El Ministerio Público realiza una diligencia de inspección en la Dirección General de Ingresos (DGI) para ubicar documentos que sustenten los beneficios fiscales y exoneraciones que la anterior administración reconoció a la empresa holandesa VT Shipping International, Inc., presuntamente al margen de la ley.
La diligencia se lleva a cabo en estos momentos por personal de la Fiscalía Anticorrupción, que es atendido por el director de la DGI, Camilo Valdés.
La Prensa también conoció que la empresa tiene otra investigación en el Ministerio Público, por presunta evasión fiscal, la cual es conducida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
El 1 de octubre de 2020, el entonces director de la DGI, Publio De Gracia, firmó una resolución para reconocer a VT Shipping la aplicación de las exoneraciones fiscales y otros incentivos exclusivos de una zona libre de petróleo.
En ese documento, De Gracia informa que la decisión fue adoptada luego de analizar la documentación aportada por el contribuyente, entre la que listó certificados y resoluciones expedidas por la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y una copia de su aviso de operación.
“Por lo tanto, esta Dirección considera que es viable el reconocimiento de los incentivos fiscales indicados ut supra y que son administrados por esta dirección”, apuntó De Gracia en la Resolución No. 201-6805 del 1 de octubre de 2020.
No obstante, al menos tres secretarios de Energía advirtieron en su momento, por escrito, que VT Shipping no tiene contrato con el Estado para operar una zona libre de petróleo.
El primero fue Jorge Rivera Staff.
“La sociedad VT Shipping International Inc. no mantiene en la actualidad contrato con el Estado para operar y administrar una zona libre de combustible [anteriormente zona libre de petróleo]”, respondió Rivera Staff el 31 de agosto de 2023 (cuando ejercía como secretario de la SNE), en una nota dirigida a la fiscal adjunta de la Fiscalía Anticorrupción, Ana Vásquez Ramos.
Rivera agregó que la empresa mantiene un permiso para proveer, suministrar y entregar productos derivados del petróleo a través de barcazas u otras naves. Ese permiso ha sido renovado por la SNE cada cinco años desde 2009. El actual estuvo vigente hasta el 20 de noviembre pasado y no ha sido prorrogado.
En diciembre, Rivera fue designado ministro de Comercio e Industrias y la SNE quedó al mando de Rosilena Ivette Lindo Riggs. El 14 de junio de 2024, ella escribió lo que ya había advertido su antecesor: “VT Shipping no es una zona libre de combustible ni se le ha otorgado anteriormente contrato con el Estado para operar y administrar una zona libre de combustible”.
Por último, el 14 de octubre de este año, el secretario Nacional de Energía, Juan Manuel Urriola, designado por el nuevo gobierno de José Raúl Mulino, reiteró la misma información en una nota certificada dirigida al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández.
También en la licencia expedida por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y en su aviso de operación consta que VT Shipping se dedica a proveer derivados del petróleo a naves en tránsito. Por ende, el único documento que los reconoce como zona libre de petróleo es la resolución de la DGI de 2020 firmada por De Gracia.
Habla De Gracia
Aunque renuente a dar muchas explicaciones para respetar la confidencialidad a la que tiene derecho todo contribuyente, el exdirector de la DGI, Publio De Gracia, indicó que VT Shipping tenía años recibiendo los beneficios que la ley otorga a las zonas libres de combustible.
“Los compañeros que atendieron esto me confirman que dentro del expediente de la empresa hay resoluciones emitidas antes de 2020 y que, en su momento, los departamentos jurídicos y de fiscalización validaron el reconocimiento”, indicó.
No obstante, en la resolución de cuatro páginas que él firmó en el 2020 no hay ninguna referencia sobre ese antecedente. En cambio, sí se dice, varias veces, que los documentos de la SNE certifican que el permiso de VT Shipping es para proveer los servicios de transporte y suministro de combustible; no hay ninguna transcripción que indique que esa secretaría les otorgó licencia para operar como zona libre.
De Gracia también dijo a La Prensa que en 2023, cuando él todavía era director, la DGI inició de oficio una investigación a la empresa holandesa, por supuesta evasión fiscal, “que debe estar en curso actualmente”.
‘Están aparentando’
El abogado y ambientalista Harley Mitchell Morán, que lleva más de un año intentando obtener información sobre los beneficios fiscales a favor de la empresa holandesa, advirtió que la SNE es el único ente competente para expedir permisos para operar como zona libre de petróleo, no la DGI.
“Aparentemente, según la investigación que está en la fiscalía anticorrupción, están tratando de probar que tienen algún tipo de exoneración fiscal, y resulta que esta exoneración fiscal se basa en que ellos tengan una licencia de zona libre de petróleo, de la que carecen. Esto es el meollo del asunto”, dijo Mitchell a La Prensa.
“Están aparentando estar adscritos a una situación jurídica que no corresponde, y en aquella investigación penal que se encuentra en la fiscalía anticorrupción y también en la que está en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, no han logrado demostrar que son, en efecto, una zona libre de petróleo. Esto puede ser perjudicial para ellos no solo en la esfera penal convencional, sino también a nivel penal tributario”, remarcó el abogado.
En relación con esta noticia, ayer atendí a un periodista al cual le comenté que por ser una información de un contribuyente que se encuentra, desde nuestra administración, en un proceso, no puedo ni antes ni ahora dar información que pueda afectar el proceso.
— Publio De Gracia (@PublioDeGracia) November 26, 2024
La DGI verifica… https://t.co/oD0gtLueiV
La DGI, bajo el mando de De Gracia, se había negado a informar a Mitchell si se había iniciado alguna investigación contra VT Shipping y, en caso afirmativo, si la misma era de oficio o a solicitud de parte. La DGI no respondió alegando que no podía violar la confidencialidad del contribuyente, y entonces Mitchell presentó un habeas data contra De Gracia. Sin embargo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso el 31 de enero de 2024, por considerar que la información solicitada es de acceso reservado.
Esa decisión del pleno contó con el voto favorable de ocho magistrados y un salvamento: el de Cecilio Cedalise, quien opinó que a Mitchell se le debió informar si había o no una investigación en curso en la DGI, aunque guardando reserva sobre los datos que estuvieran en el expediente.
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