Dos horas y media tardaron el pasado 14 de agosto los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) en negarle a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, traslados de partidas que sumaron unos $600,500 para pagar primas de antigüedad y bonos de retiro. Pero no todo quedó dicho en este amargo encuentro, en el que la rectora trató infructuosamente de sustentar sus pretensiones.
Los cuestionamientos de los diputados de su natal provincia de Chiriquí fueron letalmente incisivos. Se abalanzaron contra la moral de la rectora y sus escándalos, pero sin percatarse de que ahí, frente a ellos, eran engañados. La rectora peleó para defenderse, pero no ganó un solo asalto. Echó mano de todos los trucos, como largos e inconducentes circunloquios, que varios diputados le pararon en seco. Por momentos, lucía desorientada, buscando evadir los golpes, pero infructuosamente.
Bonos y antigüedad
Medianero de Bonagas fue a la AN a que le aprobaran el traslado de $600,500 para pagar bonos de retiro y primas de antigüedad para seis funcionarios administrativos y 13 docentes, aunque esa cantidad de dinero solo alcanzaría para pagar a 11, admitió. Con las cejas en lo más alto de la frente, los diputados repasaban cómo se dividiría el dinero: $95,000, $82,000, $75,000, $72,000, etc., para cada beneficiario, hasta alcanzar $575,000 para los docentes y $26,000 para los administrativos. El que menos recibiría se alegraría la vida con un cheque de $45,000.
¿Por qué tanto dinero?
Pues es para incentivar el retiro de profesores de edad avanzada y enfermos que están afectando la calidad de la educación que imparten a estudiantes que ya no quieren matricularse porque sus clases son repetitivas y “ya no coordinan”, describió la rectora.
Medianero de Bonagas contaba esto sin mencionar que ella es parte de esos que quiere echar. Ella tendría cerca de 20 años de jubilada y una edad actual de 72 años cumplidos, aunque mintió a los comisionados asegurando que “ahorita” tiene 71 años. Su tercer periodo consecutivo como rectora –actualmente en curso– termina en 2028, cuando tendría 76 años de edad. Si decidiera retirarse ese año –que no está obligada a hacerlo– reclamaría una jugosa bonificación para irse a su casa. ¿Lo hará?
La rectora se quejó porque el 87% del presupuesto de la Unachi se destina a salarios, aunque no se queja del suyo: $4,433 de salario base; $3,000 de gastos de representación y $7,038 como profesora. Total, $14,471 al mes. Tendrá derecho a recibir 15 meses de salario para retirarse. Es su derecho, porque así está en la ley, dijo.
No vamos a permitir el juega vivo, ni que la política vulnere algo tan noble como la educación superior del país.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) August 14, 2024
La Unachi ha perdido el propósito original de su creación que era colocar la educación superior de la provincia de Chiriquí al más alto nivel. pic.twitter.com/w172UbO5Zj
La funcionaria duplica lo que gana el presidente de la República y el sueldo del rector de la Universidad Autónoma de México (Unam) –la más importante institución pública educativa de México–, que devenga $7,917 mensuales por administrar la casa de estudios a la que acuden más de 100,000 alumnos, versus los 20,000 estudiantes de la Unachi, subrayó el diputado independiente Roberto Zúñiga. Es un asunto de “abuso y desproporción”, le criticó.
¿Doble bonificación?
En esa sesión con los diputados, hubo un importante detalle que pasó inadvertido. La rectora estuvo acompañada por dos funcionarias: Iris Fuentes, directora de Planificación de la Unachi, y la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno.
Fuentes, interrogada por los diputados, dijo haber ingresado en 1996 como administrativa de la Unachi y en 2013 se convirtió en docente, trabajos que pudo desempeñar porque sus horarios no se traslapaban, explicó. De día, administrativa; de noche, docente. Pero, eventualmente, renunció a la administración para ser solo profesora, no sin antes reclamar su bono por retirarse voluntariamente de la administración. Cobró $67,000, el monto máximo, equivalente a 10 meses de salario. En un desliz, Fuentes dijo que tiene 28 años de ser administrativa. Significa que nunca –desde que ingresó a la Unachi en 1996– dejó de ser administrativa, a pesar de haber cobrado decenas de miles de dólares para dejar de serlo.
Actualmente, es directora de Planificación, aunque teóricamente no debería ser administrativa. En la planilla de julio de 2024 aparece como profesora regular titular, con salario de $4,952, más $300 de gastos de representación. Total: $5,252 al mes. En el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo –con un error en su número de cédula y en una planilla desactualizada– aparece con dos cargos: profesora regular adjunta (no titular), con salario de $1,174.92 mensuales, y como subdirectora de Planificación (no directora), con $3,750 al mes. Total: $4,925, unos pocos dólares por debajo de lo reportado en la planilla mencionada.
Si Fuentes decidiera dejar su actual cargo administrativo, ¿cobraría nuevamente un bono? Y si se retira de la docencia, ¿reclamaría otro incentivo económico por hacerlo?
Fuentes no es la única en esta situación. Kilmara Castrellón, profesora y directora de Evaluación y Acreditación de la Unachi, es otra.
Castrellón es muy cercana a Medianero de Bonagas. Ingresó a la Unachi en 1998 y desde 2013 –y hasta 2018– fue la secretaria privada de la rectora en todo su primer periodo. En el segundo, Castrellón fue ascendida a directora de Postgrado y Divulgación Científica de la Unachi. Eso ocurrió en agosto de 2018 y allí permaneció hasta febrero de 2020.
En la Contraloría reposa una resolución en la que Castrellón anunció su renuncia como administrativa a partir del 16 de marzo de 2020, pero se marchó el 15 de noviembre de 2022. Un mes después, la Contraloría refrendó el pago en tan solo un día. Seguramente decidió esperar hasta tener la certeza del refrendo de Contraloría.
Curiosamente, en su currículum no figura esa renuncia. De hecho, dice que es directora de Evaluación y Acreditación de la Unachi de marzo de 2020 “a la fecha”.
En resumen, Castrellón dejó la Dirección de Postgrado en febrero de 2020; dos semanas después, anunció su retiro voluntario como administrativa, pero ese mismo mes pasó a ser directora de Postgrado y Divulgación Científica. En noviembre de 2022 renunció formalmente a un cargo que ya no ejercía desde dos años antes. Un mes después, la Contraloría le pagó casi $39,000 para que dejara de ser administrativa, cuando ya ejercía un nuevo cargo administrativo. Ella cobró y siguió en la administración, todo en complicidad con la rectora.
Castrellón fue elegida en abril pasado decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Unachi, y en la Contraloría se tramita su nuevo salario: $6,976.41 más gastos.
Universidad familiar
Tanto Castrellón como Fuentes, además, tienen a sus respectivas parejas nombradas en la Unachi, de acuerdo con informantes de esa casa de estudios. Y ese tema fue abordado por los comisionados. La respuesta de Medianero de Bonagas es que fue una situación heredada. Y justo a su lado estaba Fuentes, una de las “heredadas”, pero no dijo una palabra de ello… ni Fuentes.
Hoy en la Comisión de Presupuesto hemos marcado un precedente histórico. De manera unánime, diputados comisionados de todas las bancadas rechazamos las solicitudes de traslados de partida de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
— Augusto “Tuto” Palacios M. (@tutopalacios05) August 14, 2024
No nos oponemos al pago de los derechos…
La vicerrectora administrativa dijo que, en promedio, hay unas 20 parejas en planilla, algunas con hijos también en la Unachi.
¿Es una empresa familiar?, le preguntó el diputado Jhonathan Vega.
Sí, asintió la vicerrectora, bajo la atenta mirada de Fuentes.
“Puede ser legal, pero es inmoral”, le respondió el diputado independiente, igual que lo hizo minutos antes su colega independiente de Chiriquí, Augusto Palacios.
Doctores en medio año
Según Medianero de Bonagas, unos 650 profesores tienen doctorado, lo cual representa casi un tercio de los docentes de la Unachi. El problema es que una cantidad indeterminada de ellos obtuvo doctorados en universidades de Estados Unidos que no están acreditadas por el Departamento de Educación de ese país.
El año pasado, el diputado Juan Diego Vásquez le reclamó lo mismo.
“No hay un doctorado serio en la vida que dure seis meses y ustedes le están dando valor a ese título sin tener valor en Estados Unidos”, dijo Vásquez, refiriéndose a los doctorados de la American Andragogy University, usados para obtener tiempo completo y mayor salario en la Unachi.
Probablemente, entre los 650 doctores de la Unachi se encuentren varios de los 121 docentes que ganan entre $5,000 y $6,000 mensuales o entre los 134 que reciben entre $6,000 y $7,000 al mes, o entre los 231 que están por encima de los $7,000 de salario mensual.
Esos salarios hacen que el costo de cada estudiante sea más oneroso. Así lo expuso el diputado Palacios, quien hizo el cálculo: mientras cada estudiante de la Universidad de Panamá (UP) le cuesta al Estado $4,483, a la Unachi le cuesta $4,681 cada uno, casi $200 más que en la UP.
‘Yo la adoro’
No es posible que eso pase, se quejó el también diputado chiricano Osman Gómez (del partido Alianza), quien fue especialmente duro con Medianero de Bonagas. Aunque repetía que ella es su amiga, que la quiere y aprecia, también pidió, al igual que Palacios, que en cuanto haya un nuevo contralor –en enero de 2025– se ordene una “auditoría forense” a los fondos y procesos de la Unachi.
Gómez le reclamó el cálculo de las primas de antigüedad –tras oír a Palacios quejarse de ello– ya que no se usan los criterios que ordena la ley. También le reprochó su gestión para el pago de primas de antigüedad para tres difuntos, así como el nombramiento de su suegra en la Unachi.
“Quiero esa auditoría forense”, subrayó.
“Usted es inocente hasta que se le pruebe lo contrario”, pero la auditoría va a decir si usted ha manejado bien la cosa pública en la Universidad Autónoma de Chiriquí o no la ha manejado bien… “La adoro, pero maneje la cosa pública bien”, le aconsejó Gómez en tono militar, “porque los medios le han dado plomo cerrado”.
Son “shows mediáticos”, respondió la rectora. Nadie –aseguró– ha podido comprobarle malversación de fondos.
“Mi conciencia está tranquila y, cualquier cosa, que me demanden… –desafió– Yo ya gané esas demandas en la Corte Suprema”.
Pero, impotente tras el rapapolvo, doña Etelvina dejó la Comisión de Presupuesto, disgustada por no haber logrado lo que otrora conseguía como Thanos: chasqueando los dedos.
La Prensa contactó e envió un cuestionario a Kilmara Castrellón e Iris Fuentes, pero ninguna ha atendido el emplazamiento de este diario.
