Exigen al contralor que investigue y que se garantice la igualdad de condiciones en competencia electoral



El manejo discrecional de los fondos de la descentralización paralela revelado por La Prensa, avivó los reclamos por mayor control y seguimiento del proceso electoral por parte de la sociedad civil y referentes de diversos sectores del país. Exigen apertura de investigaciones y auditorías para comprobar lo publicado por este medio desde el martes 16 de mayo, cuando se conoció que el Gobierno inyectó al menos $202 millones a 474 juntas comunales fuera del procedimiento legal, la mayoría de ellos para representantes alineados con su partido.

“Este dinero usado sin rendición de cuentas de su uso legítimo está creando una injusticia electoral”, dijo Olga de Obaldía, directora del capítulo panameño de Transparencia Internacional. “Un uso ilícito de los fondos del Estado en la campaña es un delito que va en contra de la pureza del sufragio y el Código Electoral es muy claro: se sanciona con prisión e inhabilitación para la función pública”, dijo Giulia de Sanctis del Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem). Por eso, exigen más control y rendición de cuentas.

“Las autoridades de control, fundamental Contraloría, no están ejerciendo su papel adecuadamente”, dijo el abogado Carlos Barsallo. Su par Ernesto Cedeño, quien el 16 de mayo pasado presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Administración y ayer una solicitud al contralor Gerardo Solís para que audite, coincide: “Es desastroso que los entes de control no hayan jugado otro papel, incluyendo el fiscal general Electoral, que está en modo ‘bien gracias y usted’ y es lamentable. Ni hablar del contralor”. La necesidad de rendición de cuentas fue uno de los aspectos remarcados a La Prensa.

Exigen al contralor que investigue y que se garantice la igualdad de condiciones en competencia electoral
El abogado Ernesto Cedeño pidió al contralor Gerardo Solís que haga la auditoría, la cual es corresponde a la misión de la Contraloría.

El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, pide eso al diputado de su provincia, Jairo “Bolota” Salazar: “Los funcionarios públicos deben generar confianza y, para eso, deben rendir cuentas. Mostrar qué están haciendo con los millones del Estado, que son valioso, finitos y forman parte del patrimonio común”.

Bolota Salazar, quien además de diputado es representante de la junta comunal Barrio Norte desde hace 15 años, fue quien más millones obtuvo en el esquema de pagos de la descentralización paralela: $14.1 millones entre junio de 2021 y el 4 de mayo de 2023. La generosidad del Gobierno con Bolota fue avivada cuando dejó de lado a Crispiano Adames (PRD) para ponerse la gorra del vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo en las internas presidenciales del PRD.

Exigen al contralor que investigue y que se garantice la igualdad de condiciones en competencia electoral
El 4 de marzo de 2023, Bolota Salazar acompañó a Crispiano a Adames a presentar su postulación para las internas presidenciales del PRD. Un mes después cambió de bando: viajó a Bocas del Toro para apoyar al vicepresidente Carrizo.

Ese fue otro de los patrones detectados por La Prensa: el vicepresidente José Gabriel Carrizo selló pactos con representantes como Bolota a quienes luego, de forma coincidental, les fueron entregados recursos de toda la ciudadanía. Pero Bolota no es el único.

El reparto discrecional de los millones con fines políticos alcanzó a cientos de representantes más, con la ayuda de diputados y el patrocinio del gobierno. En algunos casos se repite lo de Bolota: los vecinos de Barrio Norte dicen que en la comunidad no hizo nada.

Los patrones

La Prensa accedió a más de 3 mil registros de la Contraloría General de la República –con su número de control (Scafid), monto y destino, entre otros datos– que muestran que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) desvió fondos. Para poder analizarlos, este medio construyó una base de datos; buscó y añadió el nombre y partido del representante de cada una de las 474 juntas comunales, la provincia y el distrito, y la fecha, con día, mes y año. Tras ese proceso, que demandó más de cinco días, lo que antes era un sinfín de datos sin sentido se transformó en una cantera de información relevante.

Así, se pudieron identificar los patrones: cómo se movió el dinero, cuándo, para quiénes y en qué momentos.

El resultado fue revelador. El gobierno repartió el 74% del total de la “descentralización paralela” -unos $150 millones- para los suyos. Cuando el representante no es PRD, los fondos públicos curiosamente van a aliados con los que el vicepresidente José Gabriel Carrizo sella acuerdos electorales. Es el caso de los diputados Yanibel Ábrego en Capira y Bolota Salazar, en Colón.

Como la ideología es el dinero, los millones de la AND llegaron a todos los partidos. Además del oficialista PRD, cobraron Cambio Democrático -$22 millones-, el Panameñismo -$10 millones-, Molirena y libre postulación, con $2.6 millones. En la mayoría de los casos, rige el mismo patrón: un momento clave produce el aluvión de millones. Sobre todo en 2023, el año en que se intensifica la campaña.

Entre las diez juntas comunales que más recibieron en el reparto, eso se repite. La de David cabecera, por ejemplo, recibió siete veces más en 2023 que en 2021: $3.6 millones en año electoral, contra $500 dos años atrás. Bocas del Toro, más del doble entre un año y otro. Ancón lo mismo: nueve veces más en 2023 que en 2021 -de $260 mil a $2.4 millones-. Todas están gobernadas por representantes del PRD.

Las publicaciones desencadenaron un escándalo que el gobierno no parece advertir.

‘Mejores líderes’

Vecinos y referentes de Colón se mostraron indignados por el aluvión de los millones conseguidos por Bolota Salazar. “No ha hecho nada por Colón”, dijo don Miguel de Barrio Norte.

Exigen al contralor que investigue y que se garantice la igualdad de condiciones en competencia electoral
Barrio Norte, provincia de Colón donde la población espera respuestas a las necesidades sociales. Alexander Arosemena

Ese fue el tono de la conversación en redes sociales tras la entrega de La Prensa del lunes 29 de mayo sobre los millones para el corregimiento, la falta de servicios que denuncian los vecinos y el contraste entre el lujoso estilo de vida de Bolota y la gente que representa. “Todos los días hablando de “la élite económica” y usa a su gente para tratar de vivir como los que dice odiar. Hipócrita y vividor”, tuiteó Raúl Conte.

“Bolota está muerto”, dijo una fuente con peso en el PRD. El representante de la junta comunal de Barrio Norte estuvo callado el día de ayer y se limitó a compartir un mensaje inspiracional sobre el hacer y la confianza en instagram. “Está mal y no puede decir nada porque todo es verdad”, agregó la fuente que pidió mantener su identidad en reserva.

“Hay que esperar las próximas elecciones a ver si elegimos mejores líderes”, dijo Gilberto Mena de la Cámara de Comercio de Colón. El presidente de esa institución, Michael Chen, dijo que Bolota debe “rendir cuentas” y que las autoridades deben intervenir urgente con “mecanismos de fiscalización para exigir el correcto uso de los fondos públicos”.

Carlos Barsallo

Las autoridades de control, fundamentalmente la Contraloría, no están ejerciendo su papel adecuadamente. Además, antes que eso hay debilidades en los planes de uso de los fondos, y esto influye en que los entes que reciben fondos no estén rindiendo cuentas debidamente. Receta para el desastre.

Ariel Hughes, precandidato independiente a diputado por el circuito 3-1, se hartó: “Ya está bueno, no podemos seguir en lo mismo. Colón sigue olvidado, abandonado, es una película de terror, mientras los millones se van para otro lado”.

Ana Matilde Gómez, también precandidata pero en la ciudad de Panamá, remarcó que la descentralización paralela es “es una competencia desleal, porque son dineros que se mueven bajo una pantalla de licitud pero que se pueden destinar a propósitos que no están dentro de lo permitido por la ley”. Y agregó: “La Contraloría debe auditar”.

“Esto se debe investigar y hay un silencio cómplice de algunas autoridades de control”, remató Cedeño, que ayer lunes 29 de mayo presentó una petición para que la Contraloría realice una auditoría .


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