos, Ayala cuestionó las interrogantes de este medio sobre el sembradío de piña, su relación con Fruits and Pineapples y el supuesto despojo de la familia Cárdenas de 36.7 hectáreas ahora a nombre de la Fundación Herrera, R.A.
Aunque el diputado intentó alejarse de los piñales al indicar que no era el representante legal de “ninguna empresa”, en el Registro Público aparece que Fruits and Pineapples le otorgó un poder “amplio y suficiente” en junio de 2020, para que “administre todo lo concerniente a la sociedad”.
Hay más vínculos del diputado con ambas sociedades. Otra de sus empleadas en la Asamblea, Yarisbescky Fong, asistente administrativa con un salario de $1,500 mensuales, aparece como tramitadora en la mayoría de las documentaciones de Ayala, con la Fundación Herrera, R.A. y en Fruits and Pineapples, ante el Registro Público.
Fong es candidata a representante en el corregimiento de Herrera (donde está el conflicto de las 36.7 hectáreas con la familia Ayala) por el PRD. “La Bella”, como se hace llamar en los anuncios políticos que comparte con Ayala, también participa en los recorridos proselitistas con el diputado.
Reclaman tierra
Jaime Luque, abogado de Inversiones Dimas Cárdenas, denunció que hay un traslape que la Anati no solucionó oportunamente, a pesar de que en la entidad reposa el título de propiedad a favor de la familia Cárdenas.
Luque señaló que presentó una solicitud de nulidad ante el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil por este caso, así como en el Ministerio de Ambiente, debido a que hay afectación de bosque primario y secundario por tala de árboles y movimiento de tierra.
El abogado señaló que las autoridades deben investigar qué pasa en el Registro Público de La Chorrera, porque la Fundación Herrera, R.A. tramitó la inscripción de la compra de la finca a los supuestos poseedores, así como una aclaración de los linderos de la finca, a pesar de que estaba suspendida por falta de agente residente.
La Prensa fue a la residencia de José de Gracia en dos ocasiones, pero los esfuerzos por contactarlo resultaron infructuosos.
Ayala prometió conceder una entrevista a La Prensa, pero no cumplió.
