El Juzgado Central de Instrucción No. 2 de la Audiencia Nacional de España, a cargo del magistrado Ismael Moreno, acogió la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para continuar las pesquisas contra todos los investigados por la mega trama de corrupción en Panamá relacionada con la constructora española FCC.
A pesar de la oposición de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, la Audiencia Nacional de España decidió extender, al menos hasta mayo del próximo año, las diligencias que se adelantan por soborno y blanqueo de dinero.
Martinelli ya buscó refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá, huyendo de una condena de más de diez años por lavado de dinero en el caso New Business.
El magistrado Moreno ha prorrogado por seis meses más las diligencias, “sin perjuicio de las sucesivas prórrogas que pudieran ser acordadas”.
El expresidente está imputado por su presunta participación en la trama de corrupción mediante la cual se le adjudicaron en Panamá millonarios contratos a FCC durante su mandato (2009-2014), a cambio del pago de “comisiones” ilegales.
La causa tuvo su origen en 2018, al investigarse en España delitos de corrupción en virtud de una querella presentada por la Asociación por los Derechos de los Ciudadanos contra un antiguo asesor de la constructora Odebrecht, que también terminó siendo asesor de la familia Martinelli Linares: el brasileño-español Rodrigo Tacla Durán.
En abril de 2021, la Audiencia Nacional imputó a Martinelli, tras admitir un recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), por considerar que el expresidente es el evidente gran beneficiario de la trama de corrupción. Hasta ese momento, Martinelli se mantenía fuera del proceso, algo muy curioso, ya que, a pesar de ser él y su familia los presuntos grandes beneficiarios de las coimas, una media docena de ejecutivos y exfuncionarios suyos estaban imputados, pero no él.
En el expediente de Madrid se ha demostrado cómo la empresa contratista inflaba el costo de las obras realizadas en Panamá. Este sobreprecio era posteriormente canalizado, mediante un entramado de sociedades y testaferros, a cuentas bancarias en Suiza, Andorra y Panamá.
En el proceso está imputado el abogado panameño-español Mauricio Cort, como presunto mediador y testaferro en la estrategia para el blanqueo de los fondos.
La fiscal María Teresa Gálvez, junto con la acusación particular a cargo de la fundación de Garzón, se mantiene firme en su empeño por recopilar las pruebas y evidencias que aún no se han recibido o practicado en Panamá, Suiza y Andorra.
El magistrado Moreno ha prorrogado el caso por seis meses adicionales, con el fin de permitir la práctica de las diligencias solicitadas por la fiscalía y la acusación particular, que ya fueron acordadas por el juzgado.
Martinelli, que desde su refugio diplomático no hace más que acusar al gobierno saliente de Laurentino Cortizo de corrupción, obvia mencionar en sus incesantes mensajes que en España se le investiga a él y a su gobierno por las obras que adjudicó con precios inflados, entre las que figuran prominentemente la Ciudad de la Salud y la línea 1 del Metro de Panamá.
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