El gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) declaró “estado de emergencia ambiental” en cuatro ocasiones, asignando al menos $310 millones entre el 7 de noviembre de 2020 y el 8 de agosto de 2023, para la atención de los gastos derivados de estos imprevistos.
En la última declaratoria se asignaron inicialmente $7 millones para “atender situaciones de deterioro emergente en la red vial” de la comarca Ngäbe Buglé, pero 12 días después, el monto se incrementó a $150 millones.
El estado de emergencia ambiental lo invocó Cortizo por primera vez en noviembre de 2020, luego de los estragos y muertes que dejaron las constantes lluvias por el paso indirecto de los huracanes Eta e Iota. Ahí quedó evidenciada la falta de planificación gubernamental ante los desastres naturales.
Para hacer frente a las pérdidas materiales, se asignó una partida de $100 millones para invertir en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. La figura del estado de emergencia permite adquirir bienes, servicios y obras a través de “contrataciones especiales”, que es aquel procedimiento excepcional que no requiere de evaluación o aprobación previa del Consejo Económico Nacional (Cena) o el Consejo de Gabinete.
Este procedimiento sería aplicable hasta el 31 de marzo de 2021, aunque se dejaba abierta la posibilidad para que el Gabinete pudiese “aumentar o disminuir la suma total autorizada para realizar contrataciones especiales, así como para ampliar o reducir el período dentro del cual puedan realizarse las contrataciones”. Esta prerrogativa fue aplicada, lo cual ocurrió también en las otras tres declaratorias de emergencia que siguieron después.
Pasados dos años de los desastres provocados por Eta e Iota, y la ayuda no había llegado a la población afectada. En mayo de 2023, los damnificados de Tierras Altas en Chiriquí cerraron importantes vías durante varios días, exigiendo una solución habitacional y la rehabilitación de carreteras utilizadas para el traslado de productos alimenticios.
Lluvia y sequía
El segundo estado de emergencia ambiental se declaró el 6 de octubre de 2022, por las inundaciones y daños a la carretera provocados por las constantes lluvias en Chiriquí, Panamá, Bocas del Toro, Colón, Guna Yala y la comarca Ngäbe Buglé.
Se autorizó un gasto de inversión por $25 millones y el período para realizar las contrataciones mediante procedimiento excepcional vencía el 30 de junio de 2023. Antes de que se cumpliera ese plazo, el 30 de mayo de 2023, Cortizo declaró el tercer estado de emergencia ambiental y asignó un monto de $35 millones para hacer frente a la situación.
Si el motivo del segundo estado de emergencia eran las lluvias, el del tercero fue la sequía por el fenómeno de El Niño, según la Resolución de Gabinete No. 48 del 30 de mayo de 2023. Entonces, las contrataciones especiales fueron autorizadas hasta diciembre de 2023.
Adjuntos
Emergencia $35 millones.pdfDe $7 millones a $150 millones
La última declaratoria de estado de emergencia ambiental fue adoptada el 27 de julio de 2023, para atender el “deterioro emergente en la red vial” en la comarca Ngäbe Buglé. Se aprobó una partida de $7 millones.
La Dirección Nacional de Mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó un “informe detallado sobre el grave deterioro que actualmente presenta la red vial en la comarca Ngäbe Buglé”, que debía ser atendido de manera urgente, así como “la inminencia de nuevos daños derivados de las condiciones atmosféricas en estas áreas”.
El fondo estaría disponible hasta el 30 de abril de 2024 para las contrataciones especiales.
Apenas 12 días después, la partida se disparó sorprendentemente: alcanzó $150 millones. Esto se debió a que el mismo departamento del MOP que había entregado el “informe detallado” regresó con un nuevo documento que identificaba otros “accesos” que requerían “intervención urgente”. Ahí no se menciona la cantidad ni los puntos exactos a reparar, solo que eran en Nedrini, en la misma comarca.
“Se necesita una dotación presupuestaria adicional y más tiempo para la ejecución de las obras que se contraten”, solicitaba el MOP, según la Resolución de Gabinete No. 85 del 8 de agosto de 2023. El millonario presupuesto estaría disponible hasta el 30 de junio de 2024, el último día de Rafael Sabonge como ministro del MOP. Al día siguiente, José Raúl Mulino tomó posesión como presidente de la República.
Contratos
La Prensa encontró seis contratos directos del MOP que suman $34,367,337, invocando el estado de emergencia aprobado para rehabilitar las calles en la comarca Ngäbe Buglé.
En Panamá Compra aparece que cinco de esos seis contratos fueron “cancelados” el 14 de diciembre de 2023. No obstante, las resoluciones que aprueban estas contrataciones fueron publicadas en la Gaceta Oficial del 31 de enero pasado.
En esos documentos se indica que se presentaron en línea las cotizaciones de varios oferentes. Sin embargo, en las resoluciones sólo se menciona a la propuesta seleccionada, lo que deja en duda si el MOP recibió una mejor oferta.
Las empresas favorecidas fueron el consorcio La Comarca, integrado por Bocas Generation Company, representada legalmente por José Pittí; Inversiones F.J., S.A., representada por Fabián Morales; e Ingeniería PC, presidida por Ramón Canalías, con dos proyectos valorados en $16.8 millones. Además, Transeq, presidida por Carlos Allen, obtuvo un contrato por poco más de $7.6 millones. R&G Constructora, presidida por José Manuel González, y Constructora Battikh, representada por Edward Battikh, recibieron adjudicaciones de $4.2 millones y $5.6 millones, respectivamente.
